Consejo Nacional de la Infancia rechaza críticas y destaca logros y avances en la gestión de Estela Ortiz

El Consejo Nacional de la Infancia, tal como lo establece su mandato, ha estado asesorando al Presidenta de la República “en la identificación, formulación y ejecución de políticas, planes, programas, medidas y actividades relativas a respetar, promover y proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, regional y local, y servir de instancia de coordinación entre los organismos con competencias asociadas a dichas materias”. Es en torno a ese mandato que deben evaluarse entonces los logros y avances de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia a cargo de Estela Ortiz.

El jefe del área jurídica Consejo Nacional de la Infancia, Juan Carlos Valdivia, plantea que “leyes marco como la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez que recogen, relevan y garantizan derechos de modo universal y también específicos para poblaciones de niños vulnerables, normalmente generan una vasta discusión de carácter ideológico en un espacio legítimo y político como es el Congreso. Es esa amplísima discusión y las legítimas aspiraciones de los distintos sectores de ver reflejados sus puntos de vista en ella lo que justifica el largo tiempo que se le debe dar a la tramitación de este proyecto en particular”.

Sobre el mejor modo de garantizar los derechos de la niñez Valdivia asegura que “hay distintos puntos de vista, todos muy valiosos, y era necesaria esta discusión para buscar consensos o ver qué formas de abordar los problemas que se quieren solucionar prevalece. Además, en el proyecto hubo temas que provocaron discusiones muy intensas, que requirieron escuchar a expertos y clarificar cada posición, como ocurrió por ejemplo con la identidad de género”.

Conviene recordar que este proyecto “ingresó a la Cámara de Diputados en septiembre de 2015 fue revisado en particular por la comisión Familia y Adulto Mayor durante 44 sesiones, donde intervinieron cerca de 40 representantes de la sociedad civil, expertos, académicos y UNICEF y se realizaron dos audiencias especiales sobre los temas de derecho a la identidad de niños y niñas y acerca del sistema de protección administrativa y judicial. En tanto la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, tuvo cuatro sesiones, donde escuchó a representantes de organismos internacionales y académicos, además de las autoridades del sector. El proyecto fue aprobado por mayoría y enviado a Sala, donde se votó en general logrando una amplia y transversal mayoría, sin perjuicio de algunas normas que no se aprobaron, pero cuyo sentido se volverá a plantear en la tramitación en el Senado.

El jefe del área jurídica del consejo de la Infancia precisa que “desde la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, distintos organismos internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño y Unicef, han insistido en un cambio de paradigma, que es el reconocimiento del niño como sujeto de derechos en una perspectiva universal de derechos humanos. La perspectiva antigua que se quiere dejar atrás porque ha significado en todo el mundo una crisis para la niñez, es la de atender solo a los niños vulnerados. Por eso las partes de esta ley que declaran principios y derechos, especialmente el interés superior del niño, han concitado apoyo de todos los sectores. Esta ley es imprescindible como marco para establecer garantías reforzadas para los niños vulnerados. Y eso es lo que se desarrolla después en los proyectos de los servicios que reemplazarán al SENAME, pero no en el aire, sino que en el marco de un sistema de garantías universal, que define los derechos de los niños. La cantidad de indicaciones presentadas responden al extraordinario interés que causó esta nueva perspectiva de garantizar derechos universales y no sólo a población vulnerable. Por lo demás, muchas de ellas miraban a aspectos formales y otras, más de fondo, fueron discutidas y se arribó a un consenso al que aportó también el Ejecutivo.

Aquí tampoco se puede pensar que hubo una posición de parte de todos los parlamentarios. En diversas materias había puntos de vista distintos, algunos más cercanos a la propuesta del gobierno y otros más lejanos.
En definitiva, este es un proyecto muy complejo, tanto por su materia como por la importancia y urgencia de los temas que aborda. Cabe hacer presente que desde la suscripción de la CDN estamos en deuda como Estado. Desde dicha época han existido al menos tres intentos de establecer leyes de este tipo, todos muy valiosos, pero esta es la única ocasión en que se ha logrado avanzar hasta su segundo trámite constitucional, lo que nos hace creer que por fin es posible llegar a los acuerdos necesarios para su aprobación.

Sus dos primeros títulos, en los que se hacen definiciones centrales y se declaran derechos, (como autonomía progresiva, identidad de género, derecho a la privacidad, derecho de los niño/as a ser educados por sus padres por ejemplo) lo que significó una discusión ideológica profunda y una decisión sobre la mejor forma de consagrar la Convención de los Derechos del Niño en las legislaciones internas de cada país, de modo que sea profunda y operativa a la vez, un debate que se ha tenido que dar en todos los países signatarios.

El Título III establece la forma concreta en que la Administración del Estado y la judicatura otorgarán protección a los niños, niñas y adolescentes, tanto desde el punto de vista universal como respecto de quienes requieren una protección especializada, lo que implica también un debate de fondo, principalmente técnico.
El Título IV dibuja la institucionalidad para esa protección, materia delicada, porque implica consecuencias en el mediano y largo plazo e impacta en la forma en que el Estado se relaciona con los niños.

Y el Título V, por último, concitó un enorme consenso, pues vio a establecer la obligación del Estado de contar siempre con una Política Nacional de la Niñez que fije los objetivos permanentes en la materia, con un horizonte de 10 años, que va más allá de un solo gobierno, y que cuenta con un Plan de Acción que lo concreta.

Estas normas son las que demuestran con mayor énfasis que vale la pena tratar el tema en profundidad y con visión de Estado, porque el gran acuerdo que se produjo en sus normas nos da la esperanza de que todos los sectores en Chile han entendido que el problema no es sólo mejorar lo que existe, sino cambiar completamente el paradigma. Eso ha obligado a debatir mucho, y este gobierno no ha querido poner ninguna traba a esa discusión, aunque siempre ha abogado por darle sentido de urgencia a esas discusiones.

Este proyecto dota a nuestro país de un sistema coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales, orientados a asegurar la efectividad de los derechos de los niños y niñas y a velar por su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Se aprobaron importantes normas que reconocen a los niños y niñas como sujeto de derecho, el interés superior del niño, su participación y derecho a ser oído, entre otras. Otros aspectos destacables fueron la aprobación de normas sobre obligaciones de la administración del Estado, criterios de interpretación y diversos derechos, tales como identidad, vivir en familia, expresión, vida privada, protección contra la violencia, salud, educación, recreación, participación en la vida cultural y en las artes, entre otras.