Una de las opciones define a los migrantes como un “riesgo para el orden público y la seguridad”
Durante esta semana se desarrolla la consulta ciudadana para definir el programa presidencial de la candidata. Una modalidad “participativa y ciudadana” inédita, que es respaldada transversalmente por las fuerzas frenteamplistas, pero que no ha estado exenta de críticas y una que otra controversia. La discusión respecto a si el “aborto libre” debería ser un consenso, además de la vaga consulta a la Mesa Nacional del Frente Amplio, han traído consigo tensiones al interior de la fuerza emergente, en plena campaña presidencial.
Desde el 21 de septiembre se está desarrollando el proceso de consulta, con el fin de definir el programa presidencial de Beatriz Sánchez, candidata a La Moneda del Frente Amplio (FA). El proceso, que partió a principios de año y que intenta dar vida al denominado “Programa de Muchos”, ha sido criticado por su lentitud, priorización de la tecnocracia en el proceso deliberativo y la falta de “decisión y discusión política”. También ha generado distintas tensiones entre la Mesa Nacional y el equipo programático del frenteamplismo.
Ismael Puga, sociólogo, miembro del Equipo Programático del FA y militante de Nueva Democracia, explica que la consulta del “Programa de Muchos” es resultado de un largo proceso de investigación y deliberación, tanto a nivel de los Grupos de Apoyos Programáticos (GAP) como en los más de cien encuentros convocados en el mes de abril, por distintos territorios del Frente Amplio, en donde se instó a tomar postura respecto a distintos temas diagnosticados en los GAP.
Tras el proceso de sistematización de las actas de los encuentros, “se distinguieron los consensos y las áreas en las que se veía una diferencia más o menos importante. Lo que no implicó una gran diferencia política, pasaba a ser un consenso”, explica Puga. Tras esto, “se elaboró un mapa de consenso y un voto de disenso”, lo que ha quedado plasmado en la consulta, que también incluye la opción de priorizar temas para el programa de Gobierno frenteamplista.
Una de las principales críticas al interior del Frente Amplio fue la tardanza en el proceso. La sistematización de las actas de los encuentros tomó al menos dos meses y medio.
“Tenemos una buena campaña presidencial, competitiva, pero sin programa, eso nos deja en una clara desventaja”, indican desde la Mesa Nacional. Pero –según Ismael Puga– el proceso fue enriquecedor y es primera vez que se construye un programa de esta forma, mucho más participativo. “Es importante que las bases del Frente Amplio no solo entreguen un voto en la elaboración sino que también participen de las propuestas”, indica el especialista.
La consulta se divide en distintas áreas: “derechos sociales”, “modelo de desarrollo”, “ciudadanía y cultura” y “Estado y democracia”. Las propuestas consensuadas constituyen el 95% del programa, y las propuestas a las que se llegó a un 100% de acuerdo, se dieron en torno al sistema de Educación Pública, pensiones y vejez, sobre relaciones laborales, justicia y seguridad, Asamblea Constituyente y Gobiernos Regionales.
[cita tipo=»destaque»]Otro punto que ha generado conflicto y “asombro” al interior del Frente Amplio es la opción de una ley con “enfoque de seguridad nacional” respecto a la migración. Entre las opciones para abordar este tema se propone la elaboración de “una ley migratoria que entiende la migración como un problema y un riesgo, buscando controlarla y reducirla”. Entre sus claves se establece entender a la migración como “un riesgo para el orden público y la seguridad ciudadana”, también establecer “restricciones en el acceso al territorio por condición social, de salud, nacional y por antecedentes penales”, en conclusión, una “normativa orientada a controlar a la población migrante limitando y retrasando el acceso a derechos”.[/cita]
Entre el 5% de las propuestas que buscan ser resueltas, hay algunas opciones que han causado polémica al interior de las bases frenteamplistas. Entre ellas se encuentra la “Nacionalización del agua”, que establece la eliminación del “derecho de aprovechamiento del agua para empresas y particulares”, lo que podría afectar a las pequeñas comunidades agrícolas comunitarias.
En cuanto a las medidas respecto a los pueblos originarios, se establecen dos salidas. Una es la “restitución y cogobierno Estado-pueblos originarios”, que conlleva el “retiro del modelo extractivo del territorio ancestral y el paso a un modelo económico adecuado a la realidad y consensuado con los Pueblos Originarios (PPOO). La otra opción es la “restitución y autonomía de los Pueblos originarios”, la que incluye el reconocimiento de la “autonomía y autodeterminación política, económica y jurídica de los PPOO sobre el territorio restituido y sus recursos naturales”.
Otro punto que ha generado conflicto y “asombro” al interior del Frente Amplio es la opción de una ley con “enfoque de seguridad nacional” respecto a la migración. Entre las opciones para abordar este tema se propone la elaboración de “una ley migratoria que entiende la migración como un problema y un riesgo, buscando controlarla y reducirla”. Entre sus claves se establece entender a la migración como “un riesgo para el orden público y la seguridad ciudadana”, también establecer “restricciones en el acceso al territorio por condición social, de salud, nacional y por antecedentes penales”, en conclusión, una “normativa orientada a controlar a la población migrante limitando y retrasando el acceso a derechos”.
La otra opción es la creación de una “Ley con enfoque en DDHH”, que entienda “la migración como derecho, y una fuente de diversidad y riqueza para el país”. En esta opción se propone crear una ley que establezca “restricciones de acceso al territorio exclusivamente por condenas judiciales pendientes y por crímenes de lesa humanidad”, una norma “orientada a garantizar derechos y protección de la población migrante, independiente de su condición administrativa”.
