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Hace unas semanas, la Fundación Defendamos la Ciudad denunció que la propiedad del Mandatario en el Lago Caburgua no pagaría contribuciones desde hace más de 30 años, debido a que los permisos de edificación no contarían con la recepción definitiva de las obras, impidiendo el avalúo del Servicio de Impuestos Internos (SII).
El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Ascencio, envió un oficio al alcalde de Pucón, Carlos Matamala y a la directora de Obras de ese municipio, Lorena Fuentes Espinoza, respecto a la propiedad en Caburgua del Presidente Sebastián Piñera.
«(Conocer) las razones por las cuales las obras se encuentran habitadas, pese a que sin estar recepcionadas son declaradas como clandestinas según la ley», manifestó el parlamentario en el oficio.
Hace unas semanas, la Fundación Defendamos la Ciudad denunció que la propiedad del Mandatario en el Lago Caburgua no pagaría contribuciones desde hace más de 30 años, debido a que los permisos de edificación no contarían con la recepción definitiva de las obras, impidiendo el avalúo del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Desde el gobierno han reconocido que el propio Mandatario ha realizado acciones para regular esa situación. Así lo explicó la vocera de Gobierno Cecilia Pérez, quien aseguró que hace algunos días se vienen haciendo los trámites necesarios, pero que aún falta el proyecto de gas de la vivienda para obtener la recepción definitiva.
Además, el parlamentario DC pidió a Contraloría que se realice una auditoría completa en la dirección de obras de la municipalidad, donde también se pide aclarar «las razones por las que no han sido recepcionadas definitivamente las obras con permiso de edificación en la propiedad ROL 132-8 de la Comuna de Pucón, propiedad del Presidente Sebastián Piñera».
Ascencio solicita también que el municipio informe a la Cámara «las razones por las cuales no se han cursado multas ni sanciones por la situación de mantener construcciones clandestinas por más de 30 años».
Por último , el legislador pidió que «se establezca si existió o no un perjuicio fiscal por el no cobro de contribuciones a construcciones realizadas desde hace más de tres décadas, ordenando los respectivos juicios de cuentas por parte de la Contraloría de verificarse dicha situación».
