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A la salida de la sesión de ayer de la comisión investigadora del Crédito con Aval Estatal, la diputada del FA indicó que “se ha acreditado en esta comisión el altísimo costo del mismo, que ha tenido como contracara un significativo endeudamiento por parte de los estudiantes, en condiciones abusivas”.
La parlamentaria frenteamplista se mostró preocupada a la salida de la sesión de este lunes de la comisión investigadora del Crédito con Aval de Estado: “Se ha acreditado en esta comisión el altísimo costo del mismo, que ha tenido como contracara un significativo endeudamiento por parte de los estudiantes, en condiciones abusivas” y, agregó, “a ello, se le suma cuantiosas ganancias para los bancos, con cargo al Estado, y un crecimiento inorgánico de la matrícula, concentrada en instituciones privadas, muchas de ellas cuestionadas por su calidad”.
La respuesta estaba dirigida al ministro de Educación, Gerardo Varela, quien fue requerido por segunda oportunidad por la instancia. En la ocasión el titular de la cartera evaluó que “el CAE fue un éxito, dado que permitió una expansión acelerada de la matrícula en educación superior”. Sin embargo, estima que “ya ha cumplido una etapa, por lo que es necesario modificarlo, quitando a la banca, porque ello ha hecho más costoso para el Estado la mantención de este sistema”.
Consultado por el hecho de que la expansión de la matrícula se haya concentrado en instituciones privadas, muchas de las cuales se han visto involucradas en acreditaciones cuestionadas, señaló que “ello se debe a que se había dejado de discriminar a las mismas, y que hay que confiar en el sistema de acreditación”. Consultado por los abusos y agobios que sufren los deudores educacionales, sostuvo que esta era “es una situación casuística, por lo tanto, poco significativa”. De este modo, Varela justificó la retención de impuestos, ingreso a Dicom, pagarés en blanco y mandatos irrevocables debido la seguridad que debe tener el Estado como aval del pago efectivo del crédito, para su cobro.
Sebastián Weinborn, patrocinante de las demandas por inconstitucionalidad del CAE, rebatió al Ministro. Planteó que la Justicia ha fallado en diez ocasiones en favor de la inaplicabilidad del artículo 17 de la ley del CAE, que establece la posibilidad de retener impuestos por este concepto. Esto porque “la retención no media un debido proceso, no incorporando incluso instancia de apelación”, afirmó, convirtiéndose en un caso excepcional y siendo parte de una demanda internacional en la CIDH.
Por su parte, el abogado Belisario Prat asesor de la organización Deuda Educativa, detalló las cláusulas abusivas e ilegales del crédito. De este modo, hizo mención a que “dichas cláusulas son prohibidas por la ley del Sernac financiero y hoy solo los deudores educacionales se ven perjudicados por dichas condiciones”. Es por ello que se han presentado 6 demandas colectivas, en representación de miles de endeudados.
Rojas remata con una interpelación: “son injustificables las condiciones actuales del CAE. El artículo 17 es inconstitucional, la Tesorería está siendo la cobradora directa de los bancos. Los dineros recaudados van a cubrir comisiones e intereses mientras que la deuda no baja. Como comisión solicitaremos al MINEDUC, la Comisión Ingresa, la Superintendencia de bancos que puedan referirse a las cláusulas abusivas y la retención de impuestos y su rol en dicha situación”. “Es sumamente preocupante que el proyecto del gobierno mantenga muchas de estas condiciones (deducción de remuneraciones y retención de impuestos)”, remató.
