“¿Por qué negarle a alguien que recurra a ese derecho?”, dijo el ministro de Justicia, justificando la controvertida decisión de la Sala Penal que concedió la libertad a 7 condenados por delitos de lesa humanidad. Además, pidió “respeto” por la Corte Suprema.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dio todo su respaldo a la Sala Penal de la Corte Suprema de conceder libertades condicionales a 7 reos de Punta Peuco y Colina 1 condenados por graves violaciones de derechos humanos.
“Si la ley lo permite, ¿Por qué negarle a alguien que recurra a ese derecho? Y si el juez considera que corresponde, ¿Por qué cuestionar su decisión?”, dijo este jueves el secretario de Estado.
“En Chile tenemos que entender que las instituciones, sobre todo del nivel de la Corte Suprema, requieren de respeto de su funcionamiento. Respetamos y entendemos que son los tribunales los que resuelven la interpretación de las leyes (…) No me corresponde a mi juzgar la exactitud del fallo con respecto de la norma, porque esa es la labor que le corresponde de forma soberana a los jueces”, añadió el ministro.
A juicio de Larraín, la decisión de la Sala Penal no sienta un precedente ni instala una doctrina, planteando que “en Chile, lo que dictamina un juez es obligatorio solo para el caso, no fija una ley general para el futuro. Por eso en muchas materias las interpretaciones van cambiando en el tiempo”.
En tal sentido, añadió que “por cierto, no hay una doctrina uniforme en el tiempo, en ningún tribunal en el mundo. Un día pueden fallar en un sentido y al otro, en otro sentido. Lo importante es ir estableciendo criterios permanentes. Y creo que la corte en uno y otro fallo ha ido haciendo”.
En esta línea, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito indicó además que la resolución de la Segunda Sala no responde necesariamente a un criterio que seguirán todos los jueces, ya que “cada sala va funcionando de manera independiente. No sé si será una tendencia definitiva, hay que estar atento a como se está produciendo este debate”.
Cabe recordar que ayer, el ministro integrante de la Sala Penal Hugo Dolmestch, se refirió a este punto que no hay una nueva doctrina en materia de DDHH, pero señaló que en cuanto a futuras resoluciones en estos temas “por supuesto que lo más probable es que se aplique la misma decisión” que la que favoreció a 7 condenados por violaciones de derechos humanos que cumplen pena en Punta Peuco.
Los nuevos fallos del máximo Tribunal de Justicia fueron duramente criticados por organismos defensores de los derechos humanos, y desde el Partido Socialista se advirtió que se podría interponer una acusación constitucional contra los ministros.
Los beneficiados con las resoluciones de la Suprema son Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán (condenado por el Caso Berríos), José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, implicados en torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad, además de Emilio de la Mahotiere, condenado como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, y de Moisés Retamal Bustos.
