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Si bien en la Corporación, los honorables se pusieron el parche antes de la herida para blindarse ante la polémica que ha levantado la llegada del jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur como nuevo secretario general de la Corporación, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) asumió que el nombramiento es “una señal equivocada, difícil de leer y difícil de entender”. Según María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, podría configurarse un conflicto de intereses y en el Ministerio Público también hay quejas a nivel de los trabajadores, porque acusan que Guzmán ha incurrido “en una grave falta y en abandono de sus deberes y de su función pública, al haber postulado a un cargo ejerciendo al mismo tiempo su rol de fiscal”.
Este martes se debería ratificar la llegada del fiscal Raúl Guzmán como nuevo secretario general del Senado. Sin embargo lo que parecía un tranquilo arribo ha generado un fuerte ruido político.
El desembarco de Guzmán en la Cámara Alta se ha visto afectado por las críticas que ha recibido no sólo por el millonario sueldo que recibirá, que incluso supera la dieta parlamentaria, sino por la posibilidad de influencias indebidas.
Esto, porque en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur –donde Guzmán ha estado en los últimos ocho años- han pasado varias causas en las que están involucrados parlamentarios y actualmente el fiscal Manuel Guerra, compañero regional de Guzmán, es quien lidera la investigación por presunto fraude al Fisco respecto de las asignaciones de asesorías externas en el Senado, indagatoria que aún mantiene diligencias en curso.
En público, las dudas fueron expresadas por el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre, quien consideró como “una señal equivocada, difícil de leer y difícil de entender” el acuerdo de los comités del Senado para escoger a Guzmán.
“El Senado no goza de un muy buen prestigio en términos de transparencia, y esto no ayuda. Es una señal compleja que está dando el mundo político y es meterse en un problema gratuitamente, porque había otras alternativas”, planteó el parlamentario en La Tercera.
Sin embargo, poniéndose el parche antes de la herida, han sido los propios senadores quienes salieron a respaldar al próximo secretario general. De hecho, el actual presidente del Senado, Jaime Quintana, dijo que “instalar un manto de duda no solo en el Senado, sino que también en la Fiscalía es completamente inadecuado, porque no hay ninguna base para suponer aquello”.
“El cuestionamiento me parece francamente un tanto rebuscado, porque se podría haber dicho lo mismo si no hubiésemos nombrado al fiscal”, puntualizó en entrevista con el diario La Tercera.
Otra arista es la que protagoniza el senador Manuel José Ossandón, quien enfrenta una denuncia del alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, por tráfico de influencias, y que se está tramitando en la Fiscalía Metropolitana Sur.
Según María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, la llegada del fiscal Guzmán al Senado “podría haber un conflicto de intereses, porque el fiscal está conociendo una denuncia de un senador que está en el cargo, entonces no sabemos si podría haber actuado de otra manera en este caso, porque estaba postulando a este cargo”, dijo a TVN.
Pero Ossandón rechaza esta vinculación, señalando que la denuncia se interpuso recientemente y el concurso fue convocado hace un par de meses. En este sentido, fue enfático en que no está siendo investigado por el fiscal Guzmán. “No me están investigando, lo que investigan es la veracidad de una denuncia que hizo mi primo, hay un lío familiar ahí (…) El fiscal Guzmán no está persiguiendo a ningún senador en este minuto”, insistió en CNN Chile.
Sin embargo, si bien participa de la Comisión de Régimen Interno, evitó votar, “por transparencia porque se podría mal interpretar”. Ossandón dice estar seguro que las aguas están separadas y defendió la elección de Guzmán, sosteniendo que “por primera vez veo que se toma un cargo sin cuoteo político, él termina su período y ya no puede ser más fiscal, y como cualquier chileno estaba buscando trabajo y ganó un concurso».
La llegada de Guzmán también ha generado ruido debido al millonario sueldo que recibirá en su nuevo cargo: $16.150.000 brutos recibirá mientras sea secretario general.
Entre los mismos parlamentarios critican esa cifra, que ni siquiera está dentro de lo que se anunciaba en el concurso público para el puesto, ya que salía que era de categoría «A», lo que, de acuerdo a Transparencia, es de $14.467.742 bruto, los que bajan a $10.268.910 si se consideran asignaciones periódicas. En tanto, cada legislador recibe mensualmente $9.349.851.
El presidente del Senado, Jaime Quintana, de hecho ya anunció que buscarán bajar el sueldo del secretario general, aunque estima que ese descenso no será mucho: «Lo más probable es que el secretario general, con una medida inédita, vayan a ser contratados por un sueldo inferior, que igual va a ser alto, pero muy inferior al actual», dijo en declaraciones emitidas a Emol.
Sin embargo, esa medida no estará completa antes de que asuma Guzmán, pero para el siguiente secretario el sueldo se vería reducido «en un millón de pesos». La misma medida se aplicará para el cargo de prosecretario, quien actualmente recibe $15.700.000 brutos.
Quintana resaltó además que actualmente son 30 los funcionarios que superan «largamente» la dieta parlamentaria.
Los parlamentarios, según Quintana, se han mostrado «favorables y optimistas» a que se disminuyan esos sueldos, como confirmó la senadora Jacqueline van Rysselberghe: «Siempre se tienen que revisar todas las cosas, es un tema que se ha revisado en más de una oportunidad y efectivamente hay versiones en ese sentido».
El caso también ha generado polémica al interior del Ministerio Público, porque según la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Affremcen), Guzmán ha incurrido “en una grave falta y en abandono de sus deberes y de su función pública, al haber postulado a un cargo ejerciendo al mismo tiempo su rol de fiscal”.
A juico de Macarena Pino Lorca, presidenta de Affremcen, “además se evidencian lazos entre la política partidista y los fiscales, que daña severamente a la Institución y su principio básico de autonomía”.
Los sindicalistas también apuntaron al tema del salario, señalando que resulta “violento contra el ciudadano/a de a pie que gana 450 mil pesos promedio contra los 16 millones 500 mil pesos que percibirá el actual fiscal Guzmán”.
“Esto es otra irregularidad más contra los trabajadores/as de Chile, que ven cómo el Gobierno pide austeridad en el Estado, y por otra parte le paga sueldo millonarios a un profesional que si no tuviera todos los contactos que tiene cumpliendo funciones de alto rango, seguramente, encontraría una solida competencia en otro u otra ciudadano/a que postulara a la misma función, pero no pueden ante procesos de selección que no cumplen con criterios de igualdad”, argumentó.
