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Las órdenes de expulsión fueron emitidas por las intendencias de Arica y Parinacota, Tarapacá y Metropolitana, dato no menor, pues deja en evidencia las diferencias de los organismos públicos en lo que respecta a las garantías de los migrantes que entraron al país entre 2018 y 2019.
En las últimas dos semanas, dos fallos de la Corte de Apelaciones de Arica provocaron la anulación de resoluciones que buscaban la expulsión de 72 ciudadanos extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados.
Las órdenes de expulsión fueron emitidas por las intendencias de Arica y Parinacota, Tarapacá y Metropolitana, dato no menor, pues deja en evidencia las diferencias de los organismos públicos en lo que respecta a las garantías de los migrantes que entraron al país entre 2018 y 2019.
De acuerdo a El Mercurio, la semana pasada, la segunda sala del tribunal de alzada, en fallo dividido, acogió un recurso de amparo presentado por el Servicio Jesuíta a Migrantes (SJM) que benefició a 34 ciudadanos extranjeros. Además, esta semana y de forma unánime, la primera sala de la misma corte benefició a otros 38 extranjeros.
Al respecto, el intendente regional de Arica, Roberto Erpel, señaló que «tienen la facultad y la obligación de hacer cumplir las leyes. No expulsar por ingreso clandestino establece un manto de impunidad ante esta práctica y trae aparejados importantes riesgos para la seguridad del país y para el propio migrante».
«Se puede incentivar las bandas internacional de tráfico de personas, pues el ingreso clandestino no podría sancionarse», agregó Erpel.
En tanto, el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, sostuvo que «hemos recalcado que no se puede controlar si la persona es quien dice ser, si tiene antecedentes penales antes de entrar al país».
