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Firma israelí se adjudicó contrato por $22.500 millones pese a obtener tercer lugar

Tobilleras electrónicas: el manto de sospecha que rodea a la licitación de Gendarmería

por 23 octubre, 2017

Tobilleras electrónicas: el manto de sospecha que rodea a la licitación de Gendarmería
Es la segunda vez en menos de cinco años que se judicializa el proceso para proveer el servicio de control telemático para reos en libertad vigilada. Esta vez, dicho proceso habría infringido gravemente la reglamentación fijada en las bases respectivas, lo que –según los impugnadores– sería el resultado de un lobby que articula influencias de parlamentarios y del Ministerio del Interior y, eventualmente, del segundo piso de La Moneda. Es así como Álvaro Güell Villanueva –uno de los directores A del Grupo Rebrisa y mano derecha del empresario Avram Fritch Vaturi, dueño de Global Systems SpA, la empresa adjudicada– es hermano de Pedro Güell, jefe de Contenidos de la Presidencia.
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La provisión del servicio de monitoreo por tobilleras electrónicas acaba de ser adjudicado por Gendarmería de Chile a la empresa Global Systems SpA, filial del holding israelí Rebrisa, a pesar de haber llegado tercera en el puntaje de licitación. Esto ha provocado una reacción en cadena de acciones administrativas y judiciales por parte de quienes se sienten perjudicados, entre los que se incluye a la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (ADIPTGEN), que con fecha 9 de octubre remitió a la Contraloría General de la República una presentación con sus aprensiones.

De concretarse el contrato, cuya suma es de 22.500 millones de pesos, se agregaría a los otros que la compañía tiene con el Estado de Chile, como son los globos aerostáticos de vigilancia en las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, y que acaban de ser certificados como legales por la Corte Suprema, y los contratos con la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) dependiente del Ministerio del Interior,  que vienen del 2011, relativos a un sistema de alerta para situación de emergencia que entonces le adjudicó la Subtel y que se ha ido renovando por trato directo, pese a sus costos y fallas.

La empresa, en su memoria del año 2016, según consta en documentos oficiales de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), reconoce que “la industria del monitoreo electrónico de seguridad se encuentra en una etapa de expansión y se ha transformado en un negocio altamente competitivo”. El año 2011 abrió una nueva área de negocios orientada al rubro de servicios a entes públicos y municipios y, al explicar la posición actual de mercado de Rebrisa S.A., señala textualmente: “El principal factor de riesgo de Rebrisa S.A. puede considerarse que sería una baja en las ventas de alarmas de su filial Seguridad y Telecomunicaciones S.A., empresa que se desempeña en el rubro de vigilancia domiciliaria. Adicionalmente se podría considerar también que la filial  Global Systems Chile SpA, pierda sus actuales contratos con el Estado y Municipalidades” (Memoria 2017, p. 23)

Este reconocimiento expreso de la importancia económica de estos contratos, explica el despliegue hecho por la embajada de Israel en torno a los negocios de Rebrisa, y la voluntad de generarle los mayores apoyos y vínculos políticos para su consolidación.

De acuerdo a la información disponible en la SVS, Global Systems Chile SpA pertenece al Grupo Rebrisa S.A., holding de capitales israelíes constituido en 1989 e inscrito en la Bolsa de Santiago en 1994. En 1997, empieza con el nombre Rebrisa Petroquímica S.A., dedicada a un fallido proyecto petroquímico con Enap. El año 2007, Rebrisa Petroquímica modifica su razón social a Global Systems Chile S.A., una sociedad anónima cerrada destinada a proveer servicios y productos de alta tecnología e innovación en los ámbitos de seguridad integrada, para instalaciones gubernamentales y privadas. El año 2012, la empresa se abre a sociedad por acciones (SpA), adoptando su nombre legal actual. En su currículo señala que representa a la marca canadiense Paradox y que su principal cliente es la compañía Seguridad y Telecomunicaciones S.A., que también es una filial de Rebrisa S.A. y, por lo tanto, una firma relacionada.

La conclusión de un alto oficial de Gendarmería es que “las espaldas políticas de Global Systems son muy grandes, a tal punto que el día en que se hicieron las pruebas técnicas de los sistemas ofertados en Chile, el director estaba en España, viendo el sistema carcelario de ese país. El problema es que los españoles son los únicos que tienen el sistema de tobilleras que ofrece Global Systems y el director no se percató de que, al menos indirectamente, estaba tomando contacto con un oferente. Porque seguro hablaron en España de tobilleras, ¿no cree?”, dice riendo.

