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El ex ministro recurrió de protección por estimar que el fiscal nacional habría incurrido en una inactividad “ilegal y arbitraria” frente a la denuncia formulada por su defensa en agosto de 2018, respecto de infracciones que habría cometido el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, en el contexto de la investigación del denominado “caso Sename”, omisión que lo privaría del legítimo ejercicio de su derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección de sus derechos y a la honra, de acuerdo detalla el recurso.
En fallo del 30 de mayo, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, del pasado 17 de diciembre de 2018, que no acogió un recurso de protección interpuesto por el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez en contra del fiscal nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La Consejera del CDE, Ana María Hübner, quien asumió la defensa del fiscal nacional en este juicio, indicó que en su fallo la Corte Suprema rechazó el recurso “por no existir privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas, toda vez que el recurrido dio pronta respuesta a la petición del recurrente, aun cuando su contenido pueda no haber satisfecho la expectativa del peticionario”. De esta manera, añadió, “quedaron desestimadas las alegaciones de ilegalidad y arbitrariedad argumentadas en la protección, como la afectación de las garantías que se dijeron infringidas”.
El ex ministro recurrió de protección por estimar que el fiscal nacional habría incurrido en una inactividad “ilegal y arbitraria” frente a la denuncia formulada por su defensa en agosto de 2018, respecto de infracciones que habría cometido el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, en el contexto de la investigación del denominado “caso Sename”, omisión que lo privaría del legítimo ejercicio de su derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección de sus derechos y a la honra, de acuerdo detalla el recurso.
La sentencia del máximo tribunal recoge los argumentos expuestos por el CDE que desestiman que el Fiscal Nacional haya incurrido en conductas o acciones que privaran, perturbaran o amenazaran los derechos constitucionales invocados por el ex Ministro.
