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Con un oficio fiscalizador, el parlamentario DC exigirá respuestas tras la seria denuncia expuesta por El Mostrador sobre este hospital donde pacientes con cáncer de mama recibieron su tratamiento de quimioterapia de forma irregular. “Aquí fuera de los incumplimientos administrativos y que el propio hospital aparezca recibiendo beneficios financieros por parte de la ley GES, lo sustantivo al final del día es que se puso en riesgo la vida de chilenas”, precisó.
Una solicitud a la Contraloría para que realice un sumario administrativo en el hospital San Borja Arriarán por incumplimiento a los protocolos de la Ley Auge en tratamientos oncológicos ingresó el diputado Gabriel Silber (DC).
La petición del parlamentario falangista -a través de un oficio fiscalizador- dice relación con el reportaje de El Mostrador, donde médicos del recinto asistencial asumen que la aplicación de medicamentos oncológicos en decenas de pacientes no se está cumpliendo según el protocolo y la situación puede afectar los ciclos de tratamiento. Asimismo, pese a que pidieron que se investigara, las autoridades del hospital archivaron la causa.
Según consta en la denuncia, en lugar de recibir el tratamiento de quimioterapia por vía venosa central –que es lo que establece el Auge–, se utilizó la vía periférica, una opción menos segura y más dolorosa.
“La vía empleada es más dolorosa e implica la hospitalización en cada dosis, con las complicaciones que significa la espera de una hora y cama de hospitalización y que a la postre significa un desfase en su administración, lo que para esta enfermedad es altamente complejo y puede significar incluso la muerte de las pacientes, además de los inconvenientes físicos por administrar la concentración de químicos en venas que son más estrechas que lo indicado en el protocolo”, indica el parlamentario.
A juicio de Silber, “esta falencia en el protocolo es de gravedad, ya que al Hospital, vía AUGE, se le entregan recursos e insumos para ser utilizados de acuerdo con el protocolo, y su no cumplimiento por razones arbitrarias del mismo hospital significa subutilización de recursos que no ha sido facultado por la ley y que afecta en forma seria la integridad física y el derecho a la salud de las personas que se atienden en el hospital”.
El diputado anunció que también se ingresará una solicitud de auditoría contable para cuantificar los montos que ingresaron a las arcas del hospital por este concepto, sin embargo es enfático en que “más allá de perseguir responsabilidades administrativas o financieras, porque el Fisco pagó lo que corresponde al hospital por la vía de la cobertura GES, lo sustantivo es indagar qué pasó efectivamente con esas personas, cuyos ciclos o intervalos de tratamiento oncológico fueron alterados por esta vía que los médicos aplicaron de manera muy discrecional y caprichosa, y aparte del menoscabo a la dignidad de los pacientes, los pusieron en riesgo”.
“Aquí fuera de los incumplimientos administrativos y que el propio hospital aparezca recibiendo beneficios financieros por parte de la ley GES, lo sustantivo al final del día es que se expuso efectivamente en riesgpo la vida de chilenas”, insistió.
Respecto al caso también se ha referido el ministro de Salud, Emilio Santelices, quien dijo que los hechos denunciados en El Mostrador son “de la máxima gravedad” y que de comprobarse la falta, se debe “poner en resguardo a los pacientes afectados y perfeccionar las prácticas clínicas”.
Con este oficio de fiscalización, se espera que en un plazo de 30 días la Contraloría ordene los sumarios respectivos y se designe el fiscal correspondiente para indagar el tema. “Esperamos que la Contraloría sea proactiva en indagar las responsabilidades ya sea del punto de vista administrativo como de otras respecto a decisiones que se tomaron al interior del hospital”, finalizó el diputado.