Fuera de Global Systems Chile SpA y Seguridad y Telecomunicaciones S.A., el holding Rebrisa S.A. tiene como sociedades filiales y coligadas a Security Rent A Car SpA, Inmobiliaria Renta Rebrisa SpA y una nueva dependiente de Global Systems Oz Net SpA, para seguridad informática, pero que se declara sin movimiento, al igual que otras dos empresas, Fertilizantes de Centroamérica S.A. y Circuito Cerrado Chile S.A.

Pese a ello, según informaciones de prensa, Oz Net SpA estaría operando para prestar servicios de seguridad informática y proteger “sistemas y bases de datos computacionales a través de internet”, y ya habrían hecho ofertas específicas a la PDI, el Registro Civil, el Estado Mayor Conjunto y a la Presidencia de la República, de acuerdo a un reportaje del diario El Ciudadano.

La agenda con el Ministerio del Interior, donde Mahmud Aleuy tiene un oficial de la PDI dedicado a los temas de seguridad informática, sería densa sobre Servicios de Seguridad Informática, con aspectos como Auditoría de Búsqueda de Vulnerabilidades, Análisis de Códigos de Fuente, Detección y Alerta de Ataques en Tiempo Real, y Detención de Ataques en Tiempo Real, además de capacitación en Software Seguro.

El cerebro del grupo Rebrisa es Avram Fritch Vaturi, un militar en retiro de las Fuerzas Armadas israelíes y de profesión ingeniero mecánico. Su brazo derecho en el holding es Álvaro Güell Villanueva, hermano de Pedro Güell Villanueva, actual director de Contenidos de la Presidencia de la República y, posiblemente, después de Ana Lya Uriarte, el inquilino de mayor peso en el funcionariado de la La Moneda. De profesión ingeniero comercial, Álvaro Güell es Director A en todas las empresas del conglomerado, incluida la matriz Rebrisa S.A., y una pieza fundamental en el entramado estratégico de la compañía.

En la creación del vínculo hacia Gendarmería para el caso del monitoreo por medio de las tobilleras electrónicas, habrían sido muy activos los diputados Gabriel Silber y Daniel Farcas, ambos pertenecientes a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, con buenos vínculos también con Interior. La esposa de Silber es muy amiga de Aleuy y este, a su vez, es identificado como el sostenedor político de Jaime Rojas, actual director nacional de Gendarmería y su mentor para el cargo.

De ambos, es Farcas el que registra más visitas al director de Gendarmería, según lo informado por Transparencia, que incluso lo pone como “gestor de intereses” en una de las planillas. Una de las visitas fue el 27 de junio de 2017, justo dos días después que Jaime Rojas volviera de su viaje a España para ver el sistema carcelario. Consultado, el diputado declaró que “su interés es que el sistema funcione para que los presos con tobilleras no salgan a hacer portonazos, como ha estado ocurriendo. Si por esto tengo que ir mil veces, mil veces voy”, dijo a El Mostrador. “Y me da lo mismo que digan que voy a hacer lobby”, concluyó.

La judicialización actual del tema tobilleras electrónicas

El proceso está siendo impugnado tanto por Track Group Chile, actual prestador del servicio, como por la empresa Pegasus S.A., que obtuvo el primer lugar de puntaje en la actual licitación.

Esta última, ha reclamado en instancias administrativas y ante el Tribunal de Compras Públicas, y no descarta la vía penal, al considerar que existen procedimientos que hacen pensar en la existencia de un posible dolo.

Así lo dijo a El Mostrador el abogado de la compañía, el penalista Luis Hermosilla, señalando que “el incumplimiento flagrante de los procedimientos licitatorios, sobre todo al momento de calificar la propuesta económica, la oferta técnica y los criterios de sustentabilidad”, resultan casi inexplicables como simples errores administrativos, máxime porque se trata de monitoreo de condenados y de un asunto de seguridad y reinserción.

“Global Systems SpA obtuvo muy atrás el tercer lugar en las calificaciones aplicadas por la Comisión, la misma que luego, por una decisión absolutamente arbitraria, la adjudica a Global Systems por representar el mejor interés de Gendarmería, lo que se aleja absolutamente de los criterios de transparencia y buena fe que deben guiar las acciones del Estado. Este procedimiento es tan irregular, que no puede pasar sin sanción jurisdiccional, es muy grave. Por ahora no descartamos ninguna acción ni responsables”, concluyó Hermosilla.

