Según los persecutores Julio Contardo y Ximena Chong, habría gestiones «presumiblemente destinadas a intencionar votación en la referida Ley de Pesca».
El fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, y la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, solicitaron al Servicio Electoral (Servel) información de todos los aportes de carácter público, reservado y/o donaciones de 14 pesqueras y dos asociaciones gremiales para las campañas electorales de 2009 y 2013, incluyendo elecciones parlamentarias y primarias, en el marco del caso Corpesca.
Según consigna El Mercurio, se trata de las pesqueras Bío Bío, Blumar, Enapesca, Alimar, Bahía Coronel, Landes, Camanchaca, Camanchaca Pesca Sur, Cannex, Food Corp, Congelados del Pacífico, Alimentos Mar Profundo, Pesquera Itata y Pesquera El Golfo. Además de las asociaciones gremiales Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes A.G.).
En el escrito enviado el pasado 4 de noviembre, los persecutores pidieron el detalle de aportes, montos, fechas, receptores y copia de respaldos de los mismos; la identidad de la persona natural que gestionó materialmente cada aporte en dependencias del Servel, y la remisión de los documentos que den cuenta de su personería para representarlas.
Los fiscales constataron en una serie de correos electrónicos que el ex gerente general de Corpesca Francisco Mujica Ortúzar y Luis Felipe Mondaca, presidente y anterior gerente general de Asipes A.G., mencionan las gestiones que en la misma línea de los hechos investigados en relación con el senador Jaime Orpis se habrían realizado con otros parlamentarios; entre ellos, de la Región del Biobío, «lugar en que se encuentran emplazadas las pesqueras».
Las gestiones serían «presumiblemente destinadas a intencionar su votación en la referida Ley de Pesca», afirman los persecutores.
Por otra parte, en la evidencia incautada desde Asipes A.G., hay información documental «que resulta ser coherente con los hechos investigados tal como se ha explicitado; en tanto que dan cuenta de la existencia de sumas de dinero que provendrían de las empresas ya indicadas y cuyos destinatarios serían algunos parlamentarios y/o candidatos a escaños del Congreso en nuestro país».
Para la fiscalía, esto constituye «un fundamento serio para obtener la información solicitada, a fin de esclarecer y determinar, en forma cierta, el origen y destino final de estos montos involucrados, la legalidad de los mismos, y establecer las vinculaciones de estas sumas con aportes indebidos de dinero de origen delictual que, como se dijo, conforman el sustrato fáctico materia de investigación por parte de la fiscalía».