El primer enfoque, basado en la “seguridad nacional”, ha abierto un fuerte conflicto, ya que pese a que “la opción surgió desde los encuentros programáticos del Frente Amplio”, como explican desde el equipo de programa, ella iría en contra de los “principios básicos del Frente Amplio. Es discriminatoria, no puede ni siquiera ser una opción dentro del programa que construimos para cambiar Chile, para ser alternativa, no debiese estar sometida a discusión”, explica un miembro del núcleo más academicista del FA.
Finalmente, una propuesta que no logró ser consenso en el proceso fue la eliminación de los escalafones al interior de las Fuerzas Armadas, uno de los principales postulados presentados por la candidata Beatriz Sánchez. Finalmente, en la consulta se establece la votación entre mantener o no estas distinciones en las FF.AA.
A raíz de las temáticas que deberían ser zanjadas o no en la consulta virtual, durante la semana pasada se generó una fuerte tensión entre la Mesa Nacional del FA –compuesta por las direcciones políticas de los movimientos– y el equipo de programa. Las principales críticas rondaron en torno a la falta de consulta al organismo interno del frenteamplismo, y la priorización de la “tecnocracia” por sobre el criterio político.
Aunque desde la Mesa Nacional afirman que “hoy la cosa está bastante ordenada”, reconocen que “previo a la recta final del programa hubo tensiones, pero hoy está bastante superada”, indica Andrés Hidalgo, militante del Partido Poder. Uno de los hechos que molestó a las principales dirigencias políticas del FA fue el hecho de que conocieron el contenido de la consulta y de los consensos a minutos de que se realizara el punto de prensa dirigido por el comando de Beatriz Sánchez. “Prácticamente nos enteramos por la prensa”, plantean desde la Mesa Nacional.
Desde el núcleo político del frenteamplismo detallan que hay diversas materias que generaron conflicto, porque son “principios básicos” para las bases de un proyecto transformador. En tal sentido, las principales fueron respecto al aborto libre y el proyecto de ley de migraciones ya mencionado. A esto se agrega la molestia desde los liberales, por “no tomar en cuenta” su propuesta respecto al nuevo sistema de pensiones, pues se optó por tomar íntegramente la propuesta de la Coordinadora No+AFP.
El conflicto con relación al aborto libre se concentró en si era pertinente abrirlo a la consulta. Finalmente, la Mesa Nacional estableció que el apoyo al aborto libre debía ser definido como un consenso al interior del Frente Amplio, para lo cual se efectuó una consulta entre las distintas fuerzas del conglomerado y, por medio de un voto político de nueve organizaciones versus cinco, ganó la opción de que no fuera consultada.
La polémica surgió luego que desde el Partido Ecologista Verde se solicitara revisar el consenso respecto a lo consensuado inicialmente ante el aborto libre. Las fuerzas que establecieron que debía ser tomado como disenso fueron el PEV, Igualdad, Poder, Revolución Democrática y el Partido Liberal. Pero finalmente en la consulta se define como parte del programa la “Despenalización y regulación del aborto sin causales hasta el primer trimestre, con causales a partir del segundo trimestre, con alternativas de acompañamiento no disuasivo”.
Otro flanco interno de críticas se dio alrededor de la tecnocratización del proceso y falta de deliberación política en el mismo. A un día del lanzamiento de la consulta, Izquierda Autónoma sacó una crítica declaración en la que se señaló que participarán en la consulta, aunque consideran necesario “plantear que vemos en el resultado final de este ejercicio un retroceso en el esfuerzo de hacer del FA una herramienta para transformar Chile”.
Aseguran que en su diseño final predominó “una visión que en lugar de promover el valor del diálogo y los consensos construidos los últimos meses, los descartó despojando el componente político de ese proceso”. Hacen hincapié en que “el resultado es un plebiscito que no representa diferencias realmente existentes en el Frente Amplio, levanta disensos artificiosos y aliena su articulación con el movimiento social”.
Desde Izquierda Autónoma precisaron que en el proceso programático se impuso un principio tecnocrático, propiciado por “la incapacidad de resolver políticamente las diferencias entre quienes creemos en un proceso de construcción a largo plazo. Sus impulsores, principalmente ubicados en un sector de Revolución Democrática, les deben al FA y a sus adherentes una autocrítica”.
Finalmente, enfatizaron que “a pesar de los desvíos, votaremos en este plebiscito por los puntos que reúnen las propuestas que los movimientos sociales que luchan contra la mercantilización de nuestras vidas han propuesto”.
Desde el equipo programático, Ismael Puga indica que “la discusión final parece darse en torno a las consultas”. El sociólogo recalca que “no por un voto más o un voto menos, una demanda social se va a quedar fuera de un programa (…) pero es importante darles la oportunidad a las bases frenteamplistas”. También aclara que Revolución Democrática “jugó un papel”, pero no como factor que priorizara lo técnico. “No creo que haya sido una opción tecnocrática, lo que sí, cuando se requiere hacer un proceso de este tipo, hay que tener un protocolo para definir”, sentencia Puga.
La consulta para dirimir los disensos programáticos del Frente Amplio termina este 26 de septiembre. En paralelo, el equipo del programa presidencial trabaja en la redacción de los consensos, texto que sería revisado por la Mesa Política, no así el 5% restante, “esas resoluciones no se tocarán”, explican desde el FA. Aunque desde el equipo de programa no aventuran un número aproximado de participación en la consulta, debido a que “es un voto más complejo, que requiere cierta voluntad de participación de la ciudadanía, no es como una elección”, desde Nueva Democracia, Ismael Puga hace hincapié en que hubo una “participación de más de 12 mil personas en la fase colaborativa”, lo que le otorga un gran respaldo al proceso.
