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El equipo de abogados de Reginato, liderados por Raúl Tavolari, buscaba invalidar la solicitud de destitución, usando dos argumentos: la falta de legitimidad a dos concejales, y la existencia de querellas criminales ya abocadas a las irregularidades en la Municipalidad de Viña del Mar.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso desestimó las alegaciones previas de la defensa de la alcaldesa de Vinal del Mar, Virginia Reginato, por lo que proseguirá su solicitud de destitución.
El equipo de abogados de Reginato, liderados por Raúl Tavolari, buscaba invalidar la solicitud de destitución, usando dos argumentos: la falta de legitimidad a dos concejales, y la existencia de querellas criminales ya abocadas a las irregularidades en la Municipalidad de Viña del Mar, consigna La Tercera.
«De los 4 concejales requirentes, una, doña Laura Giannici, aprobó los presupuestos municipales de los años 2015 a 2018, y otro, el señor Sandro Puebla, aprobó el correspondiente al año 2018los 4 concejales requirentes, una, doña Laura Giannici, aprobó los presupuestos municipales de los años 2015 a 2018, y otro, el señor Sandro Puebla, aprobó el correspondiente al año 2018», sostuvo la defensa.
Por ello, agregan, «los privaría de legitimación para interponer el requerimiento», por lo que la solicitud no cumpliría con el quórum mínimo establecido por ley.
Sin embargo, la solicitud fue desestimada por el TER, dado que los ediles solo deben «tener la calidad de concejal en ejercicio de la respectiva municipalidad (…) sin que se haya acreditado circunstancia o hecho alguno que haya privado a esos concejales del ejercicio de sus atribuciones o lo hayan suspendido».
Por otra parte, la defensa de Reginato también solicitó al TER que se invalide la solicitud al señalar que varias de las imputaciones presentadas por los concejales relativas al déficit presupuestario, están incorporadas en querellas criminales en curso en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, un argumento que igualmente fue rechazado, ya que «la responsabilidad criminal es independiente de la responsabilidad administrativa».
«La existencia de un proceso ante la justicia penal no autoriza para suspender la tramitación de la presente causa», agregan.
