El ex Presidente peruano, que gobernó el país entre 1990 y 2000 cuando cayó por el escándalo de los Vladivideos, podrá ser enjuiciado ahora por corrupción, lo que se suma a los delitos de lesa humanidad por los que ya cumple una condena de 25 años en una cárcel de Lima.
El ministro de la Corte Suprema de nuestro país Ricardo Blanco, accedió hoy a la petición de la justicia peruana para ampliar la extradición del ex mandatario Alberto Fujimori, quien llegó democráticamente al poder pero una vez en él ejerció un gobierno autoritario y marcado por la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
La petición a la justicia chilena responde a que en 2007 la Sala Penal del máximo tribunal aprobó la entrega del ex jefe de Estado para que sea juzgado en Perú por los delitos de vinculados a violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo las masivas esterilizaciones forzadas de aborígenes quechuas.
La ampliación de la extradición era necesaria dado que según lo establecido en los tratados firmados por ambas naciones para poder atribuirle nuevos hechos a un imputado se debe pedir la autorización al estado que le extraditó. Así se le puede juzgar por actos distintos a los que motivaron su entrega.
Fujimori se encuentra preso en la cárcel limeña de Bobadilla cumpliendo una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad cometidos durante su administración. «El Chino» llegó al poder de manera inesperada venciendo en las elecciones de 1990 al escritor Mario Vargas Llosa, que era apoyado por la centro derecha. Con un discurso de derecha populista, Fujimori se ganó la confianza de grupos de escasos recursos y con poca escolaridad, quienes luego serían paradójicamente los más castigados por su gobierno.
Con la determinación del ministro Blanco, ahora el ex mandatario peruano -que gobernó hasta el 2000 cuando su gobierno cayó por los escándalos de corrupción, particularmente los «Vladivideos»- podrá ser investigado por actos relacionados a ilícitos «contra la administración pública-peculado, en agravio del Estado peruano», es decir, por hechos de corrupción.
