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PAÍS

El lapidario informe de Contraloría a Smapa, la última sanitaria pública administrada por la alcaldía de Cathy Barriga

por 5 abril, 2019

El lapidario informe de Contraloría a Smapa, la última sanitaria pública administrada por la alcaldía de Cathy Barriga
La empresa adolece de graves desórdenes administrativos, que se arrastran durante varias administraciones. Una auditoría de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago revela que durante el año 2017 se identificó el nulo registro contable de los $6 mil millones ingresados por Aportes Financieros Reembolsables, además del no cobro de una multa por retrasos de más de $260 millones a una constructora, además de cuestionamientos a contratos por fuera de Mercado Público. El informe también estima una pérdida por más de $9 mil millones en deudas de usuarios morosos, entre 2002 y 2017. Algunos de estos antecedentes fueron enviados al Ministerio Público.
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En Maipú se vive una nueva batalla, esta vez por el agua. El municipio es el administrador de la sanitaria Smapa, la única de las 19 empresas registradas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) controlada por un organismo público, luego de que el Estado redujera su participación al 1% en el sistema de sanitarias, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, tras vender su participación en Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal.

El negocio de las sanitarias es uno de los más rentables. Durante el año 2013 facturaron $261.000 millones en utilidades, según un reportaje de Ciper, y el 44% de estas ganancias quedó en manos de Aguas Andinas. En el caso de Smapa, sus excedentes llegarían a los $5 mil millones, y en el sector destacan los bajos costos de su servicio en comparación con las otras sanitarias.

Sin embargo, desde el año 2004, bajo la administración del alcalde Alberto Undurraga (DC), que han existido “jugadas” para privatizar esta sanitaria que atiende a 750 mil clientes y que ahora vuelve a estar en el ojo público a raíz de un lapidario informe de la Contraloría.

En efecto, el 15 de marzo pasado, el ente fiscalizador publicó un informe contable al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, que detalla un evidente desorden administrativo en la empresa sanitaria, el que se arrastra desde las administraciones de los alcaldes Undurraga y Christián Vittori (exDC), las que no han sido corregidas en los dos años que lleva la alcaldesa Cathy Barriga.

Entre las principales conclusiones del informe de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, que analizó las principales cuentas del balance de comprobación y de saldos, al 31 de diciembre de 2017, se encuentra el desconocimiento del destino de los $6.660.790.096 en ingresos por Aportes Financieros Reembolsables por Capacidad y por extensión -AFRC y AFRE- que fueron entregados por empresas privadas y públicas a la Municipalidad de Maipú.

Los recursos no fueron acreditados en las cartolas bancarias de la cuenta corriente asignada por el municipio, la que no se encontraba vigente al momento de realizarse la auditoría. Por esta razón, la Contraloría no puedo acreditar el “uso de tales recursos”.

La Contraloría dio un plazo de 60 días para aclarar esta información, pero de todas formas destaca que pondrá “los antecedentes del caso en conocimiento del Ministerio Público, para los fines correspondientes”, debido a que los empréstitos asociados a los AFRC y AFRE “se deberán comenzar a pagar por ese municipio a partir del año 2021, junto con los intereses y reajustes”.

Además, durante el 2017, el informe consiga que la municipalidad no aplicó una multa por más de $268 millones a una constructora, debido al atraso en la ejecución de obras por mantención, y también se registraron una serie de contratos por fuera de sistema de Mercado Público. La Contraloría también puso el foco en un contrato con Transbank S.A., que data del 2002, en el que se establece su renovación “automáticamente en forma indefinida, por períodos iguales y sucesivos”.

Finalmente, uno de los ítems que más genera ruido es la gran cantidad de contribuyentes morosos que mantiene la sanitaria. No se logró acreditar la cobranza a deudores previos al 2013, por $6.742.168.589, además de contabilizarse $ 4.030.780.885 en deudores morosos que no registran fecha.

