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En rueda de prensa, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, informó que la investigación deja al descubierto el «incumplimiento de la obligación de calidad de servicio, particularmente en relación con la calidad del agua; incumplimiento de la obligación de continuidad de servicio de agua potable tras dos eventos que dejaron sin agua potable a Osorno entre el 11 y el 17 de julio, y luego entre el 17 y el 21 de julio».
La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) logró comprobar, por medio de una investigación, la existencia de «numerosas infracciones de la más alta gravedad» como consecuencia del derrame de petróleo a una planta de producción de agua potable de la empresa Essal en Osorno, que provocó una grave crisis que dejó a la ciudad si agua por varios días. A raíz de eso, el superintendente Jorge Rivas informó que se abrió un expediente de caducidad de la concesión.
Las conclusiones de la investigación dejan al descubierto el «incumplimiento de la obligación de calidad de servicio, particularmente en relación con la calidad del agua; incumplimiento de la obligación de continuidad de servicio de agua potable tras dos eventos que dejaron sin agua potable a Osorno entre el 11 y el 17 de julio, y luego entre el 17 y el 21 de julio».
También se pudo constatar la «afectación de una gran cantidad de usuarios en la concesión, poner en peligro la salud de la población, no cumplir con las instrucciones de la SISS en cuanto a la atención de la emergencia, plazos de solución y distribución alternativa de agua potable».
Rivas dijo que se comprobó al entrega de información errónea por parte de Essal «a la autoridad y a los clientes».
Por otra parte, el superintendente aclaró que este proceso consta de varias etapas, y que lo que corresponde ahora es que la empresa realice sus descargos, para lo cual dispone de 20 días hábiles. «Nuestra legislación garantiza un debido proceso. En ese sentido, nosotros estamos iniciando la primera parte de este debido proceso, que fue abrir un expediente de caducidad.».
La autoridad agregó: «Lo que corresponde ahora es que la empresa haga sus descargos, para lo cual va a disponer de 20 días hábiles (…) En base a esa información que nos entregue la empresa sanitaria, nosotros tendremos que tomar la decisión de si amerita un informe de caducidad, que le entregaremos al Presidente de la República. Ese informe iría con una propuesta de decreto de caducidad, para que el Presidente defina si avanza o no avanza»
«Los plazos no están establecidos en nuestra normativa, porque dependen de muchas actuaciones administrativas que pueda ejecutar la empresa sanitaria, pero nosotros proyectamos que esto no debería ser más allá de unos seis meses», finalizó.
