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Además denunciaron «la injusta detención de un estudiante y dos exestudiantes de nuestro espacio educativo, quiénes se encuentran a la fecha en prisión preventiva». «La historia y los valores que defendemos como comunidad educativa nos obligan a alzar la voz y repudiar este tipo de medidas dictadas por la ministra, por carecer de cualquier orientación formativa, y porque su falta de formación pedagógica y experiencia educativa es abiertamente negligente, poniendo en riesgo los derechos de las y los estudiantes de todo el país», aseguran.
Trabajadores y profesores del Liceo Experimental Manuel de Salas publicaron una declaración en respaldo a Víctor Chanfreau, egresado de ese establecimiento y líder de la asociación estudiantil ACES, e interpelaron a la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Chanfreau está en la mira del Gobierno por el reciente boicot a la PSU y su nombre figura en una querella por Ley de Seguridad del Estado.
«Como educadoras, profesoras, profesores, trabajadoras y trabajadores de la educación del Liceo Experimental Manuel de Salas, manifestamos nuestro apoyo total al vocero de la ACES, recientemente egresado de nuestra institución, y denunciamos la injusta detención de un estudiante y dos exestudiantes de nuestro espacio educativo, quiénes se encuentran a la fecha en prisión preventiva», dice la misiva.
«La historia y los valores que defendemos como comunidad educativa nos obligan a alzar la voz y repudiar este tipo de medidas dictadas por la ministra Marcela Cubillos, por carecer de cualquier orientación formativa, y porque su falta de formación pedagógica y experiencia educativa es abiertamente negligente, poniendo en riesgo los derechos de las y los estudiantes de todo el país».
La misiva indica que «quienes trabajamos a diario en la enseñanza sabemos que el sistema educativo en su conjunto, sus instituciones y comunidades, tienen como horizonte de sentido la promoción de la igualdad y el pleno desarrollo de las capacidades humanas, a través de la formación integral y política de cada estudiante».
«Esto significa que todas las escuelas debieran orientar su formación hacia la recepción y el acompañamiento de todas y todos quienes deseen educarse, cualquiera sea su condición, interés y ritmo de aprendizaje. La crisis que arrastra hace más de cuarenta años el sistema público de educación es producto de la erradicación violenta de ese horizonte de sentido formativo», señala.
Los firmantes recuerdan que fue persiguiendo, deteniendo, torturando, asesinando y haciendo desaparecer a jóvenes estudiantes y docentes, la dictadura cívico militar impuso las reformas «que maniataron la capacidad del sistema para resguardar y defender que seamos las comunidades educativas quienes realicemos las transformaciones que nos permitan educar integralmente».
«La PSU no solo es el nudo que ciega a la política pública respecto a la urgente transformación del sistema educativo en la dirección señalada, sino que de hecho es el mecanismo más eficiente en la reproducción, perpetuación y profundización de la segregación y la desigualdad en el país», indican.
Los firmantes además hacen un recuento de la lucha de los secundarios durante la dictadura y sus repercusiones hasta hoy.
«Nuestra generación no logró desatar los instrumentos jurídicos creados en dictadura por quiénes la detentaron, la apoyaron y hoy nos gobiernan. Son estos instrumentos los que ahora vuelven poco «efectivas» las desapariciones forzadas, porque a través de esos instrumentos –como hemos sido testigos en estos meses– todavía matan, mutilan, torturan, violan, reprimen y amenazan impunemente a quiénes defendemos la formación integral y política como piedra angular del sistema educativo», señalan.
«Pero la privación de libertad y el asedio jurídico hacia el profesor Rodrigo Campos, y, más gravemente aún, la violenta persecución hacia jóvenes dirigentes de la ACES –a todos quiénes se les intentó o se está intentando aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado–, deben activar nuestra memoria. Los mecanismos de persecución y la violencia ejercida podrán «sofisticarse», pero no borrarán el recuerdo de la detención y la relegación del dirigente Marco Escárate, tampoco el asesinato de Paulina Aguirre, los hermanos Vergara ni el caso degollados», escriben.
«A 35 años del 10 de julio de 1985, en que la toma del Liceo A-12 lograra la destitución del ministro de educación Horacio Aránguiz, las y los estudiantes demostraron que siempre han sido actores políticos relevantes en la sociedad y, en consecuencia, no han dejado de ser perseguidos, criminalizados y asesinados. ¿Cuál es entonces nuestro rol como trabajadoras y trabajadores integrantes de instituciones educacionales?», se preguntan.
Los firmantes además señalan que es necesario impugnar los discursos que buscan desviar la problemática hacia el «derecho a dar la prueba» o a «la forma» en que se realiza la protesta, porque son formas de invisibilizar lo que debiera ser la verdadera discusión de fondo.
