El rector de la UC «es un viejo zorro», este era el comentario generalizado entre los académicos, estudiantes y funcionarios que esperaban la entrega de la toma feminista de la Casa Central. La postal era clara: mientras las estudiantes salían gritando que «va a caer el patriarcado en la UC», Sánchez –la viva imagen del conservadurismo– recibía su universidad sin destrozos y con una parte importante de los puntos base del petitorio aprobada. Para algunos, una muestra de que el autodenominado socialdemócrata «no es lo más recalcitrante de la PUC» y, para otros, un reflejo más de su astucia y muñeca para el arte de la política.
La postal quedó para la historia. Eran las 7:30 de la mañana del día viernes 25 de mayo y la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica amanecía tomada por la asamblea feminista: más de 200 de sus propias estudiantes que ingresaron al histórico edificio, ocuparon y cercaron los patios del “Papa y la Virgen”. Un lugar que representa la cuna de la elite nacional.
“Rector, se tomaron la universidad”, fue la frase que de golpe le dijo uno de los miembros de la FEUC a Ignacio Sánchez. Así se enteró el rector de la histórica toma.
Los ánimos ya estaban caldeados al interior de la PUC antes de ese viernes. El movimiento feminista pegó con fuerza al interior de la cuna del conservadurismo, más aún cuando las estudiantes de Derecho denunciaron públicamente el acoso sufrido por parte de académicos de esa facultad. Sumado a esto, la semana anterior a la toma había habido una ocupación simbólica en la sede de Sociales.
Las estudiantes definitivamente estaban movilizadas, pero el panorama no fue previsto por la rectoría. Es más, a Sánchez lo habrían interpelado durante el Honorable Consejo Superior del día viernes: “¿Cómo no previno esto?”, le habría recriminado un decano.
Esa reunión habría sido una de las más tensas del último tiempo, porque mientras sesionaba la máxima instancia de deliberación de las autoridades de la PUC, las estudiantes esperaban atentas a un inminente desalojo de la toma y los convocados para la “contratoma” comenzaban a agolparse en el patio de la Escuela de Derecho para “defender nuestra universidad”.
Un momento crítico para uno de los rectores más duros del país y que, en los últimos años, se convirtió en la cara visible del conservadurismo, en el “brazo armado” de la Iglesia católica ante la agenda progresista en temas valóricos. Fue un dolor de cabeza para el Gobierno de Michelle Bachelet, cuando operó hasta lograr instaurar –a través del Tribunal Constitucional (TC)– la objeción de conciencia institucional en la Ley de Aborto en tres causales, peleó férreamente contra la gratuidad y, resguardado en la autonomía universitaria, logró torcerle la mano a La Moneda en diversos puntos de la Ley de Educación Superior.
Un rector que, a pesar de esta versión dura e intransigente, logró el fin de semana consensuar con las estudiantes en toma un petitorio de “pisos mínimos” y que, así, la histórica ocupación durara solo cuatro días, terminara con un apretón de manos, sin desalojos, mientras otras universidades ya van a cumplir un mes en toma y movilizaciones. Una jugada maestra para muchos de sus académicos y que dejó demostrado “lo viejo zorro que es”, según recalcó un ex dirigente estudiantil.
Y es que nadie, entre los sectores más progresistas de la PUC, cree que Sánchez haya cambiado su parecer “extremadamente conservador en lo valórico”, sino que simplemente demostró “su pragmatismo y capacidad negociadora”, una vez más intentando mantener la coexistencia de las dos universidades que conviven al interior de la UC. Pero también quienes conocen de cerca al rector y han compartido con él durante su periodo a la cabeza de la casa de estudios, afirman que él no es representante del sector “más recalcitrante del conservadurismo”, sino que esa visión «está en Derecho”.
No muchos recuerdan hoy que, a su llegada a la rectoría de la UC en el 2009, Ignacio Sánchez era visto como una esperanza, alguien más joven y abierto al cambio, en contraste con la figura poco dialogante y conservadora de su antecesor, Pedro Pablo Rosso.
Al igual que Rosso, Sánchez pertenece a la orden de Schoenstatt, pero su diferencia está en que proviene de una línea autodenominada como “cercana a la socialdemocracia” y votante de la ex Concertación. Llegó a la UC con “una mirada moderada al interior de la universidad; finalmente, es hacer cambios en la medida de lo posible”, comentó un académico de dicha casa de estudios a El Mostrador en 2014.
