PAÍS
Crédito: Agencia UNO
La orden gremial anunció que “respecto de los abogados colegiados que resulten involucrados en estos hechos, el Colegio iniciará de oficio el correspondiente proceso ético”.
El Colegio de Abogados emitió una declaración en donde dice compartir la “alarma pública” que ha detonado el denominado “Desastre de Rancagua”, el escándalo de corrupción que tiene en la mira a la Corte de Apelaciones de la *capital de la Región de O’Higgins.
En este caso, por decisión de la jueza Rosa María Maggi se encuentran suspendidos los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Pero además, la investigación está en manos del Ministerio Público, donde habría unos 20 indagados, entre funcionarios judiciales y abogados litigantes. Es más, el próximo 26 de abril, el fiscal Sergio Moya formalizará por enriquecimiento ilícito y prevaricación al ministro Elgueta.
Dado lo complejo de este caso, por la unanimidad de los consejeros, el Colegio de Abogados emitió esta declaración en donde plantea que “de confirmarse las acusaciones y denuncias conocidas, resguardando la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso, estaríamos ante hechos de inusitada gravedad”. De paso, anuncia que “respecto de los abogados colegiados que resulten involucrados en estos hechos, el colegio iniciará de oficio el correspondiente proceso ético”.
Añaden que “estos hechos deben ser evaluados a la luz de los desafíos de modernización que afectan al Poder Judicial y que vienen siendo materia del debate público desde hace mucho tiempo. El caso no sólo amerita su total esclarecimiento y la aplicación de las sanciones que puedan resultar procedentes, sino que debe motivar una profunda revisión de la carrera judicial, lo que incluye el sistema de nombramientos, calificaciones, capacitaciones y régimen disciplinario de los jueces”.
Asimismo, destacan la reacción de la Corte Suprema, pero advierten que para prevenir futuros casos como los investigados en Rancagua, “los abogados debemos exigir que el Poder Judicial mejore y haga más expeditos los canales de denuncias, a través de los diversos mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico, garantizando siempre la confidencialidad, sin perjuicio de lo cual estimamos que otro canal preferente debe ser considerado por los respectivos colegios de abogados”.
