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La acción fue presentada en la ciudad de Washington por la líder de los jueces, Soledad Piñeiro Fuenzalida, junto a su homólogo dentro de los persecutores, Claudio Uribe Hernández, acompañados por el abogado Ciro Colombara López.
Asociaciones nacionales de Magistrados y Fiscales denunciaron al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que agotaran las instancias nacionales para revertir la exclusión del reajuste al sector público de la que fueron objeto en 2016.
La acción fue presentada en la ciudad de Washington por la líder de los jueces, Soledad Piñeiro Fuenzalida, junto a su homólogo dentro de los persecutores, Claudio Uribe Hernández, acompañados por el abogado Ciro Colombara López.
A juicio de este último, esta exclusión «constituye un mecanismo de control que atenta contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de una discriminación arbitraria en perjuicio del rol de los afectados».
Además, los magistrados señalaron, a través de un comunicado, que el congelamiento de los sueldos significó quedar fuera de «cualquier ajuste de corrección de sus rentas por la natural alza del costo de la vida».
Las asociaciones consideraron que es peligroso que no existan «parámetros objetivos para la fijación y exclusión de tales reajustes».
Finalmente, los magistrados señalaron que la decisión que tome la CIDH es «relevante», a modo de detener «este tipo de conductas como claros indicios de debilitamiento de las garantías para los justiciables».