Y es justamente esa mirada estratégica la que habría desplegado en una de las negociaciones más complejas que ha tenido que enfrentar. A diferencia del año 2011, cuando desalojó de inmediato y con Fuerzas Especiales el intento de toma en la Facultad de Humanidades, en esta ocasión, el rector optó por el diálogo y validar a las voceras de la toma como interlocutoras válidas. “Él, a pesar de criticar nuestra forma de protesta, nos validó como estudiantes organizadas, pese a que hay un sector muy poderoso en contra”, comentó una de las estudiantes que participó en las negociaciones.
[cita tipo=»destaque»]Nadie, entre los sectores más progresistas de la PUC, cree que Sánchez haya cambiado su parecer “extremadamente conservador en lo valórico”, sino que simplemente demostró “su pragmatismo y capacidad negociadora”, una vez más intentando mantener la coexistencia de las dos universidades que conviven al interior de la UC. Pero también quienes conocen de cerca al rector y han compartido con él durante su periodo a la cabeza de la casa de estudios, afirman que él no es representante del sector “más recalcitrante del conservadurismo”, sino que esa visión «está en Derecho”.[/cita]
Y es que las críticas y resistencia a dialogar con la toma fue grande al interior de la PUC. No solo desde los militantes del Movimiento Gremial y de los estudiantes de Derecho, sino también desde las autoridades de dicha facultad, incluido el decano Carlos Frontaura.
Pero había otros factores que jugaron a favor. Mario Correa, ex secretario general de la UC y reconocido por ser “violento”, desde el año pasado fue reemplazado por la abogada Cristina Fernández. Eso, sumado a la crisis que vive la Iglesia católica por los casos de abusos sexuales, habrían generado una mayor independencia y margen a Sánchez para negociar con las estudiantes en toma.
Es más, el dato de tener prácticamente anulado en su rol de Gran Canciller a Ricardo Ezzati, debido al desprestigio por su desempeño ante los casos de abuso, también habría ayudado a que el rector corriera el cerco “varios tejos más allá”. Ezzati siempre se habría inmiscuido “más de lo necesario en los asuntos internos de la universidad”, declararon fuentes al interior de la institucionalidad católica.
Sánchez se enfrentó a una negociación peculiar. Él mismo lo reconoció en algunos puntos de prensa. “Funcionan distinto, tienen vocerías rotativas”, señaló. Y es que la forma de organización de las asambleas feministas autoconvocadas, ha traído consigo un verdadero dolor de cabeza para el mundo político institucional, incluyendo a la republicana PUC.
“La idea es evitar que todos los ojos se centren en una dirigencia”, puntualizó una vocera. Es por esta razón que la toma de la UC alcanzó a tener seis representantes distintas, que incluían a la disidencia sexual. Esta rotativa, con horizontalidad orgánica y centralidad en la asamblea como espacio de toma de decisiones –tanto así que la última llegó a durar 12 horas–, trajo consigo un desafío hasta para el reconocido estilo de Sánchez como “hábil negociador”.
Fueron dos las reuniones donde las representantes de la toma conversaron formalmente sobre las demandas. En dichos encuentros, que duraron más de cuatro horas, además de las representantes de la toma y el rector, participaron el director de Asuntos Estudiantiles, William Young, los decanos de Filosofía, Olof Page Depolo, de Educación, Lorena Medina, y de Ingeniería, Juan Carlos de la Llera. Asimismo, estaba María Loreto Massanés, vicerrectora económica de la universidad. Ese fue el espacio formal donde se negoció.
Pero hubo un acercamiento previo. Fue en el patio de comunicaciones, mientras los estudiantes –principalmente de Derecho– comenzaban a ingresar a la parte no tomada de la Casa Central para dar sus pruebas, ir a clases o empezar la “contratoma”. Al costado de una barricada, mientras las movilizadas terminaban de afirmar los cierres, una de las voceras, Ilia Gallo, se sacó la capucha y salió al patio para hablar con el rector.
“Estoy dispuesto a conversar y dar respuestas al petitorio. Lo que sí les pediría es que desalojaran esta toma. No es muy posible tener un diálogo respetuoso si se lanzan sillas y cuando uno les trata de hablar están todos con capucha”, planteó el rector en medio del patio, bajo la mirada atenta de al menos unas 20 personas.
