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En 2017, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra Santiago Valdés por la facilitación de 11 facturas falsas -por 123 millones de pesos- a las empresas Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Ilihue. En todo caso, aún está pendiente la causa en su contra por la presentación de contratos forward irregulares.
Otro más que se salvó. Eso fue lo que pasó con el ex administrador de la primera campaña presidencial de Sebastián Piñera, Santiago Valdés, involucrado en el Caso Penta y que este martes fue sobreseído definitivamente por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
«Ahora #CasoPenta: 8° Juzgado de Garantía de #Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de Santiago Valdés, imputado por delitos tributarios, por la prescripción de la acción penal correspondiente a querella interpuesta e l17 de abril de 2017″, informó el Poder Judicial a través de Twitter.
En 2017, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra el ex administrador de Piñera por la facilitación que en 2010 realizó de 11 facturas falsas -por 123 millones de pesos- a las empresas Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Ilihue.
«Nosotros estamos satisfechos con la resolución, creo que se ha fallado conforme derecho. Siempre hemos insistido en la inocencia de don Santiago Valdés», dijo elabogado defensor Rodrigo Zegers.
Al ser sobreseído por la justicia, Valdés se convirtió en uno más de los involucrados en esta causa que logra zafar penas de cárcel. En enero pasado, la misma corte otorgó al senador Iván Moreira una salida alternativa. $35 millones en 12 cuotas y la fijación de un domicilio, fue la opción que le ofrecieron al también relacionador público.
La defensa del ex asesor presidencial alegó que los eventuales delitos que estaban siendo investigados por la Fiscalía ya habían prescrito, algo que finalmente fue confirmado por la justicia.
Sin embargo, Valdés aún no puede cantar victoria, y es que a pesar de haber sido sobreseído en una de las aristas del Caso Penta, todavía está siendo investigado por la arista principal, debido a la eventual presentación de contratos forward irregulares.
Por otra parte, el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, no descartó la posibilidad de acudir a la Corte de Apelaciones. «La prescripción se discute caso a caso y respecto de cada imputado que tiene sus circunstancias particulares. El tribunal esgrimió un criterio que nosotros, en este caso, no compartimos, pero que evidentemente tiene que discutirse caso a caso a la luz de los antecedentes particulares del mismo», señaló Sepúlveda a Cooperativa.
