El gremio de los trabajadores pesqueros, reunidos en Fetrapes planteó que el proceso incluyó acciones para privilegiar a actores incumbentes, falta en procedimientos administrativos y la pérdida de 50 sobres con ofertas económicas, entre otros aspectos
La Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), encabezada por Juan Montenegro, realizó una presentación ante la Contraloría General de la República para que la entidad investigue y se pronuncie sobre la legalidad y los vicios de forma que tuvo el proceso de subasta del jurel por 50 mil ton. que se llevó a cabo a fines del año 2017, por parte de la Subsecretaría de Pesca.
A juicio del dirigente la licitación más importante desde la aprobación de la Ley de Pesca y que buscaba abrir el mercado pesquero, “no logró su objetivo. Por una parte se concentró en una gran industria, Orizon con el 36% del recurso; y por otra al analizar el proceso se observan vicios legales y administrativos que implicaron, por ejemplo contacto con algunos oferentes por parte de la Subsecretaría de Pesca, tal como lo informó la prensa y por otro, a pesar de que hubo una gran presencia de funcionarios públicos y un notario público, se extraviaron 50 sobres con ofertas que habían ingresado al sistema”, indicó Montenegro.
Dentro de los puntos que destaca la presentación ante el ente contralor, ya el 3 de noviembre del año 2017, a través de la prensa se indica que “el 30 de octubre la Subsecretaría de Pesca inició el contacto con distintas compañías y otros actores incumbentes, como pymes, para la licitación de dicho recurso en distintas regiones del país, cuyo resultado se conocerá entre los días 4 y el 6 de diciembre” (El Mostrador). Situación que implica “indicios de privilegios para los actores incumbentes, por sobre los actores que desearen participar de dicha licitación, al reunirse la Subsecretaría en forma anticipada, entregando información privilegiada”, detalla la presentación de Fetrapes. Hay que recordar que esta licitación recién fue oficializada por Resolución Exenta N° 3603 del 8 de noviembre y publicada en el Diario Oficial nueve días después.
Juan Montenegro asegura que en el proceso no fueron considerados 50 sobres que fueron encontrados después de la apertura, y que estaban válidamente ingresados a Subpesca. Esto implicó que la Subsecretaría invalidara parcialmente la licitación.
