PAÍS
La senadora Yasna Provoste y la diputada Cristina Girardi presentaron un requerimiento para acusar de tendenciosa la Cuenta Participativa 2018 del Ministerio de Educación, porque a juicio de ambas «contradice cuerpos legales vigentes, realizando afirmaciones osadas que señalan que la cartera implementará acciones que derechamente son ilegales, tales como volver a permitir el Copago».
Este martes las presidentas de las comisiones de Educación, la senadora Yasna Provoste, y la diputada Cristina Girardi presentaron un requerimiento ante la Contraloría por presuntas irregularidades en encuesta elaborada por el Ministerio de Educación.
Esto porque dicha cartera debe implementar las 29 leyes que aprobó el gobierno de Michelle Bachelet y entre las normativas a aplicar está la de Inclusión. Precisamente es en este punto que el Ejecutivo asegura ha puesto mayor énfasis a través de su Cuenta Pública, temática que además está contemplada en su sitio web bajo la consulta pública que ya se encuentra disponible como «Cuenta Participativa 2018».
En dicha web, se puede acceder a una encuesta, en la que se invita a los ciudadanos a entregar su opinión respecto a las políticas que implementa el Ministerio de Educación. Dicha sección no pide identificar a la persona con su RUT o nombre y, sin embargo, la web permite que desde una misma conexión o equipo, se responda las encuestas tantas veces como un usuario quiera, lo que sería por ejemplo, una de las irregularidades que critican las parlamentarias.
En el documento, además acusan que «se está utilizando una web pública para entregar opiniones políticas y críticas a leyes aprobadas y vigentes en nuestro país».
Para Provoste y Girardi, firmantes del requerimiento, la encuesta de la “Cuenta Participativa 2018” presenta irregularidades en tres aspectos. «Primero, con los enunciados, un servicio público contradice cuerpos legales vigentes, realizando afirmaciones osadas que señalan que el Mineduc implementará acciones que derechamente son ilegales, tales como volver a permitir el Copago, establecer un sistema de admisión no aleatorio o prorrogar más allá del plazo legal el traspaso de los establecimientos educacionales dependientes de las Municipalidades a los Servicios Locales de Educación», indican.
En esa línea, critican que «por medio de un servidor, financiado con recursos fiscales, se realiza una encuesta con presupuestos sesgados. Desconocemos la forma en que dicha encuesta se confeccionó y si se realizó a través de algún mecanismo de compra pública o de convenio con alguna institución externa al Ministerio de Educación. Solicitamos al órgano Contralor que audite los recursos involucrados en su realización».
Y por último, apunta que «nos cabe el convencimiento que dentro de una cuenta pública participativa, los ciudadanos tienen el derecho a ejercer sus observaciones, pero de modo libre y sin ser sus respuestas dirigidas por Servicio Público alguno, tal como se presenta en el caso que venimos a exponer en éste requerimiento».
