El ministro explicó que «no creo que constituya una mala política pública el propender a un servició más rápido, competitivo, cercano, diáfano y módico para la gente, salvo que tenga beneficios personales involucrados, lo que no es mi caso».
«Por última vez me refiero al decreto que creó separó y fusionó 101 cargos de notarios y conservadores de Bienes Raíces».
De este modo, el ministro de Justicia, Jaime Campos, comenzó una nueva defensa de la medida a través de una carta a El Mercurio, diez días después de su última intervención.
Se trata de una respuesta al presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Alfredo Martin, que por la misma vía denunció falta de estudios previos a la decisión.
«Es tan evidente la falta de antecedentes que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, por unanimidad, concluyó que se deben adoptar las medidas para que en lo sucesivo la propuesta de nuevos cargos esté respaldada en estudios completos», aseguró.
A su juicio, el decreto «no cumplió con las exigencias técnicas esperables en una política de Estado».
Sobre esto, el ministro Campos acusó que Martin «insiste en señalar que el indicado decreto es ilegal y arbitrario», cuando «tal argumentación ya fue rechazada por las cortes de Apelaciones, Corte Suprema, la Contraloría General de la República y la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados».
«Reiterar esa opinión carece de pertinencia y relevancia jurídica, a no ser que se busque sustentar política y mediáticamente una polémica que está zanjada», afirmó.
«No creo que constituya una mala política pública el propender a un servició más rápido, competitivo, cercano, diáfano y módico para la gente, salvo que tenga beneficios personales involucrados, lo que no es mi caso», finalizó el ministro.
