La Contraloría reconoció que el caso del Sernac se trata de un tema complejo, y que para resolver mejor se optó por prorrogar por 15 días más la revisión.
Este martes 10 de abril los parlamentarios Álvaro Elizalde, Alfonso de Urresti, Yasna Provoste, José Miguel Insulza y Leonardo Soto, ingresaron un dictamen a la Contraloría con el objetivo de que se tome razón del proyecto que fortalecía al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la parte del proyecto que habla sobre la facultad sancionatoria del organismo.
Sin embargo, la Cámara de Diputados, en el oficio que luego envió al Ejecutivo para la promulgación de la reforma, volvió a incorporar en cierta medida la facultad sancionatoria del Sernac, la que había sido declarada inconstitucional por el TC.
Ante esto, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) también ingresó un texto preventivo a la Contraloría para evitar que se promulgara la futura ley considerando el oficio de la Cámara y para que así se haga representación del decreto.
De ser así, el presidente Piñera tendría que enviar todos los antecedentes al TC, por lo que finalmente la decisión quedaría en manos del organismo.
Desde la Contraloría no se habían referido a esta situación hasta hoy. El titular del organismo, Jorge Bermúdez reconoció que el caso del Sernac se trata de un tema complejo, y que para resolver mejor se optó por prorrogar por 15 días más la revisión.
El abogado representante de la solicitud de los parlamentarios, Gabriel Osorio, indicó que esperan que «el Contralor tome razón al respecto, ya que son ellos quienes tienen la función de determinar cual es el oficio que será enviado y considerado» por el Ejecutivo.
A través del documento, los legisladores advierten que «cualquier tipo de interpretación sobre el cuerpo del texto de la sentencia y sobre la existencia de otras inconstitucionalidades diversas a las declaradas expresamente en la parte resolutiva de la sentencia, generaría una grave infracción […] y asimismo, constituye un atentado grave a las facultades que la Constitución ha reservado exclusivamente al Congreso Nacional en el proceso de formación de ley».
