Los cuestionamientos a la gestión del Servicio Nacional del Adulto Mayor
Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, al nombrar a un nuevo director en abril del año pasado se mantuvo el criterio de nominar a un militante de la Democracia Cristiana, aunque fuera el responsable directo del programa que presentó serias fallas, expresadas en estos fallecimientos que exceden el promedio del resto de los operadores a lo largo del país. Mientras, la directora anterior, del mismo partido y que firmó el convenio con una entidad que desapareció del mapa, hoy es candidata a diputada en la zona de La Araucanía.
“Estoy seguro que será una excelente oportunidad para disfrutar en un entorno distinto de los 15 años de nuestro servicio”, así termina la invitación extendida por Rubén Valenzuela Fuica, director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) a los funcionarios de la dirección central para la fiesta que hoy, desde las 9:00 horas, la repartición programó en el Resort Rosa Agustina en Olmué, donde un paquete para pasar el día cuesta $48.900 pesos, sin incluir los traslados desde Santiago.
Valenzuela Fuica es sociólogo de la Universidad de Chile y militante de la Democracia Cristiana, que ha transitado de la facción conocida como los “chascones” hacia la que se identifica dentro del partido como los “colorines”, en su caso, cercano al diputado y candidato a senador por La Araucanía, Fuad Chahin. Igual que la anterior directora del Senama, Rayén Inglés, que por estos días hace campaña para convertirse en diputada por la provincia de Malleco, acompañada de Chahin.
Teniendo en cuenta el contexto de los últimos acontecimientos, en el Senama, que está de aniversario, no hay mucho que celebrar.
Un informe de la Contraloría, fechado en febrero de este año, concluyó que en poco menos de 12 meses, entre 2015 y 2016, 31 ancianos murieron en el hogar Cordillera de Los Andes, de Puente Alto, que opera bajo la administración de un gestor privado, actualmente la Fundación La Familia de María, pero cuando ocurrieron los hechos estaba a cargo, mediante un convenio con el Estado, la fundación Agrupación Médica y Social Chile Ayuda (Amsca), una entidad sobre la que actualmente no existe prácticamente rastro alguno. No hay teléfono ni página web, y la última sede registrada corresponde a un inmueble en Rancagua.
Su director, Antonio Lepe, consultado por El Mercurio, rechazó todas las acusaciones hechas por el Senama en relación con la responsabilidad en los fallecimientos. Además de estas personas muertas, no están disponibles las fichas clínicas. Todas se extraviaron.
Cabe destacar que el hogar es el más grande del país en su tipo, con capacidad para 98 personas yen el que, durante el período cuestionado, vivieron en promedio 82 personas.
El convenio entre Amsca y el Senama comenzó a regir el 1 de julio de 2015, pero se aprobó el 15 de junio. A través de este, el administrador privado recibió desde el Estado, en tres cuotas, un total de $517.448.676. De esta cifra, la Contraloría cuestiona el uso de $117 millones y fracción. Entre ellos, más de $14 millones detallados como “almuerzo de los funcionarios” y el arriendo de un chofer.
En el verano de 2016, el Senama, recibió denuncias sobre el pésimo estado de los residentes en el hogar. En enero del mismo año se hizo una supervisión de emergencia a partir de fotografías de tres ancianos con lesiones. Después de la inspección, el Servicio Nacional del Adulto Mayor “sugirió” al operador definir con mayor claridad el rol de los enfermeros y la directora técnica en “asuntos médico legales”. En efecto, según determinó la supervisión, no existía un registro fidedigno de las fichas clínicas de los residentes, como tampoco de las personas fallecidas.
Semanas después, a raíz de la muerte de una mujer residente, el 17 de febrero de 2016, personal del Senama vuelve a concurrir al hogar ubicado en calle Santa Rosa 637 de la comuna al sur oriente de Santiago. En esta inspección consignaron que había, entre otras cosas, falta de cuidadores, basura clínica en contenedores abiertos, falta de aseo y mantención en general, además de ningún protocolo detallado para caídas o accidentes.
El 10 de marzo de 2016 hubo una tercera visita, y nada cambió. El personal del Senama percibió, en el lugar donde habitan los residentes, un fuerte olor a orina y deposiciones. Asimismo, observó que los adultos mayores no estaban mudados y el personal a cargo no era el apropiado, porque estaba en gran parte constituido por alumnos en práctica.
El 26 de abril asume Valenzuela como director del servicio. Entre las medidas que adopta, está presentar una denuncia por posibles delitos en la Fiscalía Local de Puente Alto, terminar anticipadamente el contrato con Amsca, buscar otro operador para la residencia y el inicio de un sumario administrativo al interior del servicio. Pero lo que parece a simple vista una gestión eficiente ante la dramática situación que queda en evidencia, es en buena medida un conjunto de medidas tomadas a destiempo. Rubén Valenzuela, mientras ocurrían estos hechos, era el jefe de la división a cargo del programa que controla los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam), del cual dependía el recinto de Puente Alto.
