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Neftalí Carabantes conversó con El Mostrador respecto al informe de la Contraloría al Plan Nacional contra el Narcotráfico que reveló -entre otras deficiencias- que la policía uniformada no hizo uso de más de $1.600 millones destinados a este plan y no devolvió el dinero al Fisco. Al respecto, Carabante que el contralor «está haciendo la pega y hablando a través de sus dictámenes, le duela a quien le duela», y calificó de rudimentaria la forma en que se diseñó el Plan por parte de la Subsecretaría del Interior. «Frente a un problema tan relevante y complejo como el combate al Narcotráfico, se requiere de políticas públicas de Estado de largo aliento, fruto de un gran acuerdo nacional, que trasciendan la sola administración del gobierno de turno».
El exsubsecretario de Carabineros, Neftalí Carabantes, reaccionó al informe de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Plan Nacional contra el Narcotráfico, ejecutado por Carabineros entre los años 2016 y 2017, que reveló irregularidades en relación con la ejecución del programa. Entre ellas, que Carabineros no hizo uso de más de $1.600 millones destinados a este plan y no devolvió el dinero al Fisco.
Al respecto, Carabantes, quien ahora ocupa el cargo de secretario general de la Universidad Central de Chile, habló con El Mostrador y estimó que la Contraloría «ha cumplido de manera impecable con su misión de efectuar el examen de cuentas a los recursos públicos y lo hace sin distinción de colores políticos».
«El contralor está haciendo la pega y hablando a través de sus dictámenes, le duela a quien le duela», dijo.
El ex subsecretario destacó que el informe le asigna responsabilidad tanto a la ejecución presupuestaria del ente policial, como a la Subsecretaría del interior, en lo referente al proceso de diseño, control y eventual cierre del plan, a dos gobiernos distintos.
«El informe de auditoría constituye un demoledor reproche en materia de gestión hacia la Subsecretaría del Interior, primero por la forma rudimentaria en que se diseñó el Plan. En esa línea formula objeciones al detectar una serie de deficiencias, que conciernen a dos administraciones gubernamentales», dijo.
Pero a pesar de otorgar responsabilidad a gobiernos anteriores, Carabantes consideró que en lo que concierne a la actual administración, y particularmente a Carabineros, «el contralor (Jorge Bermúdez) le representa que a septiembre de 2019, no se habían efectuado los reintegros de los fondos transferidos y no ejecutados de los años 2016 y 2017, dando un plazo para aquello. Además, el Contralor le fija un plazo de 60 días a la SubsecretarÍa del Interior para informar sobre el destino de los bienes adquiridos por Carabineros de Chile, para la ejecución del Plan Nacional contra el Narcotráfico, en el contexto de un eventual cierre de este y generación del programa denominado «Plan Frontera Segura».
Vale destacar que en septiembre de 2018, este plan fue mal evaluado por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Sin embargo, un año más tarde, el informe de la Contraloría reveló que las deficiencias no fueron subsanadas.
Consultado al respecto, Neftalí Carabantes dijo que «es una pregunta que deben responderla las actuales autoridades. Pero lo relevante del informe que emite el Contralor, es que le representa a los organismos con competencia en la materia que tanto el cierre de programas como la creación de nuevos, no puede verificarse en un contexto de evidentes desprolijidades como el auditado».
Por otra parte, el secretario general de la Universidad Central dijo que si bien los cambios de gobierno pueden traer «aparejados cierres de programas o planes creados por la administración anterior», ello no puede conllevar «un relajo en el control de los mismos, o derechamente un descuido en la ejecución de los recursos de todos los chilenos».
En ese sentido, la autoridad universitaria finaliza haciendo un llamado a que «frente a un problema tan relevante y complejo como el combate al Narcotráfico, se requiere de políticas públicas de Estado de largo aliento, fruto de un gran acuerdo nacional, que trasciendan la sola administración del gobierno de turno».
En concreto, el informe de la Contraloría General de la República señala que la Subsecretaría del Interior «transfirió recursos a Carabineros para la ejecución del Plan Nacional contra el Narcotráfico, mediante los decretos exentos de 2016 y 2017 por $ 2.982 millones, constatándose a diciembre de 2018, que el organismo policial no había utilizado el monto de $ 1.620 millones, advirtiéndose que al 9 de septiembre de 2019 no se habían efectuado los reintegros correspondientes».
Al respecto, Carabineros respondió al informe de Contraloría, señalando que se «dispuso de un período de cuatro meses para ejecutar los recursos del mencionado plan».
«La baja ejecución de recursos al 31 de diciembre de ese año en cuestión (2017), es producto de las exigencias legales y normativas que rigen la plataforma del Mercado Público, los procesos administrativos y las externalidades propias que generan los procesos de adquisición, señalando como ejemplo ‘los plazos de entrega por parte de los proveedores’”, agregaron.