–Me comprometo a comunicarles lo que usted me ha dicho…
–¿Cuál es tu nombre?
–Ilia Gallo.
–Yo soy Ignacio Sánchez, el rector.
–Sí, me sé absolutamente su nombre…
–Entonces, primero no se puede hablar con ustedes encapuchadas…
–Bueno, usted comprenderá que de parte de todas las personas que están participando en esta manifestación hay bastante indignación, vamos a tratar de controlar esa efervescencia y les voy a plantear en el fondo lo que propone.
–Yo estoy disponible para entrar contigo, si tú crees que eso puede ayudar.
–Preferiría que no. Entonces, ¿sin capucha no hay sumario, se queda ese hashtag?
–Sin capuchas no habrá sumarios, siempre y cuando se entregue el edificio.
–Perfecto, o sea, sin capucha no hay sumario.
A pesar del temple que mostró la estudiante y la seriedad de Sánchez durante este diálogo, la presión se hizo sentir en ambos. Y es que no eran solo los estudiantes –algunos bastante enojados– los que observaban ese primer acercamiento, también lo hacían académicos, funcionarios y otras autoridades, incluidas las de Derecho, el grupo más “ultra y conservador” de la PUC.
Es justamente ese grupo nuclear en Derecho UC el que ahora tiene entre ceja y ceja a Sánchez. Los mismos que han aseverado que “no es posible que se siente a dialogar con violentistas”, los mismos que hoy recopilan datos sobre su actuar en la toma y que “sin duda lanzarán una arremetida en contra del rector, no se la darán fácil”, reconoció un académico.
La negociación entre las voceras de la toma y los representantes de la universidad habría sido “intensa, muy intensa”, pero “amable”, de acuerdo a una de las negociantes. “Él fue una persona que cedió bastante. Todos, salvo la vicerrectora económica, María Loreto Massanés, ella era la que tensionaba”, detalló.
Entre los principales avances logrados se ha destacado el reconocimiento del nombre social de los estudiantes transgénero, a través de la generación de una Tarjeta Universitaria con dicha identidad. Este habría sido uno de los puntos más conflictivos, al que Sánchez se habría mostrado más reacio. El acuerdo del día domingo definió que el rector debía enviar un mail a toda la comunidad universitaria anunciando la medida el mismo día, lo que a la autoridad universitaria no le habría parecido, ya que consideraba que solo se debía mandar a las personas interesadas. Finalmente, el correo se envió, aunque no lo firmó el rector Sánchez, sino el encargado de Asuntos Estudiantiles, William Young.
Otro punto tenso habría sido la solución para los cuatro trabajadores y trabajadoras del Campus Oriente. Mientras Sánchez desviaba la vista –cada cierto rato– para estar atento al celular, la vicerrectora económica habría demostrado su oposición a cada solicitud de las estudiantes.
“La vicerrectora económica fue una mujer muy hostil. Cuando hablamos de la violencia con la que nos trataron nuestros compañeros de Derecho, no nos creyó. El tema de la TUC tampoco lo cedía, por el chip del banco. Y el tema del subcontrato lo ponía siempre en duda. Ella no quería ceder ante nada, era la voz de los más conservadores”, relató una de las negociadoras.
En el caso de Marcela López, quien demandó por violencia intrafamiliar a su esposo, un académico y ex decano de Física y Matemáticas de la PUC, no se logró mucho arribar a acuerdo. Las estudiantes querían que el rector pidiera disculpas y despidiera al académico, a pesar de que la causa fue sobreseída por la justicia. Sánchez no cedió y aseguró que esto podría significar una contrademanda por despido injustificado, pero optó por juntarse a conversar con López, aunque sin amarrar las disculpas públicas.
Para el resto de los temas que estaban dentro del petitorio, se dejó establecida la creación de mesas multiestamentales, conformadas por 12 miembros de la comunidad UC. Espacios que sean concluyentes y vinculantes y que no necesitarán de la aprobación del Consejo Superior para llevar a cabo los cambios consensuados.
