Fuentes de gobierno señalaron que hicieron un sumario pero no encontraron nada
Le enterraron un cuchillo en la mesa con una advertencia: “Muerte al fleto Lucero”. También pusieron papeles con excrementos en su mochila. Ha recibido cartas que dicen que lo “quieren muerto”; sin embargo, la Segpres hizo un sumario que no arrojó responsables y José Miguel Lucero sigue compartiendo edificio con su supuesto agresor. La semana pasada el INDH ingresó a la causa y envió un oficio al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para que el ministro Gabriel de la Fuente informe sobre el caso, en el que según fuentes de derechos humanos al menos se violó la Ley Zamudio. Todo en el corazón del Palacio de Gobierno.
El 28 de noviembre del año pasado, José Miguel Lucero vivió la amenaza más grave a su vida. Sobre su escritorio, un papel anónimo lo interpelaba: “Muerte al fleto Lucero”. Estaba escrito con recortes de revistas, de letras chillonas, negras y de distintos tamaños.
Su enemigo había cruzado el mensaje con un cuchillo que clavó en la mesa. Seguramente fue el mismo con el que además rayó la pantalla del computador de Lucero, que ya se había enfrentado antes a amenazas y burlas en su mismo puesto de trabajo.
El lunes 22 de febrero de 2016, José Miguel Lucero Soto (39) ingresó a trabajar como gestor de facturas en la Unidad de Compras del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Llevaba un título de fotógrafo, pero también media carrera de Administración Pública en la Universidad de Chile. Como las capacitaciones específicas que requería el cargo las entregaría el propio ministerio, creyó que no necesitaría nada más para enfrentar su nuevo trabajo.
No pensó que ahí, a media cuadra de La Moneda, debía protegerse de la homofobia.
El mismo día que encontró el papel en su escritorio, tomó fotografías y llamó a un abogado del ministerio que le pidió no tocar nada hasta que llegara la PDI y realizara la denuncia por amenazas de muerte. Los peritos levantaron huellas, le tomaron declaración y su caso está siendo investigado por el Ministerio Público.
Sin embargo, el sufrimiento de Lucero se extendió por más de un año antes. Mucho tiempo antes de que recibiera el anónimo, José Miguel ya había lidiado con gritos y descalificaciones de quien es sindicado en todas las denuncias como el agresor directo, Manuel O, un dirigente de la Asociación de funcionarios.
En mayo de 2016, José Miguel vivió un hecho que lo golpeó. “Le tiraba papeles sobre el escritorio, le pegaba portazos y le decía que no hacía bien su pega”, comenta una fuente que conoció de esa relación.
Un día estaba tomando té con su pareja cuando José Miguel intentó a ciegas dar con un libro en su mochila. No encontró el libro, pero se percató de que había mal olor. Insistió en abrir aun más la mochila. Entonces se dio cuenta del desastre: le habían dejado decenas de papeles higiénicos con excremento; papeles que quedaron esparcidos por el comedor de su departamento, mientras él no atinaba a nada más que registrar lo que estaba viviendo. Tomó fotos, llamó a su jefe directo y una hora después se reunió con él para detallar los hechos que originaron un sumario.
La entonces subsecretaria Patricia Silva pidió que se indagara, pero José Miguel –según detalló él mismo en los documentos que recogen su caso– vivía acoso laboral y burlas por su homosexualidad desde que llegó al trabajo por parte de Manuel O, el dirigente gremial que mencionó siempre como su acosador.
A pesar de los cuadros de angustia, insomnio, estrés, visitas al psiquiatra y un periodo de licencia, el acoso no terminó.
Antes del episodio del cuchillo había recibido otra carta amenazante que decía: “Esta es la última advertencia, no abrá otra carta (SIC). Ándate de la Segpres o te vamos a matar, conocemos todo cobre ti, te queremos muerto, con nosotros no se juega maricón reculiao, donde te pillemos te matamos reconcha de tu madre, te queremos bien muerto y lejos de aquí, eres una mierda de persona”.
Por esos días también se enteró que el sumario que se había iniciado internamente no había llegado a ningún desenlace y que además a él jamás lo habían citado para decirle que incluso lo habían cerrado. Quienes conocen la causa, se quejan de que en siete meses de investigación interna no hubo apoyo ni seguimiento para ver su estado emocional. Lo trasladaron de piso, pero debe encontrarse diariamente con su agresor y tampoco ha recibido una llamada por su situación. A comienzos de diciembre del año pasado, vía correo electrónico, cercanos a José Miguel le comunicaron los hechos al presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde, porque todos los involucrados pertenecen a esa colectividad. Y no recibieron respuesta.
Ante las consultas de El Mostrador, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia aseguró que tomó conocimiento de la denuncia por “acoso laboral” a principios del año 2016 y recordó que llevó adelante un sumario sin éxito y puso en resguardo a José Miguel: lo trasladó de departamento. Ante un segundo incidente, ocurrido a finales del año 2017, el Ministerio puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público y de la PDI. De forma paralela, se instruyó una investigación sumaria, la cual se encuentra en curso. “Cabe señalar que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia ha llevado adelante diferentes acciones en pos de una sana y respetuosa convivencia laboral, tales como la redacción y puesta en marcha de un Código de Ética Laboral y diferentes mediciones sobre clima laboral, entre otras medidas», dijeron en el Ministerio.
José Miguel en cambio, no quiso contestar las preguntas de este medio, aunque sí confirmó los hechos que se indagan. “Hay una investigación que está llevando adelante la Fiscalía y que tienen un trasfondo homofóbico”, dijo escuetamente.
Quienes conocen el caso señalan que desde el primer momento lo que correspondía era hacer una denuncia por amenazas, aunque esa acción demoró más de un año. Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales, conoció en las últimas semanas lo vivido por el funcionario de la Segpres y cree que “en este caso en particular más que aplicar la ley antidiscriminación lo que correspondía era hacer una denuncia inmediata ante la Fiscalía o Carabineros por el delito de amenazas porque la situación vivida por José Miguel excede la Ley antidiscriminación”.
Hace un mes, días después que Michelle Bachelet lanzara la política nacional de Derechos Humanos, un oficio del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) llegó hasta la Segpres. El oficio pedía informar al ministro Gabriel de la Fuente sobre el caso de José Miguel y apuntaba a los numerosos convenios suscritos por Chile en torno a los Derechos Humanos, la homofobia y la protección que el Estado debe otorgar a quienes sufren este tipo de persecuciones.
El año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los casos de violencia contra las personas LGTBI, la impunidad por estos crímenes transmite el mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que a su vez “alimenta aun más la violencia y produce la desconfianza de las víctimas en el sistema judicial”.
La Segpres tiene 10 días para responder ante el INDH.
