«Este es un caso ejemplar de un robo de mi tierra, en donde se utilizó la legalidad para aparentar un contrato de arriendo que se contrapone a cualquier Estado de Derecho. Mi caso es un ejemplo de ilegalidad, abuso en donde participan todas las instituciones del Estado para despojarme de mi tierra y desampararme», señaló la mujer en una carta enviada al Consejo de Pastores de La Araucanía.
Una nueva arista se ha dado a conocer en el caso Iglesias, que mantiene a cuatro comuneros mapuche en prisión preventiva tras el ataque incendiario que sufrió un templo evangélico en Padre Las Casas en junio de 2016.
Es precisamente este lugar el que cuenta con una secreta historia.
Según reveló el diario U. de Chile, Yolanda Melihuén Sandoval (59), verdulera de Temuco y analfabeta, acusó no haber conocido los términos del contrato que en 1987, y que por apenas 200 mil pesos, le arrendó el terreno -donde estaba el templo- por 198 años al pastor evangélico, Manuel Fuentealba Castillo.
Según relató Melihuén, dicho contrato de arriendo suscrito hace 28 años, por un total de 0,65 hectáreas, planteaba que el precio total del arrendamiento, es decir, único mientras dure el contrato, sería de 200 mil pesos que se pagarían el 30 de diciembre de 1987.
Después se estipuló que el plazo de arrendamiento sería de 99 años a partir de aquel día, es decir, hasta el año 2086, los que serían prorrogables de manera automática por otros 99 años.
Además, la afectada relató que ella y el arrendador eran los únicos presentes el día que se firmó el contrato por lo que no había alguien de confianza de Melihuén que pudiera leer el documento, del que además se le negó una copia.
Luego de cuatro años pudo obtener el contrato y, gracias a que alguien se lo leyó, descubrió que el arriendo era por el doble de tiempo, según señaló al medio.
«Este es un caso ejemplar de un robo de mi tierra, en donde se utilizó la legalidad para aparentar un contrato de arriendo que se contrapone a cualquier Estado de Derecho. Mi caso es un ejemplo de ilegalidad, abuso en donde participan todas las instituciones del Estado para despojarme de mi tierra y desampararme», señaló la mujer en una carta enviada al Consejo de Pastores de La Araucanía, esperando que la organización empatizara y la ayudara.
En 2009 la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de nulidad que presentó Melihuén con el fin de invalidar el contrato.
