La subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Bachelet, Lorena Fríes, realizó la denuncia respectiva, un día antes del cambio de mando, para que se investigaran estos 30 mil casos, la cual recayó en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, quien decidió darle curso e investigarlos.
Los últimos días del gobierno de Michelle Bachelet estuvieron marcados por el infructuoso cierre de Punta Peuco, medida que, hasta el último día de su gestión, estaba en duda. Finalmente no se logró, pero lo que sí pudo concretar la mandataria a última hora, esto luego de que su subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, realizara una denuncia, un día antes del cambio de mando, para que se investiguen unos 30 mil casos de torturados que entregaron su testimonio ante la Comisión Valech, instancia creada por el ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006) que sirvió para documentar las torturas cometidas por la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
De acuerdo a una nota del diario El País, el Estado en ese momento se comprometió a no revelar los testimonios de los afectados por 50 años, medida que fue criticada por organizaciones de Derechos Humanos, y también por el gobierno de Bachelet, quien solicitó en septiembre al Congreso la discusión de un proyecto legislativo para tener acceso a los testimonios.
La denuncia interpuesta por Fríes recayó en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, quien decidió darle curso e investigar estos 30 mil casos. El secreto de los testimonios deberá ser resuelto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente autónomo e independiente, que decidirá si entrega o no la información al ministro Carroza cuando este la solicite.
El motivo de los 50 años de secreto
Aún siendo presidente, el propio Ricardo Lagos explicó el motivo de los 50 años de secreto. Comenta que una víctima fue a verlo al Palacio de la Moneda, y le señaló: «Presidente, usted ve que soy todavía joven. Me torturaron reiteradamente cuando tenía 15 años. Sufrí todo tipo de vejámenes, incluyendo violaciones de todo tipo. Ocurre, presidente, que yo espero estar viva todavía cuando tenga 80 años y no quiero que mientras esté viva mis nietos conozcan estas atrocidades que sufrió su abuela; 30 años para mí son insuficientes y por eso le pido a usted que pueda extender la privacidad de mi declaración durante 50 años».
Sin embargo, sectores de la izquierda aseguran que hubo un acuerdo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas de la época. El diputado comunista Hugo Gutiérrez, uno de los impulsores del proyecto de ley en el Congreso, dijo que «no se entiende por qué se puso secreto por 50 años si no es para otorgar impunidad a los que torturaron».
Como funcionaria pública, Fríes indicó que tiene el deber de denunciar si tiene conocimiento de ilícitos, sobre todo de aquellos que no prescriben como es el caso de las violaciones a los Derechos Humanos. «Ante el cambio de Gobierno, me pareció que podía entregarle la pelota a los tribunales, que tienen fallos de la Corte Interamericana en el sentido de investigar los casos de tortura. Utilicé el mecanismo de la denuncia, porque no tenía facultades para iniciar una querella».
Fríes agrega que la denuncia se hizo al final del gobierno porque fue difícil avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de torturas.