«Como señalábamos anteriormente, la PSU es la expresión más concreta y visible de un sistema que, junto a políticas como Aula Segura o Admisión Justa, van en dirección contraria a principios educativos esenciales como la integralidad y la ciudadanía. Porque le traspasa a las y los estudiantes la responsabilidad por la mala educación que la misma política pública entregó, porque segrega por estrato social y capital cultural, porque reproduce sesgos de género, hegemonías culturales y obliga a competir descarnadamente entre estudiantes», dicen.
«Si a esto sumamos la muy cuestionada promulgación de la Ley de responsabilidad penal adolescente, y el hecho de que en Chile aún no exista una Ley de protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el escenario para las y los estudiantes secundarios que hoy se persiguen, detienen y criminalizan brutalmente, es de un nivel de vulneración que no tiene parámetros».
Por estas razones, los firmantes señalan que hay que pasar de las manifestaciones de solidaridad a la compañía y la defensa activa del movimiento estudiantil.
«Es necesario y urgente que las instituciones educacionales y las comunidades educativas que integramos, condenemos enérgicamente la persecución y detención de nuestras y nuestros estudiantes, y que valoremos su voluntad de participación política. Especialmente, la participación de aquellas y aquellos estudiantes que, a través de vocerías, asumen la conducción de estos legítimos procesos de manifestación, frente a un gobierno cuyas políticas públicas en materia de educación y juventud han sido esencialmente represivas», dicen.
«Parece necesario recordar al gobierno que la sociedad ha respaldado ampliamente las demandas estudiantiles, que las comunidades escolares somos garantes de sus derechos y que como docentes tenemos el deber de ser agentes dinamizadores de las instituciones que acogen nuestra labor, pues debieran ser estas últimas las que respalden de forma masiva y categórica a cada estudiante por ejercer su derecho a opinar y manifestarse libremente».
Finalmente, además de solidarizar con Chanfreau, manifiestan su apoyo a todas y todos los estudiantes que han postergado voluntariamente o en apoyo a la manifestación, sus aspiraciones y proyectos personales para mantener viva la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad, que beneficiará en definitiva a todos y a todas.
«Realizamos un llamado también a cada docente y a todas las comunidades educativas e instituciones educacionales del país a manifestar su apoyo a los y las estudiantes perseguidas, a exigir la libertad de quiénes hayan sido injustamente detenidos, y a frenar en definitiva el proceso de violencia y criminalización estudiantil del que han sido objeto. Por último, les invitamos a pensar y proponer alternativas de ingreso a las instituciones de educación superior que no perpetúen la desigualdad social, sino que resguarden la integralidad y defiendan el legítimo derecho a manifestarnos», concluyen.
Firmas:
Vannia Villagran
Cynthia Shuffer
Luis Romanque
Natalia Díaz
Valeria Durán
Facundo Ferreiros
Marcela Bornand
Rodrigo Ahumada
Guillermo Sohrens
Carolina Lara
Paula Olea
Claudia Cea
Darlen Manzano
Francisca Küpfer
Nicolás Barría
Alessanndra Miranda
Belén Quintanna
Fernanda Sepúlveda
Carolina Hernández
Juan Pablo Castro
Ignacio Tapia
Jennyfer Poblete
Diego Gaete
Catalina Feliú
Marcela Jara
Patricia Muñoz
Brenda Gómez
Maximiliano Bravo
Pamela Toledo
Cristián Ibáñez
Pablo Montecinos
Jorge Palma
Alejandra Salgado
Alejandra Ruiz Tagle
Arnavik Orrego
Carolina Vergara
Alejandra Huerta
Felipe Pino
Viviana Oros
Andrea Alfaro
Alonso Parra
Gabriela Núñez
Eduardo Cepeda
Bethania Maturana
José Oliveros
Ineldy Correa
Cecilia Esquivel
Erika Pérez
Valeria Macías
Marcia Ravelo
Rosa Díaz
Cindy Vidal
Catalina Valdés
Carol Onetto
Macarena Pinto
Paulina Díaz
Claudia Iturriaga
Pedro Caballero
Patricia Uribe
Claudia Urzúa
Michelle Gorigoitía
Natalia Cruz
María Angélica Saavedra
María Elvira Ahumada
Gabriel Roa
Mariangel Donoso
Carolina Soto
Martina Jara
Cynthia Pérez
Carolyn Muñoz
Rosita Galaz
Diana Villarroel
Sandra Vergara
Diana Arriagada
Verónica Garrido
Matías Kopaitic
