De acuerdo al jefe de la bancada del PPD, Ricardo Celis, en estos días ha aumentado el apoyo en las bancadas de la oposición para la presentación del libelo este jueves, aludiendo a la disposición del Frente Amplio a sumarse.
Los grupos asesores de las bancadas de oposición se reunirán este martes para afinar el documento final para la acusación constitucional que presentarán este jueves contra la ministra de Educación Marcela Cubillos.
Así lo informó el jefe de la bancada del PPD, Ricardo Celis, quien señaló que “la acusación constitucional para la bancada del PPD sigue en pie y los argumentos de la ministra Cubillos no han sido suficientes para que demos pie atrás”.
Es más, el parlamentario indicó que en estos días “ha aumentado el piso político” para la presentación del libelo, aludiendo a la disposición del Frente Amplio de sumarse.
De hecho, ayer el diputado RD Pablo Vidal sostuvo que “nos parecía que tenía algunas oportunidades de mejora, esas mejoras las propusimos en la mesa de asesores la semana pasada, fueron muy bien acogidas por los asesores del Partido Socialista y de las otras bancadas”.
“Esperamos que podamos tener una versión definitiva, cerrada del documento y junto con ello, concurrir a la presentación del día jueves”, aseguró el jefe de bancada de RD.
Ayer lunes, Manuel Monsalve, jefe de bancada del Partido Socialista -colectividad que ha promovido la acusación-, confirmó que el libelo se presentará este jueves 5 de septiembre.
Desde el oficialismo, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, expresó su rechazo hacia la decisión del PS señalando que se trata de “una acusación netamente política”.
“Yo leí el borrador sobre la acusación que piensan hacer y no tiene ningún argumento jurídico: Lo digo responsablemente, es una vergüenza ese borrador, la verdad es que es un wantán jurídico, es cualquier cosa», dijo a Emol.
Según un primer borrador con cinco capítulos de la acusación con los argumentos jurídicos contra la ministra Cubillos, el libelo contempla en primer lugar “infracción a la Constitución y las leyes específicamente en relación a la vulneración del principio de la probidad en su dimensión de falta a la veracidad”; en segundo punto, acusa incumplimiento en relación “al respeto y protección de la vida privada y de datos personales”, por el envío masivo de correos electrónicos de la cartera a apoderados, en defensa del proyecto de ley Admisión Justa.
Un tercer punto dice relación con “no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia para una adecuada implementación” de la ley que creó el nuevo Sistema de Educación Pública.
Finalmente, se incluye haber dejado “sin ejecución, por omisión, las leyes en materia de ejecución presupuestaria en materia de servicios locales de educación “y déficit en la implementación de la ley 21.091 sobre educación superior y 21.094 sobre universidades del Estado.
