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Crédito: Agencia UNO
La Policía de Investigaciones junto a dos fiscales allanaron dependencias de la Enap en la Región del Biobío, con el fin de agotar la línea de investigación que relaciona una emergencia ambiental en Talcahuano con lo ocurrido en la Quinta Región, eventualmente por la descarga de crudo proveniente del Medio Oriente. Si bien la estatal asegura que sus procedimientos se ajustan a las normas vigentes y la descarga no tiene ninguna relación con episodios de contaminación, los querellantes por los casos de intoxicaciones en Quintero lanzan sus sospechas sobre el producto conocido como el Iranian Heavy, un cargamento que llegó a Chile como parte de pago de una deuda de la petrolera iraní, pero que posee altas concentraciones de ácido sulfhídrico. [ACTUALIZADA]
En la mañana del lunes, la fiscal adjunta de Talcahuano Ana María Aldana, especialista en investigar delitos ambientales, y su colega de Valparaíso Mauricio Dünner, participaron junto a detectives de la PDI de una diligencia en las oficinas de la refinería de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) en Hualpén.
Los policías, junto a los funcionarios del Ministerio Público, inspeccionaron el laboratorio de la refinería en busca de documentos y archivos que puedan ayudar en la investigación que busca establecer si existió un nexo entre el trasvasije de más de 80 mil metros cúbicos de petróleo el 3 de agosto de este año desde el Monte Toledo, un barco procedente de Irán con bandera portuguesa, hacia el Cabo Victoria, propiedad de Enap y que, luego de obtener su contenido, navegó hacia el norte. Precisamente, hacia el eje industrial de Quintero y Puchuncaví, donde se registró una emergencia por contaminación del aire a fines de ese mes.
La empresa confirmó la diligencia, pero consideró que la acción fue sobredimensionada. “Sin perjuicio de las actuaciones que pueda adoptar la Fiscalía, creemos que esta medida es desproporcionada, pues los antecedentes incautados han estado siempre a disposición del Ministerio Público, y la actitud permanente de la empresa ha sido colaborar y aportar con la información solicitada en esta y cualquier otra investigación. Nos preocupa que el Ministerio Público concentre sus esfuerzos en Enap, en vez de indagar en los fenómenos multicausales y ajenos a la empresa, que explican los episodios de contaminación que se investigan”, afirmaron en un comunicado.
Desde la petrolera estatal insistieron en que sus procedimientos se ajustan a las normas vigentes y que este procedimiento de descarga no tiene ninguna relación con episodios de contaminación, ni en Talcahuano ni en Quintero.
“El trasvasije se efectuó utilizando ductos completamente herméticos, con permanente monitoreo ambiental en línea. En ninguna de las maniobras se detectó algún tipo de anomalía, lo cual fue corroborado oportunamente por las autoridades regionales y por el personal autorizado por la Armada, que supervisó y autorizó el proceso”, señala la estatal.
Por último, y a pesar de que en el Ministerio Público buscan agotar todas las líneas de investigación para determinar quiénes fueron los responsables de la emergencia en Quintero, en ENAP enfatizaron que la empresa no tiene ninguna responsabilidad porque a la fecha de la emergencia (24 de agosto), cuando cientos de personas llegaron buscando atención médica por síntomas de intoxicación, sus faenas estaban detenidas o finalizadas. Además, puntualizan, los casos aumentaron en septiembre, cuando sus operaciones estaban paralizadas.
Pero lo singular de este “alije”, como se conoce el proceso de traspaso de crudo, es que el contenido correspondía a un petróleo conocido como Iranian Heavy, que posee concentraciones de ácido sulfhídrico más altas que los estándares normales con los que operan las refinerías en Chile. Informados de ello, las autoridades marítimas de la región postergaron la autorización para el proceso, desde el 1 al 3 de agosto. La descarga se realizó a la altura de Punta de Parra, en la bahía de San Vicente.
La operación, según confirmó Enap, se realizó sin inconvenientes. Pero coincidió con que la tarde del 4 de agosto un episodio de contaminación del aire obligó a evacuar el Mall Plaza El Trébol y un centro asistencial adyacente, la clínica Biobío en Talcahuano. La empresa inmediatamente descartó que tuviera alguna relación con el incidente de contaminación, cuyo origen no era gas, según lo confirmó la autoridad ambiental de la Octava Región.
Luego, el Cabo Victoria viajó desde San Vicente hasta la bahía de Quintero, donde debía descargar el contenido de petróleo en la refinería, operación que coincide con el mantenimiento de los tanques y que ha sido cuestionada como posible origen de la emergencia.
Según la querella presentada a nombre de 689 personas habitantes de la zona de Quintero y Puchuncaví, el contenido del carguero era petróleo de origen iraní, conocido como Iranian Heavy, “el cual no es permitido en múltiples países debido a sus altas concentraciones de ácido sulfhídrico, conteniendo más de 100 partes por millón, muy lejos de los estándares del tipo de calidad de crudo que se procesa normalmente en nuestro país”, plantea el texto del recurso.
La acción legal consigna que la recalada del Cabo Victoria coincide con la emergencia ambiental en Quintero, una tesis que la compañía descarta, pero que los fiscales siguen investigando como un posible hecho relacionado con el incidente en Talcahuano. “Conforme consta en el itinerario de la nave Cabo Victoria, obtenido desde Vessel Finder, se señala que la nave luego de dejar San Vicente debía recalar en Quintero con fecha 28 de agosto de 2018, para seguramente llegar hasta el terminal de Enap de la localidad, fecha en que extraña o curiosamente es la misma época en que sucedieron los episodios de contaminación masiva en las comunas de Quintero y Puchuncaví, lo cual se debe tener sin duda en cuenta como eventual causal del fenómeno”, afirma la querella.
Pero hay otro dato ilustrativo que contiene la querella, declarada admisible a comienzos de diciembre por el Juzgado de Garantía de Quintero y patrocinada por el abogado Remberto Valdés.
“Fuentes de la misma estatal Enap reconocen su sorpresa de adquirir petróleo de estas características, considerado de menor calidad, pero se reconoce que obedece al pago de una deuda que la estatal petrolera iraní tendría con Chile, por un bloque explorador, y que el pago ascendería a unos 40 millones de dólares, lo que representa el envío de dos o tres barcos más con el mismo tipo de crudo, generando preocupación el hecho de que aquel puede ser el causante de estos episodios tan preocupantes que se han generado en la localidad de Quintero”, dice el texto.
En efecto, en 2008, Enap formó parte de un consorcio con Repsol de España, OMV de Austria y la National Iranian Oil, la estatal petrolera iraní. Dentro de las condiciones del acuerdo estaba la opción de retirarse y recuperar lo invertido. ENAP lo hizo, pero las sanciones comerciales internacionales establecidas por Estados Unidos contra Irán impidieron que se concretara la devolución.
Luego de levantarse las sanciones, durante el gobierno de Barack Obama, el acuerdo con la estatal iraní es que parte de la deuda con su par chilena sería pagada con un cargamento de crudo, que fue el que desembarcó en las costas de la Octava Región.
