La instancia partidaria también expulsó a otros dos miltantes que fueron mencionados en un reportaje televisivo sobre los vínculos del edil con redes de narcotráfico. La colectividad anunció más teprano que había solicitado nuevas diligencias a la PDI y la Contraloría para esclarcer los hechos.
Aunque el viernes presentó su renuncia al Partido Socialista, el Tribunal Supremo de la tienda oficialista resolvió este lunes expulsar de sus filas al alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, después que el programa Informe Especial de TVN dejara al descubiertos los supuestos vínculos del edil con redes de narcotráfico a través de la contratación en el municipio de algunos de sus integrantes.
No fue el único, ya que la instancia partidaria también expulsó a los hermanos Pedro y Katherine Jaque, quienes también fueron mencionados en la investigación periodística. El fallo será dado a conocer una vez que termine su redacción.
En tanto, el PS informó en un comunicado su decisión de adoptar «una serie de medidas adicionales a las ya adoptadas hace unas semanas, de carácter judicial y administrativo, de manera de lograr el total esclarecimiento de los hechos descritos en dicho espacio periodístico y la determinación de las responsabilidades correspondientes».
La primera fue una solicitud cursada esta mañana, el marco de la querella interpuesta el 10 de octubre pasado, para que el Ministerio Público oficie a la Policía de Investigaciones (PDI) , para que lleve a cabo una serie de diligencias como determinar «la identidad de todas las personas que intervinieron en las contrataciones; efectuar el levantamiento patrimonial de esas personas; y reunir y contrastar sus declaraciones de patrimonio e interés».
También determinó «oficiar a la Contraloría General de la República, para que proceda, según se señala en el documento, «a instruir la más amplia auditoría a la I. Municipalidad de San Ramón, para adoptar todas las acciones legales que de ello derive, atendido un conjunto de hechos, de público conocimiento, y que constituirían diversas y gravísimas infracciones a la legalidad vigente, en especial, al principio de probidad que debe regir toda actuación de los órganos, autoridades y funcionarios sometidos a su fiscalización”.
«Estas nuevas medidas, junto a las ya adoptadas anteriormente, pretenden que se esclarezcan completamente las denuncias realizadas.
El Partido Socialista de Chile ha sido y seguirá siendo muy estricto en su compromiso con el total esclarecimiento de estos hechos», concluyó la colectividad.