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Entre los argumentos para llevar adelante esta acusación constitucional contra la secretaria de Estado, están la utilización de recursos públicos para informar sobre el sistema de admisión, el no pago de bonos de incentivos al retiro de profesionales y asistentes de la educación, y la falta de antecedentes sobre la Ley de Centros de Formación Técnica Estatales.
Diputados del Partido Socialista (PS) retomaron las conversaciones con partidos de oposición con el fin de impulsar una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
La comisión dirigida por el ex ministro Gabriel de la Fuente, y de la que también forman parte los diputados Juan Santana y Manuel Monsalve, llegaron a la conclusión, luego de sostener una serie de reuniones, que Cubillos incurrió en notable abandono de deberes, informó La Tercera.
El diputado Santana sostuvo que «desde hace algunas semanas informamos que un equipo político del PS ha estado evaluando la pertinencia de llevar adelante una acusación constitucional contra la ministra de Educación, a partir del no cumplimiento de un conjunto de sus obligaciones. Este trabajo está llegando a su fin».
El legislador agregó que existen argumentos jurídicos para llevar adelante dicha acusación y que «coincide con declaraciones bastante provocadoras, por parte de la ministra, en relación a la entrada en vigencia del sistema de admisión escolar en la Región Metropolitana. Es de una irresponsabilidad tremenda de que la ministra Cubillos esté más abocada en advertir el eventual fracaso de este sistema, que de garantizar el correcto inicio y desarrollo».
En tanto, el parlamentario de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Ascencio, planteó que «es bien probable que por lo menos dos diputados democratacristiano participen de esa acusación si es que se presenta y cuando tenga el texto la bancada hará una evaluación política y constitucional del mismo».
Entre los argumentos para llevar adelante esta acusación constitucional contra la secretaria de Estado, están la utilización de recursos públicos para informar sobre el sistema de admisión, el no pago de bonos de incentivos al retiro de profesionales y asistentes de la educación, y la falta de antecedentes sobre la Ley de Centros de Formación Técnica Estatales.