En efecto, uno de los hechos que consigna el documento es que, a través de un oficio del 15 de diciembre de 2015, la Coordinadora Regional del Senama informa a la dirección nacional, encabezada por Rayén Inglés, de todas las irregularidades en la residencia, como por ejemplo las serias deficiencias en la alimentación de los ancianos, algunos en evidente estado de desnutrición y sin las sondas que requieren para alimentarse. Pero con todas las observaciones, descritas incluso por el propio personal del servicio, el convenio entre Senama y Amsca concluye recién el 30 de mayo de 2016, poco menos de dos meses antes de que se cumpliera el plazo estipulado por contrato de 12 meses.
“Sí, yo era jefe de división de Gestión Territorial, donde están todos los programas de participación y cuidado, incluyendo estos programas. Pero los programas de Elam no estaban en la práctica a mi cargo”, asegura Valenzuela.
El director afirma que la primera noticia de irregularidades llegó en un “memo” en diciembre de 2015, el oficio que está detallado en el informe de Contraloría, pero que ese no es el instrumento oficial para terminar un contrato, sino otro tipo de informes de operación, de los prestadores privados. “Los informes se entregan periódicamente y hasta ese momento, los informes de la coordinación metropolitana no mostraban irregularidades. Si nosotros tenemos dos informes negativos terminamos el convenio inmediatamente. Todos los programas son distintos y tienen su propia guía de operación y en este caso los informes de la coordinación regional no indicaban que hubiera problemas, solo un memo que no es el instrumento oficial”, afirma Valenzuela. Por eso, entonces, el convenio solo cesó formalmente en mayo de 2016.
Desde el interior del servicio reclaman que los sumarios administrativos no han tenido ningún avance al cabo de estos meses. Tanto el ordenado por el propio servicio, a comienzos de 2016, como el que pidió Contraloría en su informe fechado en febrero de 2017.
[cita tipo=»destaque»]Lo cierto es que aun cuando había certeza de las irregularidades, el director reconoce que el convenio por más de 500 millones se pagó en las cuatro cuotas correspondientes, a razón de $450 mil pesos por adulto mayor aproximadamente. Además, estos operadores privados están facultados para disponer del 85% del monto de las pensiones de los residentes. El destino de este monto también está cuestionado por Contraloría. Según enfatiza Rubén Valenzuela, de los 117 millones cuestionados del convenio con Amsca, “se han recuperado poco más de 40, por eso hemos puesto los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado”.[/cita]
Lo que ocurre con la primera investigación administrativa interna, es para algunos la prueba de cómo influye la filiación política del personal en el funcionamiento del servicio. El encargado de instruirlo es el sociólogo Felipe Díaz Rain, casado con Valentina Latorre Rincón, hija de la ex ministra Ximena Rincón y del ex diputado Juan Carlos Latorre, poderosos militantes de la Democracia Cristiana, el mismo partido de Rayén Inglés, que fue la directora mientras se firmó el convenio con Amsca.
Tampoco desde el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Marcos Barraza (PC), se tuvo en cuenta, al nombrar al nuevo director, que Valenzuela era el responsable último del programa bajo el cual operaba el recinto de Puente Alto. Otra prueba –según fuentes al interior del servicio– de que la institución es un fiel reflejo del cuoteo político al interior de servicios públicos.
Rubén Valenzuela, explica que los sumarios no tengan avance, en el hecho de que “los procedimientos llevan su propia investigación porque son materias que hay que ir definiendo. Estamos persiguiendo un tema delictivo y también las responsabilidades administrativas”, aclara.
El operador del hogar Cordillera de Los Andes, antes de Amsca, era el Hogar de Cristo, pero de acuerdo a Valenzuela, en 2015 la organización no quiso seguir haciéndose cargo del recinto y la licitación fue declarada desierta, por falta de interés. Por eso, el escogido fue Amsca. “El Hogar de Cristo no quiso seguir con el convenio, claramente tenía una ventaja por sobre Amsca. Pero el servicio, por otro lado, no tiene la capacidad de administrarlo directamente”, precisa.
Lo cierto es que aun cuando había certeza de las irregularidades, el director reconoce que el convenio por más de 500 millones se pagó en las cuatro cuotas correspondientes, a razón de $450 mil pesos por adulto mayor aproximadamente. Además, estos operadores privados están facultados para disponer del 85% del monto de las pensiones de los residentes. El destino de este monto también está cuestionado por Contraloría. Según enfatiza Rubén Valenzuela, de los 117 millones cuestionados del convenio con Amsca, “se han recuperado poco más de 40, por eso hemos puesto los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado”. El organismo encargado de cautelar el dinero fiscal, presentó una demanda contra Amsca.
Precisamente sobre la entrega de recursos fiscales a esta entidad privada, la Contraloría estableció lo siguiente: “El SENAMA no exigió al operador AMSCA, en ninguna de las transferencias de recursos efectuadas durante el 2015, la entrega del comprobante de ingreso que dé cuenta de la recepción de los fondos por parte del operador, situación que fue ratificada mediante correo electrónico del auditor interno del servicio el 14 de septiembre de 2016, señalando expresamente que ‘Comprobantes de ingreso no tenemos; en el anexo N° 1 el ejecutor indica los montos recibidos de SENAMA y ahí se lleva el control de estos'», consigna el informe.
