PAÍS
El influyente sacerdote de los Legionarios de Cristo vive horas clave, dado que un decreto de la Subsecretaría del Interior determinó su expulsión de Chile una vez cumplidos los 4 años de sentencia. Su abogado se aferra a una interpretación, mientras el representante de las víctimas sostiene que “no hay ninguna justificación para que se mantenga en el país».
“Una sola cosa, no soy pedófilo, por más que esté en el recuerdo”. Esa fue la breve declaración a Chilevisión de John O’Reilly, el sacerdote que cumplió condena bajo el régimen de libertad vigilada por el delito de abuso sexual contra una menor de edad del colegio Cumbres y ahora debe abandonar el país de acuerdo a un decreto de la Subsecretaría del Interior.
El influyente sacerdote de los Legionarios de Cristo reside en Chile desde 1985 y se convirtió en un hombre poderoso con fuerte ascendiente en las elites políticas y empresariales del país. En 2008, recibió de parte del Congreso la nacionalidad chilena por gracia, pero en 2014 todo dio un giro radical y terminó siendo condenado por abusos sexuales por un caso. En su contra hubo otras denuncias, pero esa fue la única que pudo acreditarse.
En mayo de 2017 la Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado por su defensa para evitar su expulsión del país y la Subsecretaría del Interior emitió un decreto para que, una vez cumplidos los 4 años de sentencia, abandone Chile.
Si bien se esperaba que las 72 horas para abandonar el país corría una vez cumplida su condena –vale decir a partir del lunes- el abogado del religioso, Cristián Muga, explicó que este plazo no está a firme. «El plazo de 72 horas para abandonar el país se cuenta desde el cumplimiento de la condena, y el cumplimiento de la condena está determinado por una resolución judicial que así la declara, y esa resolución no se ha dictado (…) Hay una confusión entre lo que es el plazo de condena, que ocurre hoy, con dos etapas posteriores «, señaló el defensor a TVN.
Sin embargo, el abogado de las víctimas, José Ignacio Escobar, descartó que exista algún recurso de amparo para evitar la expulsión y recalcó que «el decreto que lo conmina a abandonar el país ya fue revisado por la Corte Suprema, por lo tanto, respecto a esa decisión está a firme y no se ve ninguna razón por la cual debería revisarse esa decisión y cambiarse el criterio».
Es más, recordó –en declaraciones a Radio Cooperativa- que «su nacionalidad por gracia fue revocada con ocasión de esta condena, razón por la cual no hay ninguna justificación para que se mantenga en el país».
