PAÍS
Una investigación de cinco años -liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte- resultó en la detención de 21 personas, de las cuales seis son funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo -el resto son particulares- acusados de los delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. La situación se habría desarrollado entre los años 2014 y 2019 y todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia y fueron formalizados este sábado en una jornada que se extendió hasta hoy y busca determinar responsabilidades en uno de los mayores casos de cohecho al interior de la cartera.
En receso y para hoy domingo quedó finalmente la segunda parte y final de la audiencia de formalización de los 21 imputados por el presunto caso de corrupción descubierto al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que involucra seis funcionarios públicos de la cartera y 15 particulares.
La extensa audiencia de formalización, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se lleva a cabo por de los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos al interior de la cartera gubernamental.
Según consigna radio Biobío, a pesar del receso, se determinó que 12 de los involucrados quedarán en libertad bajo las medidas cautelares de firma semanal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos, mientras que uno de los imputados quedó con arresto domiciliario nocturno.
Los ocho restantes y quienes serían los más involucrados en esta causa deberán esperar hasta hoy para saber si la petición de prisión preventiva efectuada por la Fiscalía es aceptada por el tribunal.
Cabe mencionar que la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía Centro Norte fue alertada hace un año de un presunto caso de cohecho al interior de la cartera, el que resultó en la detención de los 21 imputados hoy formalizados.
El Ministerio Público planteó que los trabajadores del Departamento de Informática del Minvu favorecieron y aseguraron las adjudicaciones por servicios vinculados a esa área a algunas empresas y carteras como la Secretaría General de Gobierno, la subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio de Educación y el de Obras Públicas.
En concreto, los imputados habrían formado “sociedades fachadas” para prestar servicios informativos a otros ministerios y cobrar comisiones por dichos contratos (no realizados o realizados por terceros).
La investigación, que se inició en marzo de 2018, concentró hechos ocurridos durante la administración del gobierno anterior, entre 2014 y 2019.
