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Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores de Penta, realizarán el curso de ética empresarial en la Escuela de Postgrado de la Universidad Adolfo Ibañez (UAI), las cuales cuestan 30 millones de pesos y deberán pagar de su bolsillo.
El fiscal regional metropolitano, Manuel Guerra, manifestó sus dudas sobre las clases de ética que deberán tomar los dueños del grupo Penta luego de ser condenados por delito tributario.
A su juicio, estas clases no son eficaces y más bien son «testimoniales».
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores de Penta, realizarán el curso de ética empresarial en la Escuela de Postgrado de la Universidad Adolfo Ibañez (UAI), las cuales cuestan 30 millones de pesos y deberán pagar de su bolsillo.
«Muchas veces hay una distancia importante entre el sentir ciudadano y la realidad de lo que impone la ley», sostuvo Guerra.
El persecutor reconoció que «nosotros estamos para aplicar la ley vigente y la sensación de impunidad es algo que nosotros no podemos abordar directamente. Si nuestro deber es investigar aquellas conductas que se denuncien y que en ese caso se hizo. Tengo mis dudas que las clases de ética sean eficaces, que surtan algún efecto real. Muchas veces esas cosas son más bien testimoniales que reales».
Además, respecto al futuro de Penta, Guerra señaló que «queda una parte relevante que termine. Nosotros formulamos acusación y ese caso hoy está paralizado por una resolución de la Corte de Apelaciones», refiriéndose a a que todavía falta por revisarse un procedimiento abreviado que enfrentó el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.
«Nosotros vamos a ir por que se condene a las personas jurídicas de empresas Penta, como también a las firmas que eran de propiedad de Hugo Bravo, y lo mismo perseguimos respecto de un grupo importante de ejecutivos de Empresas Penta. Respecto de lo que ya ha ocurrido, se han ido dictando sentencias condenatorias», dijo.
