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“No nos podemos dar el lujo de estar frente a un funcionario público que adquiere un patrimonio de tal envergadura y no hay, hasta el momento, una justificación plausible de ello”, dijo el diputado gremialista Álvaro Carter, luego que un reportaje de El Mostrador reveló esta semana que Ronaldo Bruna, previo a su llegada a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), adquirió en el plazo de solo un año y mediante créditos hipotecarios simultáneos, en 7 entidades financieras distintas, un total de 27 departamentos. Desde el gremialismo indicaron que «estas transacciones generan muchas dudas que requieren ser subsanadas», por lo que exigieron una investigación a fondo.
El abultado patrimonio del superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, no ha dejado indiferente a un grupo de personeros políticos de Chile Vamos.
Un reportaje de El Mostrador reveló esta semana que Bruna, previo a su llegada a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), adquirió en el plazo de solo un año y mediante créditos hipotecarios simultáneos, en 7 entidades financieras distintas, un total de 27 departamentos, todos en el centro de Santiago, con un avalúo fiscal de $883,9 millones, mientras se desempeñaba como jefe de la División de Investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y, luego, como jefe de asesores del Ministerio de Transportes, en la era de Gómez-Lobo.
Ante la evidencia, desde la UDI se pidió que se realice una investigación y que –mientras esta dure– Bruna sea separado de su cargo. En concreto, los diputados gremialistas sugieren que «estas transacciones generan muchas dudas que requieren ser subsanadas». Por ello, Álvaro Carter y Juan Antonio Coloma remitieron una serie de oficios tanto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la Superintendencia de Bancos, solicitando informes en derecho respecto de la legalidad del negocio.
«Nos parecen del todo incomprensibles y graves los hechos recientemente difundidos y que exponen el accionar del superintendente», plantearon los parlamentarios UDI en el escrito. «El artículo 8° de nuestro cuerpo constitucional es lo suficientemente claro para establecer una serie de mecanismos administrativos y legales para, no solo controlar los actos de corrupción en nuestra administración, sino también para el establecimiento de una serie de medidas represivas ante tan indeseables actos, con la finalidad que prevalezca el bien general de la nación», agregan.
De acuerdo a Coloma, «el superintendente de Servicios Sanitarios es quien tiene la obligación moral y legal de acreditar que la compra de 27 departamentos en menos de un año se realizó en conformidad con la ley. La carga de la prueba en los tiempos actuales se trasladó y son las autoridades las que deben demostrar la legalidad de sus actos».
«No nos podemos dar el lujo de estar frente a un funcionario público que adquiere un patrimonio de tal envergadura y no hay, hasta el momento, una justificación plausible de ello”, añade Carter, quien además subrayó que «el país está haciendo esfuerzos para evitar posibles brotes de corrupción, por lo que se hace necesaria una investigación a fondo que permita evitar dudas razonables y, mientras tanto, como una muestra de transparencia, el superintendente debe ser separado de sus funciones», sostuvo.
En los oficios enviados este miércoles, los legisladores calificaron la compra de estos inmuebles como una «insólita situación», la que «evidentemente, requiere de una exhaustiva labor investigadora de parte de los organismos competentes».
Por otra parte, solicitaron a la UAF investigar «el origen de los fondos que dieron lugar al incremento patrimonial”, a la Superintendencia de Bancos solicitan informar “sobre los mecanismos seguidos por el funcionario público para solicitar simultáneamente más de 27 créditos bancarios y financiar la compra de las propiedades».
En los oficios, la UDI también recordó que en marzo pasado, la Contraloría reprochó «al superintendente por faltas a la probidad administrativa de uno de sus asesores de mayor confianza».
