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Crédito: Agencia UNO
Un análisis crítico del Gobierno de Piñera elaboró el Instituto Igualdad, de cara a la Cuenta Pública de este sábado. “La inacción en materia de gratuidad en la educación”, «la utilización del conflicto venezolano para obtener réditos internos», «su abierto favoritismo y defensa de los intereses de las grandes empresas” y «su incapacidad para presentar un proyecto de reconocimiento constitucional hacia los pueblos indígenas», son algunos de los puntos destacados de esta “contra-cuenta” elaborada por la entidad.
Una «contra-cuenta a la ciudadanía plena», la cual entrega un balance propio de la gestión del Presidente Sebastián Piñera en los 15 meses que lleva al mando del país, realizó el Instituto Igualdad, el centro de estudios ligado al Partido Socialista.
El análisis de la fundación es lapidario y asegura que el Gobierno de Piñera «ha defraudado sus propias expectativas», ya que durante el tiempo que lleva «han escaseado las iniciativas que contribuyan a un crecimiento económico sostenido y de largo plazo”.
En materia económica, la “contra-cuenta” asevera que “la expectativa de crecer a un 4% anual se apoyaba en el eventual aporte al crecimiento por parte de las principales reformas presentadas: tributaria, laboral y previsional (…) pero al no contar con mayorías en el Congreso, el Gobierno desató una campaña mediática (…) con tal intensidad que el efecto boomerang le está pasando la cuenta”.
Se agrega que existe una «escasez de iniciativas que contribuyan a un crecimiento económico sostenido y de largo plazo” y se asegura que “sin iniciativas estratégicas en infraestructura y si el mundo se está desacelerando, la verdad es que no se aprecian motivos para que la economía crezca más allá de su potencial, 3 a 3,5%».
Se sostiene que «el desafío es elevar la tasa de crecimiento del PIB potencial, consiguiendo tasas de 4-6% de modo sostenido en los próximos diez años. Ello requiere más inversión, más productividad y más innovación y para ello no bastan los equilibrios macroeconómicos más una eventual rebaja tributaria a empresas”.
Este escrito de diez carillas será distribuido este sábado 1 de junio entre los parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de «compartir un análisis del contexto de la segunda cuenta pública del Gobierno de Sebastián Piñera, cuando la frustrada promesa de tiempos mejores golpea la calidad de vida de los chilenos y las chilenas”, según reza del documento.
En el aspecto social, se indica que «el Gobierno detuvo el proceso de universalización de la protección social en marcha a partir del plan AUGE y la Pensión Básica Solidaria en la primera década de los 2000, apartándose de la noción de responsabilidad social del Estado en la garantía de derechos”.
El escrito asegura que debido al actual “desmantelamiento de la protección social, el país no podrá cumplir las metas que comprometió junto a otros 192 estados en la Agenda 2030 de la ONU, sobre inclusión social y laboral”.
En materia de educación, se señala que se “ha pretendido retrotraer la ley de inclusión escolar, en particular del sistema de admisión y selección escolar” y destaca la falta de implementación y ejecución de importantes leyes y políticas públicas asociadas, tales como la desmunicipalización de la Educación Pública y la consiguiente instalación gradual de los servicios locales de educación”.
También se critica específicamente “la inacción en materia de gratuidad” y las “acciones de corto plazo en materia de calidad”.
En materia laboral, se recalca que “los salarios se han estancado y la tasa de desempleo solo ha subido en el último año”.
El informe advierte además que el Ejecutivo de “busca destacar la creación de empleo registrada en los datos administrativos del seguro de cesantía”.
Lo más preocupante, según la organización, “ha sido la presentación del proyecto de flexibilidad laboral”. Igualdad sostiene que la iniciativa “además de ser deficiente técnicamente, precariza la actual situación de los trabajadores, promoviendo extensas jornadas de 11 y 12 horas diarias, rebajando las remuneraciones y horas extras, y debilitando a la organización sindical”.
Respecto a la reforma previsional, se indica que “se aparta de cualquier noción internacionalmente aceptada de seguridad social, y refuerza el carácter de ahorro forzoso privado del sistema”.
En materia indígena se asegura que, al contrario de lo que anunció, “no se ha presentado ni ha impulsado ningún proyecto de reconocimiento constitucional, demostrando que no existe voluntad política para legislar respecto a este tema”.
“El único resultado tangible de esa estrategia fue el asesinato de Camilo Catrillanca y la agudización del conflicto intercultural”, se añadió.
Respecto a Infancia, se dice que el Gobierno “está desconociendo su compromiso de campaña al negarse a poner urgencia al Proyecto de Ley de Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez».
En el ámbito ambiental, el Instituto Igualdad plantea que “el Gobierno busca reforzar la propiedad de las grandes empresas por sobre los recursos y la aprobación a cualquier costo de los proyectos de inversión”
“Es de público conocimiento que Chile no ha cumplido sus Contribuciones Nacionalmente Determinados (NDC) en materia de reducción de emisiones de carbono, que estableció años atrás derivados del Acuerdo de París», agregó.
En materia hídrica se señaló que “el principal anuncio ha sido la reforma al Código de Aguas, que busca reforzar el “derecho adquirido”, pero «no se ha logrado avanzar hacia garantizar el derecho humano al agua, en el marco de la crisis hídrica acentuada por el calentamiento global».
Por otra parte, sostiene que “la reacción del gobierno en contra del reciente fallo de la Corte Suprema, que pide resguardar los derechos ambientales y la salud de los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví, representa una constatación de su abierto favoritismo y defensa de los intereses de las grandes empresas”.
En política internacional, el documento asevera que “hemos pasado de ser líderes en diversos ámbitos de políticas globales a un país que incumple y se resta de importantes instrumentos internacionales».
Se agregó además que, la política exterior del Presidente Piñera, «privilegia los acuerdos comerciales y económicos, mientras desconoce aquellos que brindan más y mejores derechos”.
También se reprocha «la utilización del conflicto venezolano por parte del Gobierno para obtener réditos internos, sin promover un real entendimiento entre las partes y fracasando en todas sus improvisadas iniciativas hacia ese país hermano”.
En el ámbito de igualdad de género, se lamenta el cierre de algunas de las Casas de Acogida que brindan protección y la demora en despachar la ley sobre el “Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
