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El senador PPD y la Plataforma por un Aborto Seguro y Legal exigieron que se aplique Ley Zamudio a los agresores de la sexta marcha por Aborto Libre y anunciaron que impulsarán una reforma constitucional que permita disolver a los movimientos que incitan al odio y se castigue penalmente a sus integrantes.
El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado y autor del proyecto de ley por un aborto libre, junto a la Plataforma por un Aborto Seguro y Legal, exigieron que se aplique Ley Zamudio a quienes atacaron a las mujeres que participaban en la sexta marcha por el Aborto Libre y anunciaron que pedirán al Ejecutivo respaldo a una reforma constitucional que permita disolver a los movimientos que incitan al odio y sancionar penalmente a sus integrantes.
El parlamentario señaló que “queremos realizar un debate sobre el aborto libre, porque las mujeres no son interdictas cuando están embarazadas, y no nos vamos a amedrentar, ni dejaremos que amedrenten a quienes quieren discutir esta materia, por quienes creen tener una supremacía valórica y que pueden incitar al odio para imponer su visión de la realidad”.
El senador afirmó que “además de plantear que se aplique la Ley Zamudio, junto con otros parlamentarios, trabajaremos una reforma constitucional para modificar el artículo 23 de la Carta Fundamental y se establezca que movimientos que incitan al odio se puedan disolver y sus integrantes deban cumplir penas de cárcel”.
Girardi recordó que en 2010 “junto con la ex senadora Lily Pérez y el entonces senador, hoy ministro del Interior, Andrés Chadwick, presentamos un proyecto tipificando el delito de incitación al odio y me parece muy importante restablecer esa conversación (…) porque las controversias se deben resolver de manera pacífica”.
El senador PPD dijo que el próximo lunes serían recibidos por el ministro Chadwick, “y le vamos a pedir al Ejecutivo respaldo y urgencia para esta reforma constitucional y también que carabineros cumpla un rol más activo en defender las movilizaciones pacíficas y autorizadas frente a ataques de neonazis o violentistas. Chile tiene que ser un país seguro donde se pueda expresar la diversidad de opiniones sin correr riesgo de ser acuchillados o sufrir violencia”.
