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La acción judicial será presentado en los próximos días, y buscará principalmente “que el Estado tome las medidas necesarias para proteger el derecho de la población a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y otros derechos conexos”. La directora Consuelo Contreras anunció además la realización de una misión de observación en Quintero para evaluar en terreno los efectos de la contaminación en el goce de derechos de los habitantes.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, anunció la presentación de un recurso de protección para resguardar los derechos de los habitantes de Quintero ante la grave situación que contaminación que se vive en ese sector.
La acción judicial será presentado en los próximos días, y buscará principalmente “que el Estado tome las medidas necesarias para proteger el derecho de la población a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y otros derechos conexos”.
Además, Contreras anunció la realización de una misión de observación en Quintero para evaluar en terreno los efectos de la contaminación en el goce de derechos de los habitantes.
La directora del INDH agregó que la misión de observación se realizará a partir del 11 de septiembre, dado que Quintero “es una zona saturada y de mucha preocupación para el INDH”.
“La misión –se suma a la ya realizadas en 2011 Quintero-Puchuncaví- y en otras zonas del país ante conflictos socioambientales. Nos constituiremos en Quintero para reunir información a través de reuniones con los diferentes sectores involucrados, con el fin de poner al servicio de la comunidad espacios para la resolución de los conflictos, y nosotros fijar los estándares de derechos humanos para superar la situación”, sostuvo.
Respecto a los objetivos del recurso de protección, ejemplificó que sería importante contar con una medición estatal sobre los índices de contaminación de las empresas que operan en Quintero, de manera de conocer el real impacto que sus actividades tienen en la población “ya que si bien cada una mide sus emisiones, no hay una evaluación del impacto conjunto de las operaciones de las empresas”, anunció la directora.
Mapa de conflictos socio-ambientales 2018
El principal anuncio del INDH fue la publicación del Mapa de conflictos socioambientales 2018 en el cual –por medio de una interfaz digital- se dan cuenta de 116 puntos de conflictos a lo largo de todo el país, además de 31 otras situaciones que fueron archivadas para que quede registro de ellas.
Para recopilar los conflictos, el INDH los definió como aquellas disputas entre diversos actores –personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas, y el Estado–, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas.
Entre los criterios utilizados para identificar los conflictos se encuentra su carácter de controversia pública entre dos o más actores identificables, la existencia de acciones (recursos judiciales, protestas, cartas públicas, etc.) para hacer prevalecer sus intereses o visibilizar sus posiciones y la disponibilidad de al menos un registro del conflicto en algún medio de comunicación.
De esta manera en el Mapa se despliegan –por ejemplo- 63 conflictos activos, 30 latentes y 23 cerrados, cuyas causas son: lugar de la explotación o exploración, 80 casos; residuos, emisiones e inmisiones: 49 casos; uso y/o contaminación de recursos naturales, 17 casos.
Los principales sectores productivos asociados a los conflictos son: energía: 56 casos; minería: 45 casos; pesca y acuicultura: 7 casos; forestal: 5 casos; y agropecuario: 4 casos.
Para la directora Contreras “el Mapa de Conflictos es una llamada de atención a la sociedad en general respecto de los conflictos socioambientales, desplegados de una manera amigable, para visibilizarlos, para que las comunidades, los/as investigadores, la prensa, y otras instancias puedan conocerlos y darles seguimiento”.
