Los datos de la indagatoria son «confidenciales», enfatizó el ministro
Paralelamente CMPC asegura que los antecedentes estuvieron en poder de las autoridades en 2015. Por su parte, el Fiscal Nacional Jorge Abbott aclaró que el Ministerio Público no puede investigar con la nueva normativa vigente, y que los eventuales delitos estarían prescritos.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, aclaró que la entidad que encabeza no tenía antecedentes sobre la colusión en el mercado de los pañales que ejecutaron las empresas CMPC del grupo Matte y la multinacional Kimberly Clark.
Céspedes, que calificó a la colusión como «una sinvergüenzura», aseguró que «nosotros no teníamos antecedentes respecto de este caso o esta situación en particular”, aclarando que la investigación de la FNE es reservada y ese organismo funciona de forma autónoma, aunque administrativamente dependa de su ministerio.
“Entiendo que estos antecedentes son confidenciales y lo que hay es una información de prensa”, dijo, aludiendo a la publicación de La Tercera, donde se reveló el caso.
Además aclaró que «una cosa es respecto a las causas mismas. El requerimiento que fue presentado por la FNE al TLDC es por el papel higiénico. El antecedente que se conoce hoy, entiendo que está relacionado con la causa, pero no es el motivo del requerimiento de la FNE», detalló.
El ministro habló poco antes de una declaración de la empresa CMPC, donde aclararon que los datos sobre esta conducta ilícita estaban en conocimiento de las autoridades (la FNE) desde 2015. “En marzo de 2015, el directorio de CMPC, tan pronto tomó conocimiento de actos ejecutados en Chile contrarios a la normativa de libre competencia, instruyó a la administración a informar inmediatamente a las autoridades competentes, entregándoles la totalidad de la información recabada por la empresa, y prestar a dichas autoridades la máxima colaboración”, informaron en el comunicado.
En el texto confirman su disposición a compensar a los consumidores.
Paralelamente, un grupo de diputados de distintos sectores cuestionó la eventual omisión desde la Fiscalía Nacional Económica que, según la empresa, manejaba los antecedentes a través del «informe de delación compensada» que entregó CMPC en el marco de la investigación por la Colusión del Confort.
«Una cosa es la colusión y otra cosa es las instituciones públicas y sus funcionarios que de alguna manera han obrado por omisión, bloqueando el acceso respecto a esta información altamente sensible», dijo el diputado DC Gabriel Silber.
Por su parte, el también DC Fuad Chahin apuntó a Céspedes por el recientemente aprobado Decreto 211, que delega exclusivamente en la FNE y no en el Ministerio Público la facultad para empezar a investigar este tipo de ilícitos.
«Que el ministro de Economía dé una explicación al país, porque en el proyecto de ley que modifica el Decreto Ley 211, lo que hizo fue que en el futuro se bloquea completamente la investigación del Ministerio Público de los delitos de colusión y quien va a tener el monopolio es el Fiscal Nacional Económico, además, después de que existan sentencias ejecutoriadas en materia propiamente de libre competencia o administrativa», dijo Chahin.
En efecto, el Fiscal Nacional Jorge Abbott aclaró que «los hechos ocurrieron bajo la vigencia del antiguo artículo 285 del Código Penal, donde nosotros -en alguna oportunidad- hemos intentado llevar adelante investigaciones sin mayor éxito (…) hoy esa normativa ha sido modificada y se encuentra vigente el delito de colusión, que no sería aplicable por la temporalidad de la aplicación de la ley, en consecuencia, el Ministerio Público no podría iniciar ninguna investigación ni tampoco recibir ninguna denuncia en particular».