Aunque no todo fue miel sobre hojuelas. Esto, porque, al mismo tiempo que Sánchez negociaba con las voceras de la toma, el día domingo en la noche, los decanos de la Casa Central recibieron un mail, en el que se les aseguraba que las clases del día lunes se realizarían normalmente, lo que presionó a las negociantes. “Nosotras entendimos que este hombre es un genio, llegó un punto en el que pensamos en que no había manera de presionarlo más. Además, al mismo tiempo, estábamos atrapadas por el tema de Derecho, hasta parecía que estuvieran todos coordinados”, contó una estudiante.
Otro flanco de cuidado que se abrió en el marco de esta toma, es la generación de la “antitoma”, un grupo de estudiantes que se quedó a dormir en la universidad para protegerla de otros estudiantes. No era solo un grupo que pasó la noche, comió pizzas y habría bebido alcohol, sino que fue autorizado por el decano Frontaura, según sinceró el propio Sánchez a las estudiantes de la toma.
Habría sido una dualidad de ataques. Por un lado, el bombardeo estudiantil comandado por la presidenta del CAE, Magdalena Lira, y la Consejera Superior, Javiera Rodríguez, quienes hasta se reunieron con el rector antes de que se iniciaran las negociaciones oficiales con la toma. Y, por otro lado, los académicos de Derecho, quienes bombarderaon a Sánchez con cartas, en las que dejaban en claro que estaría faltando a su deber como rector de la PUC.
La máxima autoridad de la Universidad Católica hasta se habría ido en contra de la resolución del Consejo Superior del día viernes, en donde se definía que no habría negociación de los puntos del petitorio si no se bajaba la toma.
Al interior de los pasillos de la UC no es un secreto que “las autoridades de Derecho están indignadas con el rector Ignacio Sánchez y hasta han amenazando con sacarlo”, afirmó un académico. Y es que son varias las “boletas” que el rector le debe a esa facultad.
Una data de 2012, cuando el profesor de la Facultad de Derecho UC, Cristóbal Orrego, trató de “maricas” a los activistas homosexuales. Ante estas declaraciones, Rolando Jiménez, presidente del Movilh, y un grupo de dirigentes de la FEUC, exigieron una respuesta de parte del rector, la cual –comprobando una vez más su ánimo dialogante– llegó cuando se reunió con ellos, el 3 de agosto de ese año. Tras el encuentro, Sánchez concedió una entrevista a CNN Chile, donde aclaró que “estas declaraciones no representan a la Universidad Católica, menos a la dirección superior”.
Otro hecho, que es recordado como “complejo” al interior de Derecho sucedió el 9 de octubre del 2012, cuando esa facultad llevó a cabo la 13º Jornada “Libertad, Responsabilidad, Sexualidad”, que tenía como título “La no discriminación, sus alcances en la educación”. Era un seminario organizado por la ONG Isfem y el Centro de Estudios para el Derecho y la Ética Aplicada de la PUC.
La causa de la polémica era la presentación del libro Comprender y sanar la homosexualidad, de Richard Cohen, lo que generó rechazó al interior de la casa de estudios. Sánchez afrontó la situación aludiendo a la autonomía de la Facultad de Derecho y la libertad de cátedra.
En la UC sostienen que son amenazas sin mayor fundamento contra el rector, porque Sánchez ya no puede volver a ser reelecto el próximo año cuando concluya su segundo periodo, y este sector ultraconservador –que operó en el mismo Vaticano para que no lo reeligieran en 2014– estaría “bastante golpeado” por la crisis en la Iglesia y por algunas acusaciones en contra de “algunos de sus miembros relevantes”.
Pero “no hay que menospreciar al enemigo”, advierte un antiguo funcionario de la PUC. Y es que este grupo ha estado operando para demostrar su descontento. A través de una carta, el profesor titular de Derecho, Gonzalo Rojas, le señaló al rector que el no desalojo de la toma constituía un “mensaje de debilidad” ante los violentistas, al tiempo que recalcó la necesidad de que se instruyan sumarios para las estudiantes. “Resulta difícil de entender cómo en un clima reivindicatorio de sumarios para los comportamientos inadecuados dentro de la Universidad, este suceso –una toma que es una flagrante y continuada agresión a nuestra convivencia interna– pueda quedar sin investigación y sin sanciones”, escribió.
Por su parte, el también profesor de Derecho, Enrique Alcalde, siguió la misma línea y le recalcó al rector que se había negado a “adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho en nuestra Universidad”, junto con agregar que es “cómplice” y “coautor” del delito flagrante de la toma, la que ha “violado las garantías constitucionales”.
