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Crédito: Agencia UNO
“Nos asiste la más profunda convicción que la educación es un derecho y no es una industria, y por lo tanto, no puede moverse con los valores del neoliberalismo”, aseguró la senadora DC Yasna Provoste.
La presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste (DC), junto con los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Jaime Quintana (PPD), Carlos Montes (PS), la diputada Camila Rojas (Comunes) y la Agrupación Deuda Educativa ingresaron un proyecto de ley que asegura una educación sin Dicom.
La iniciativa prohíbe que cualquier deuda contraída para estudiar, desde la educación preescolar a la superior, aparezca consignada en el registro del sistema de deudas comerciales morosas o impagas conocido como Dicom. Y, además, obliga a borrar de los registros a los actuales morosos.
“Presentamos un proyecto de ley que modifica la ley sobre protección de la vida privada con el objeto de prohibir que aparezcan en los informes comerciales todas las deudas contraídas, con el objeto de financiar la educación a lo largo de todo el sistema escolar y educacional”, puntualizó la legisladora DC.
Al respecto, la parlamentaria explicó que como autores de esta iniciativa “nos asiste la más profunda convicción que la educación es un derecho y no es una industria, y por lo tanto, no puede moverse con los valores del neoliberalismo. En ese sentido, creemos que todos aquellos que han hecho un esfuerzo importante en materia educacional no pueden estar en los registros comerciales por morosidad en ningún informe. Y que dicha situación signifique no acceder a otros beneficios sociales a lo largo de la vida”.
“Estamos convencidos que el Crédito con Aval del Estado ha sido una fórmula que en un momento determinado se consideró como un alternativa de financiamiento, pero hoy el Estado ha hecho un esfuerzo claro y contundente en materia de gratuidad, por lo mismo, dicha deuda es injusta y este proyecto de ley que hemos presentado es en parte una pequeña reparación que hacemos a las familias y a los jóvenes que hoy día tienen deudas a lo largo de todo el sistema educativo. De tal manera que todos los deudores del CAE 1, el CAE 2.0, deudores Corfo, deudores del Fondo Solidario y cualquier otra deuda educativa en el sistema, no se podrá informar en los registros comerciales, tal como ocurre en el día de hoy para las deudas que los ciudadanos tienen con servicios básicos”, detalló la senadora Yasna Provoste.
Por su parte, Juan Pablo Rojas, vocero de la Agrupación Deuda Educativa, indicó que “el proyecto viene a solucionar uno de los aspectos más oscuros y más nefastos que tienen las deudas por educación y no nos referimos solo al CAE, sino que también al crédito Corfo y al Fondo Solidario, porque hoy en Chile existen 2 millones de jóvenes endeudados con el sistema de educación superior”.
“Es una situación que tiene en la muerte financiera a jóvenes que muchas veces no pudieron terminar su carrera y a profesionales que por las condiciones del campo laboral no han podido pagar y hoy están atrapados en el informe comercial (Dicom) que les corta las alas incluso para arrendar un departamento o para comprar una casa”, agregó el dirigente.