Cabe recalcar que el 24 de agosto de 2018 la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, le entregó un informe preliminar al municipio manejado por Cathy Barriga, con el fin de que “formulara los alcances y precisiones”. Sin embargo, según detalla el informe contable, la municipalidad no ha respondido ante la solicitud de Contraloría.

No agota todos los medios

“A nuestros vecinos y vecinas les digo que el agua de Maipú es y será municipal para siempre”. Con esta frase, la alcaldesa Cathy Barriga celebró -en 2017- el fallo del Tribunal Constitucional que determinó que el Servicio de Impuestos Internos no podía cobrarle al municipio los $35 mil millones que le adeuda desde el año 2005 en adelante.

Además, a fines de 2017, Barriga firmó un acuerdo con Aguas Andinas para pagar la deuda de $7.200 millones que llevó a la sanitaria privada a demandar al municipio. Según informó el propio municipio a la prensa, el acuerdo le ahorraría cerca de $14 mil millones al municipio, ya que la negociación establece un porcentaje de descuento mensual de un 3%, a diferencia del 2% que le cobra Aguas Andinas al resto de los municipios por el tratamiento de aguas servidas. Además, en el 2018, la sanitaria privada lanzó dos programas “Cuenta Amiga” y “Aguas Andinas te da la mano”, con el fin de que los deudores del sistema sanitario paguen sus deudas.

Para el sector de la centro-derecha de Maipú, la alcaldesa ha librado una “verdadera batalla en defensa del agua” y ha frenado dos cobros millonarios que “habrían dejado en la quiebra” a la sanitaria, que en verdad iban a ser cobrados al municipio.

Pero esta batalla de Cathy Barriga se centraría en el cuidado del bolsillo municipal, más que en la mejora en la administración y ejecución del trabajo de Smapa. A principios de octubre de 2018, El Mostrador adelantó la investigación que llevaba a cabo la Superintendencia de Servicio Sanitarios (SISS), con el fin de cotejar los avances en el Plan de Desarrollo de la sanitaria, en base al cual se determina la tarifa del metro cúbico de agua. Se explica que para el 2017, el cumplimiento total de dicho programa sólo llegó al 5%, mientras que para el 2018 no se registraban avances.

A fines de octubre, El Dínamo reveló que la SISS podía llegar a multar en $5.700 millones a la municipalidad de Maipú, por el incumplimiento del Plan de Desarrollo, para el cual se destinó un presupuesto de $15 mil millones, que fueron cobrados de la cuenta mensual a los vecinos de Maipú, Cerrillos y Estación Central.

El informe de la Contraloría apunta en la misma línea: la administración de Smapa. Uno de los puntos que más genera ruido es la ausencia del registro financiero de la sanitaria, y de los recursos obtenidos por Aportes Financieros Reembolsables por Capacidad y por extensión (AFRC y AFRE). Según la SISS, los AFR son “cantidades determinadas de dinero u obras que los prestadores de servicios públicos sanitarios pueden exigir a quienes soliciten ser incorporados como clientes, o bien, soliciten una ampliación a la Superintendencia de Servicios Sanitarios del servicio, y que tienen por objeto solventar infraestructura que legalmente corresponde soportar al prestador”.

El informe establece que considerando que los ingresos percibidos por Smapa, “por concepto de aportes reembolsables y venta del servicio de agua potable -correspondientes al 2015, 2016 y 2017- ascienden a $ 6.660.790.096 y $ 72.559.081.529, respectivamente, cuyo monto total corresponde a $ 79. 194.705.824, y que los gastos pagados concernientes a la ejecución de obras civiles suman $ 6.794.041.826”.

La Contraloría concluye que la municipalidad de Maipú ha gastado “en promedio un 9,36% en inversiones en obras en los tres últimos años, hecho que denota la falta de utilización de los recursos por la concesionaria Smapa”.

