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Instituciones que se nieguen a realizar abortos podrán seguir recibiendo recursos del Estado

A la medida perfecta de la UC: Minsal cambia protocolo sobre objeción de conciencia en ley de aborto

por 23 marzo, 2018

A la medida perfecta de la UC: Minsal cambia protocolo sobre objeción de conciencia en ley de aborto
Desde el Minsal indicaron que el instructivo anterior se prestaba para la interpretación de que se podía restringir el financiamiento estatal a instituciones que presentaran objeción de conciencia, como es por ejemplo, el caso de la Universidad Católica, por lo que se decidió "especificar". "El Protocolo señalado en el inciso anterior ha sido objeto de diversas interpretaciones jurídicas por parte de las personas e instituciones que deben implementarlo", señala el documento. Ahora, con esta modificación se vuelve a instalar la idea de la retroexcavadora, pero que de manera silenciosa está tocando uno de los proyectos emblemáticos de Michelle Bachelet y que resultó como uno los mejores evaluados de la administración anterior.
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“Se deniega la orden de no innovar solicitada”, es fue la respuesta de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 12 de febrero, luego que la Pontificia Universidad Catolica presentara un recurso de protección ante el Poder Judicial, por el protocolo de objeción de conciencia que elaboró el Ministerio de Salud (Minsal), y donde además interpuso una orden de no innovar para que su aplicación sea suspendida hasta que el tribunal de alzada decidiera si acogía o no el recurso en el marco de la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

Desde la PUC insistieron. A su juicio el protocolo elaborado por el Minsal limitaba al hospital clínico de la universidad para poder invocar la objeción de conciencia institucional en la ley.

Sin embargo, como el recurso de protección fue declarado admisible, el Minsal debería emitir un informe a la Corte de Apelaciones explicando los criterios del protocolo de objeción de conciencia.

Sorpresivamente, desde la cartera modificaron el protocolo de objeción de conciencia. Esto porque, según señala el nuevo documento, "el Protocolo señalado en el inciso anterior ha sido objeto de diversas interpretaciones jurídicas por parte de las personas e instituciones que deben implementarlo", explicaron.

El nuevo instructivo, elimina el punto N°2 del Título IV del protocolo publicado el 27 de enero de 2018. El cual determinaba que “los establecimientos públicos de salud así como aquellos privados que se encuentren adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud mediante la celebración de convenios a los que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 36 de 1980, del Ministerio de Salud, no pueden invocar objeción de conciencia, en la medida en que el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología. En consecuencia, dicha objeción no afectará la vigencia, ni la posibilidad de suscribir los convenios que digan relación con otras prestaciones y/o tengan por efecto otras áreas de especialidad”.

El instructivo anterior se prestó para la interpretación de que se podía restringir la entrega de recursos, en materia de aborto en tres causales, a instituciones que presentarán objeción de conciencia, como el caso de la Universidad Católica, debido al  recurso de amparo presentado.

Desde ahora todas las instituciones privadas de salud podrán invocar a la objeción de conciencia, independiente de si tienen o no convenios con el Estado o si reciben recursos de este. Además, aquellas instituciones que invoquen a objeción seguirán recibiendo financiamiento estatal independiente de que se decida no realizar abortos en el centro asistencial.

Según Claudia Dides, de Fundación Miles, el cambio se ajusta a la ley, y no entiende porqué el gobierno anterior intentó pasar esta medida por un protocolo del Minsal, siendo que este cuenta con un marco restrictivo de aplicación. “Era esperable” lo que realizó el nuevo ministro, señala, ya que “lo que se había puesto antes es un tema que no se puede resolver a través de un decreto, él -ministro- se ajusta a la ley”.

Agrega que no existen recursos asignados para este ítem a instituciones que tengan objeción de conciencia, por lo que no se aplicaba el artículo. De todas forma, destaca que su gran preocupación es que exista la objeción institucional, y que “si hay una mujer en una urgencia esperemos que todos los hospitales clínicos que reciban dinero del estado, tenga la capacidad de enviar a la paciente a otro lugar”.

Además recalca que la objeción institucional y la obligación de los privados que se financian en parte por el Estado es un tema profundo, que está arraigado en la Constitución.

Esto podría ser la aparición silenciosa de la retroexcavadora. Un cambio sigiloso a uno de los proyectos emblemáticos y que resultó estar entre los mejores evaluados de la adminsitración anterior de Michelle Bachelet.

Para el diputado de la UDI, y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la retroexcavadora está totalmente descartada, según la “propias palabras del Ejecutivo”. Esto porque en el caso del ajuste al protocolo de la Ley de Aborto en tres causales, “se corrige un error del gobierno anterior”, ya que la objeción de conciencia institucional “es un derecho” de los centros privados, lo que fue respaldado por el Tribunal Constitucional.

Para Macaya asegura que es el gobierno anterior el que “estaba absolutamente vulnerando el ejercicio de la objeción de conciencia” y eso “fue un error” corregido por el actual gobierno. Por otra parte, recalcó, que a pesar de que la banca UDI estuvo en contra de la tramitación de la Ley de Aborto, actualmente está vigente y que se respetará su aplicación, “con estos ajustes”.

Respecto a los recursos de protección presentados por distintas instituciones privadas, como la PUC y también la Clínica Alemana de Osorno, quien incluso consiguió que la Corte de Apelaciones acogiera de manera inédita su orden de no innovar por lo que se paralizó temporalmente la realización de abortos bajo las tres causales, el cambio viene a poner fin a un proceso que se estaba judicializando, y que los mismo tribunales estaban dando la razón.

Para el senador del PS, Rabindranath Quinteros, esta situación es preocupante, ya que "el gobierno no se ha demorado más que 12 días en establecer regulaciones en favor del sector privado, y especialmente en un tema tan sensible para la sociedad chilena como es la interrupción del embarazo en 2 causales", indicó.

"Por un lado, vemos cómo la agenda valórica conservadora se impone por sobre el bienestar común, allanando el camino para ejercer limitaciones al aborto", agregó.

En esa línea, señaló que "nuevamente el Ejecutivo busca establecer reglas especiales para los privados que, aun recibiendo recursos del Estado para su funcionamiento, buscan funcionar con reglas propias y hechas a su medida", criticó.

"No es responsable querer borrar el espíritu de la legislación mediante reglamentos y protocolos", concluyó Quinteros.

Desde la oposición se encuentran revisando el tema, explican que no toca exactamente el proyecto de ley, pero sí su aplicación, lo que podría ser complejo, "si el Gobierno expande esta práctica en otras áreas, el modificar a punta de decreto las leyes ya aprobadas", pero que hasta el momento este es un primer indicio, que "no se condice con el discurso de diálogo y acuerdo, que ha establecido el gobierno".

Finalmente, desde el Frente Amplio han sido más duros. La diputada de la Comisión de Educación, Claudia Mix, expresó su rechazó y señaló que "no vamos a permitir que Piñera borre por secretaria la lucha de tantos años", y destacó que "este es un acto violento por parte del Ejecutivo que no podemos permitir y que debemos revertir".

"Creemos necesario que tanto las organizaciones de mujeres como los diputados que integramos la Comisión de Salud podamos utilizar todas las herramientas legales y de movilización para revertir este protocolo que sólo deja satisfechos a la DC y la Derecha conservadora", añadió Mix.

 

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