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El beneficio para los condenados por delitos de lesa humanidad es el nudo de la discusión que llevan los senadores y diputados de la Comisión Mixta. Gobierno llegó a la instancia parlamentaria con una propuesta “alternativa” que apela al Estatuto de Roma y a la “igualdad ante la ley”.
Ante los senadores y diputados que integran la Comisión Mixta que analiza el proyecto que regula la Libertad Condicional, el Gobierno develó su propuesta que en definitiva abre la puerta de la vía legal para que los condenados por violaciones de derechos humanos puedan acceder a la libertad condicional.
Cabe recordar que en la Cámara de Diputados, los parlamentarios ingresaron una indicación que establece que “a las personas condenadas por los delitos comprendidos en la Ley N° 20.537 no se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional”. La redacción precisa además que los hechos punibles deben haber ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 marzo de 1990, precisamente durante la dictadura cívico-militar, y que los autores deben haber actuado en calidad de “agentes del Estado”, entre otros.
Ante la Comisión Mixta, el Gobierno propuso corregir este punto introducido en la Cámara, dejando establecido por ley que los condenados por la Ley 20.537 “podrá postular a este beneficio cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena”, echando mano a una argumentación que sigue la línea de los «supremos» que aprobaron las libertades condicionales de represores de Punta Peuco basándose en el Estatuto de Roma.
«Nosotros estamos haciendo una propuesta alternativa (…) el derecho internacional de los derechos humanos establece que es posible otorgarle la libertad condicional bajo ciertas circunstancias. El Estatuto de Roma otorga posibilidad de rebaja de penas y eso es mucho más exigente que entregar un beneficio como la Libertad Condicional. Si lo establece con los dos tercios (de cumplida la condena), bajo ciertas condiciones, con mayor razón pensamos que es posible otorgar bajo circunstancias el beneficio de la libertad condicional a personas condenadas incluso por delitos de lesa humanidad”, comentó el ministro de Justicia Hernán Larraín.
De acuerdo al presidente de la Comisión Mixta, el DC Francisco Huenchumilla, en los próximos diez días se debe resolver definitivamente el proyecto, aunque admitió que justamente el punto crítico de esta discusión es el “ámbito de aplicación respecto de los delitos de lesa humanidad y el ámbito temporal que ello abarcaría”. Cabe recordar que la instancia parlamentaria estuvo detenida por más de un año y medio, y fue reactivada hace una semanas tras la polémica surgida por las libertades condicionales otorgadas por la Sala penal de la Corte Suprema a condenados por violaciones de los DDHH.
De acuerdo a la presentación efectuada por Sebastián Valenzuela, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia ante la Comisión Mixta, para que los ex represores puedan acceder al beneficio, deben cumplirse algunos factores, entre los que se cuenta “el deterioro de su estado de salud física o mental o su edad avanzada”.
Otros criterios a tomar en cuenta para otorgar el beneficio es si el “condenado ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la investigación”, como la confesión espontánea; o como cuando “acrediten por cualquier medio idóneo que ha aportado antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en otras causas criminales”.
Según el ministro de Justicia, todas estas son consideraciones “objetivas” y así no se incluyen figuras como el arrepentimiento por considerársele subjetivo. “Lo propuesto por la Cámara plantea un problema de igualdad ante la ley. Por ejemplo, un policía o agente de la DINA que hubiera cometido un homicidio simple, no tendría derecho a la libertad condicional. Pero un particular cualquiera que hubiera cometido violación con homicidio sí tendría ese beneficio”, finalizó el ministro.