Además, al organismo le llamó la atención que durante el 2017 el municipio “no aplicó ni cobró las multas por atraso en la ejecución de las obras del contrato suscrito con la empresa Servicios de Maquinarias y Construcción Andinor Limitada”, una suma que alcanza los $268.247.793. El organismo le otorgó un plazo para cobrar dicha multa al municipio.

Respecto a los contratos, además del acordado con Transbank S.A., el que según la Contraloría “pugna con los principios de transparencia y libre concurrencia consagrados”, se suma los establecidos con los servicios de recaudación Presto Limitada y Sociedad Unired S.A.

“Con fecha 10 de noviembre de 2017, se suscribieron nuevos contratos con las empresas Servicios de Recaudación Presto Limitada y Sociedad Unired S.A., por un período de tres meses, siendo ambos aprobados mediante los decretos alcaldicios (...) se constató que el último servicio fue contratado fuera del sistema de información de compras y contratación pública y sin fundamentación”, detalla el organismo.

La Contraloría agrega que “se observaron una serie de situaciones referentes a los servicios de recaudación de las empresas Servicios de Recaudación Presto Limitada y Sociedad Unired S.A., a saber, contratos aprobados extemporáneamente, prórrogas no formalizadas mediante un instrumento contractual, y realizados fuera del sistema de información de compras contratación pública, situaciones que han seguido ocurriendo conforme a lo indicado anteriormente”.

Con respecto al análisis de los deudores morosos, al 31 de diciembre de 2017, la Contraloría determinó que a Smapa se le adeudan $15.947.959.617, de los cuales la empresa municipal recaudó 2.899.599.208 (18,40%). “Al respecto, y analizada la base de datos de los deudores morosos, se observó que el listado de los clientes con morosidad al 31 de diciembre de 2017, incluye partidas impagas originadas desde el año 2000 al 2017, por un monto total de $ 11.917.178.732, en tanto, para el monto restante de $4.030.780.885, no fue posible obtener su antigüedad dado que no se encuentra”, destaca el informe de la Contraloría.

Además, el ente fiscalizador añade en el ítem “Estimación Deudas Incobrables”, se establece que la sanitaria contabiliza una pérdida de $ 9.632.250.421, hasta el año 2017. Según la respuesta a un oficio enviado a Smapa, la sanitaria no sería “capaz de cobrar todas las deudas de los clientes”. Una estimación que se establece en base al 100% del saldo adeudado por clientes no activos y el 70% de aquellos que, estando activos, no han efectuado pago en los últimos 12 meses.

La Contraloría destaca que este monto “cubre el saldo adeudado por los clientes, ascendente a $ 6.742.168.589, cuyo estado de morosidad excede de cinco años desde que la deuda se hizo exigible. Sin embargo, ese servicio municipal no ha realizado el castigo de deudores por cuanto no ha agotado todos los medios de cobro conforme lo establece el artículo 66 del mencionado decreto ley N° 3.063, de 1979”.

Smapa en subrogancia

Cabe destacar que esta no es la única investigación que ha llevado la Contraloría respecto a la sanitaria Smapa. El 13 de diciembre de 2018 el organismo determinó que el nombramiento del abogado Jorge Torres Zúñiga, como director subrogante de la sanitaria “no se ajusta a derecho”.

El académico y ex subdirector jurídico del SII -que fue relevado de su puesto por Michael Jorratt en 2014-, fue contratado como honorario por la empresa municipal en el año 2017. Su trabajo fue destacado con fuerza en la página del municipio, al igual que en el de la empresa Smapa.

Pero la Contraloría destacó que Torres no podía exceder el periodo de seis meses en la subrogancia, el que ya había sido renovado en una ocasión por la empresa. Debido a esto, se nombró a Ximena Suazo, funcionaria de la sanitaria, en el cargo de directora. Según medios locales de la comuna, actualmente Torres se desempeñaría como asesor en la sanitaria.

  • Revise el informe acá:

Servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Maipú, SMAPA by El Mostrador on Scribd

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