Aguas: es hora de pelear

Algunas veces, raras veces pero ineludibles veces, cuando eres una autoridad tienes que pelear. Antiguamente eso se llamaba ‘hombría’ y se usaba para abusar de la fuerza física. Hoy, nos gusta creer que todo conflicto está cubierto por leyes, reglamentos y protocolos. A falta de un nombre para las responsabilidades anteriores a la ley, los deberes éticos se pueden alegar a gritos y con el ejercicio de la voz se los puede eludir y darse por satisfechos.

Los cortes de agua empiezan a quedar atrás y en el alivio no vemos que todavía los tenemos por delante. En el intervalo entre el desastre de estos días y el próximo corte de agua masivo en Santiago, es necesario, de una vez, dejar de lado las explicaciones, no aceptar la reiteración de la misma promesa que se repite desde 2013 y hacer valer las responsabilidades institucionales que corresponde. No se trata, en lo principal, de ejecutar culpas sino de golpear la mesa y despejar el camino para hacer las rectificaciones que el sistema necesita.

Analizando cifras destiladas a cuenta gotas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, uno se puede formar una idea de lo que ha sido la administración de Aguas Andinas en los últimos años. Desde 2009 y hasta el año 2012 -último en que se considera esa variable en los informes de la SISS, la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) era de 19% anual. Las inversiones en reposición de las redes de agua potable a su cargo (12000 kilómetros de ductos) fueron de 0,18 % en 2015. La inversión en reposición de redes de alcantarillado (9550 kilómetros), fue de cero.

Estas cifras parecen indicar un divorcio entre el interés público y el interés empresarial. Sin embargo, lo que en realidad muestran, es una indecisión radical en la orientación de las políticas públicas. La SISS viene de los tiempos en que había que conquistar capitales privados para hacerse cargo del tratamiento de aguas servidas. Como en otras áreas de la inversión en infraestructura pública y, ante la reticencia de los empresarios nacionales, se dieron condiciones extremadamente favorables a quienes se arriesgaran a comprometer su gestión. Esas condiciones, que a cambio del saneamiento de aguas, entrega el usufructo de redes consolidadas de agua potable y alcantarillado, incluyen una rentabilidad garantizada que se estima en 7% anual y que no tiene topes. Por otra parte y no es menor, todas las inversiones se cargan, anticipadamente en las cuentas de los consumidores.

La confusión de las instituciones

Las instituciones que tenemos para nuestro resguardo, confunden el funcionamiento de la empresa con el servicio a los consumidores. Confunden las prioridades y el punto de partida para fijar los criterios de evaluación de las empresas y juzgar la calidad de los servicios prestados. “Lo que es bueno para la empresa es bueno para los consumidores”. Ese es el punto de vista semi-consciente con el que se manejan las Superintendencias y específicamente la de Servicios Sanitarios.

La actualización de la cultura empresarial, que invierte esa proposición, no se ha hecho carne ni en las empresas ni en los reguladores. La opinión pública y los medios de comunicación no bastan para construir por sí solos un punto de vista ciudadano de los estándares del servicio público. Esa inversión, que parte de la valoración del punto de vista del consumidor, define también los estándares que las instituciones deben cumplir y hacer cumplir;  incluida la seguridad y la continuidad del servicio.

Esta confusión institucional es la que autoriza la entrega de un agua potable que no se puede consumir. Es la que descarga las responsabilidades de la desinversión en la naturaleza. Es la que autoriza una provisión discontinua del servicio y certifica plantas de tratamiento antes que estén terminadas y cuando aun contaminan con una hediondez insoportable.

Es necesario que la SiSS sea intervenida y reformulada. Esta institución, independientemente de la voluntad de su personal, está capturada por los intereses privados que debe controlar. Es importante que se abra una investigación parlamentaria sobre el desempeño de la pareja regulador/regulado y que el MOP inicie una investigación reglamentaria para caducar la concesión de Aguas Andinas. Estas dos acciones deben proveer el espacio mínimo para una revisión en profundidad de las condiciones de provisión de servicios sanitarios a los seis millones de santiaguinos. Además, es importante que el Sernac recupere el ánimo de su misión y exija, golpeando la mesa -como se hizo en el Gobierno anterior-, una reparación adecuada a los consumidores.

Estas acciones deben dar tiempo al Parlamento para revisar y cambiar el marco legal en que operan las sanitarias.

La apertura de estas investigaciones y procedimientos no prejuzga sobre los resultados deseables. Lo que hace, es poner un alto a la repetición de los mismos desastres, las mismas promesas, las mismas opacidades y los mismos incumplimientos. El sistema político y las empresas deberían acoger esta invitación como una oportunidad de hacer frente a su deterioro reputacional.

Mientras la empresa piense que puede seguir protegiéndose en los vacíos del sistema regulatorio; mientras crea que puede seguir especulando en el límite de catástrofes desproporcionadas, lo único que logrará va a ser ahondar la convicción de muchos de que este sistema de concesiones a finalmente colapsado y debe ser terminado.