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PDI incauta contratos y documentos de Hospital de Dipreca

PDI incauta contratos y documentos de Hospital de Dipreca

Hasta el recinto asistencial llegó el fiscal de Alta Complejidad Oriente José Antonio Villalobos, quien indaga un eventual desfalco de $691 millones.


Durante la tarde de este jueves, el fiscal de Alta Complejidad Oriente José Antonio Villalobos, junto a un equipo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, llegó hasta las dependencias del Hospital de la Dirección Previsional de Carabineros de Chile (Dipreca), en el marco de una investigación que impulsa el Ministerio Público por un eventual desfalco de $691 millones.

Según consigna El Mercurio, los efectivos incautaron los contratos, el registro de asistencia y liquidaciones de sueldo de médicos del hospital en el período investigado.

Las autoridades del recinto asistencial colaboraron con la diligencia.

Cabe recordar que fue Dipreca la que informó al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre un sumario interno, de 2013, sobre se detectaron una serie de irregularidades en el pago de remuneraciones a médicos cirujanos, de especialidad anestesia, durante al menos los últimos 17 años.

«Se ha efectuado una estimación global que alcanzaría a 37.586 horas pagadas, sin que hubiese existido la contraprestación del servicio contratado equivalente a $691.246.753», señala la querella presentada el martes pasado por el CDE.

Y agrega: «Se trataba de una práctica de larga data y que, por lo demás, ‘era conocida por las autoridades del Hospital’ en el servicio de anestesiología, las cuales consentían estos pagos abultados irregularmente (…) la jornada se veía reducida en 10 horas menos, circunstancia que, según sus propias versiones, se habría dado verbalmente por las autoridades de la época, identificando aquella en el año 1996».

Al respecto, el fiscal Villalobos declaró: «La ley establece especialmente penas muy rigurosas para los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Por los montos indagados se podría aplicar una pena de presidio mayor, es decir, desde cinco años y un día. Esto, dado que se trataría de dineros fiscales».

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