El director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, explicó a El Mostrador que personalmente no tuvo ninguna injerencia en el procedimiento licitatorio y se limitó a firmar una adjudicación adoptada por unanimidad por la Comisión designada para tal efecto y que, luego, le fue presentada para su rúbrica. “Los licitantes que perdieron, como siempre ocurre”, dijo, “tienen un plazo y un procedimiento expedito para hacer los reclamos que estimen convenientes”. Cabe hacer notar que Rojas tuvo un representante personal en la referida comisión y que, como jefe de servicio, es el responsable de su gobierno y de las decisiones que en el mismo se toman.

Según fuentes del Ministerio del Interior, el director nacional de Gendarmería cuenta con el respaldo del subsecretario Mahmud Aleuy, con quien trabajó a cargo de la jefatura de la División de Investigaciones para la PDI, y luego llegó con su apoyo a la institución que actualmente dirige.

Fuentes cercanas a la subsecretaría señalaron a este medio que Rojas licitó el nuevo sistema telemático para Gendarmería con “la advertencia previa desde Interior de que se trataba de un tema delicado”, tanto a raíz de las falencias técnicas y observaciones hechas por la Contraloría a la licitación anterior, como por la forma forzada en que el Ministerio de Justicia, bajo la administración de Sebastián Piñera, adjudicó la primera licitación el año 2013 a Track Group, actual operador del sistema.

La forma enrevesada en que la comisión evaluadora, con fecha 5 de septiembre  adjudicó la propuesta y lo actuado por Gendarmería, indican que la “advertencia” no surtió efecto. La comisión, con un delegado personal del director en su interior, concluye que “sin perjuicio del resultado obtenido” que dio el mayor puntaje a Pegasus S.A., lo recomendable es “adjudicar a la empresa Global Systems Chile S.A., por cuanto presenta la mejor solución tecnológica para dar cumplimiento a los requerimientos del sistema de monitoreo telemático de condenados”. Inevitablemente se generó un manto de sospecha sobre lo actuado, pues se apartó de toda la legalidad del procedimiento, y se puso el foco en la empresa adjudicada y su capacidad de presión.

Más aún, al mirar la composición de la comisión que hizo la calificación y propuso la adjudicación, aparecieron otros problemas, que en parte explicarían la distancia que tomó la asociación gremial de profesionales de Gendarmería que hizo la presentación ante Contraloría y que no dudó en calificar la adjudicación como “fuera de bases”, abriendo una crítica clara a la discrecionalidad de la decisión.

Alrededor del 30 por ciento de los integrantes de dicha comisión estaba en calidad de subrogante en su cargo. El hecho fue explicado por Gendarmería como algo normal en la administración pública que “se demora una enormidad en llenar los cargos vacantes”.

Uno de los subrogantes que presidió la comisión es el actual subdirector de Administración y Finanzas, Sergio Palma Sepúlveda, un ex funcionario del Ministerio del Interior y del Servicio de Impuestos Internos (SII) que fue exonerado de esa repartición el año 2015 por filtraciones hacia La Moneda, en el caso del financiamiento ilegal de la política. En esa Comisión Evaluadora el director Jaime Rojas tuvo una delegada personal que lo representaba, Julia María Panez Pérez, también ex funcionaria de Interior e integrante de la Comisión de Ética de la Democracia Cristiana.

En general, señala un técnico ligado a funciones de auditoria en el aparato público, se trata de personal con experiencia y habilidad política, muchos de ellos, que no cometerían errores tan gruesos de no mediar otras circunstancias, “a las que prefiero no referirme”, indicó.

La petición que están haciendo los impugnadores es que se vuelva a calificar por una nueva comisión, porque los errores son demasiados y muy grandes, como no hacer de manera completa las pruebas técnicas. Además, explica un abogado involucrado en el tema, piden que se verifique la presentación de documentos, que se constate si hubo dilaciones de tiempo o menores ofertas de dispositivos, etcétera. Lo anterior, para llegar a una base objetiva real, porque todo fue ponderado, “y las trampas están en las calificaciones y las sumas y no solo en la adjudicación discrecional”.

La conclusión de un alto oficial de Gendarmería es que “las espaldas políticas de Global Systems son muy grandes, a tal punto que el día en que se hicieron las pruebas técnicas de los sistemas ofertados en Chile, el director estaba en España, viendo el sistema carcelario de ese país. El problema es que los españoles son los únicos que tienen el sistema de tobilleras que ofrece Global Systems y el director no se percató de que, al menos indirectamente, estaba tomando contacto con un oferente. Porque seguro hablaron en España de tobilleras, ¿no cree?”, dice riendo.

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