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Desde la Fiscalía Nacional confirmaron que hasta el momento se han ingresado tres denuncias por estos hechos, una por el abogado del Departamento de Evaluación Medición y Registro Educacional (Demre), José Francisco Lechuga, por la filtración, otra del diputado Andrés Celis por un eventual delito contra el orden público, y la tercera la que anunció el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, por «incitación, lo promoción de la interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública», en el marco de la ley de seguridad del Estado.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, designará un fiscal regional para que investigue la denuncia que ingresó el Ministerio del Interior por el boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Desde la Fiscalía Nacional confirmaron que hasta el momento se han ingresado tres denuncias por estos hechos, una por el abogado del Departamento de Evaluación Medición y Registro Educacional (Demre), José Francisco Lechuga, por la filtración, otra del diputado Andrés Celis por un eventual delito contra el orden público, y la tercera la que anunció el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, por «incitación, lo promoción de la interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública», en el marco de la ley de seguridad del Estado.
Es esta última la que quedará en manos de un fiscal regional, según confirmó Abbott, decisión que podría zanjarse durante la tarde de este jueves.
«Yo durante el curso de hoy voy a estudiar esa denuncia con el objeto de tomar una determinación para establecer quién se va a hacer cargo de esa investigación», dijo el fiscal nacional.
«Lo que sí tengo resuelto es designar a un fiscal regional para que se haga cargo de la misma. Por los antecedentes a la vista y revisando las cargas de trabajo que tiene cada fiscalía regional, pues bien determinará quien se hará cargo de esa investigación», agregó el jefe del Ministerio Público.
Sobre este tema se refirió el ministro del Interior Gonzalo Blumel, quien barajó la posibilidad de una intervención por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
«Nosotros como Gobierno hemos pedido al CDE que evalúe si es que es posible ejercer acciones civiles y penales (…) El llamado a causar daño o boicotear la prueba de PSU causó un perjuicio muy grande y es importante que esos hechos se investiguen y, si es que hay responsabilidades penales, se sancionen», dijo.
