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Justicia al debe en materia de derechos humanos: INDH denuncia que de 1.095 querellas solo hay 16 causas con formalización

por 28 enero, 2020

Justicia al debe en materia de derechos humanos: INDH denuncia que de 1.095 querellas solo hay 16 causas con formalización

Crédito: Agencia UNO

En un balance 100 días de crisis social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestó al Senado su inquietud por un panorama que catalogó como “poco auspicioso” en la búsqueda de justicia por violación de derechos humanos. “Estas víctimas son personas con nombre y apellidos, personas que han sido mutiladas en su vista como Fabiola Campillay, como Gustavo Gatica, que han recibido lesiones graves y muchas otras víctimas de mutilaciones o de violencia sexual. Todas esas personas requieren verdad, justicia, reparación y se requieren medidas de no repetición”, exhortó el jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, Rodrigo Bustos. Entre las múltiples falencias, identifican la falta de fiscales especializados en derechos humanos o fiscalías preferentes, los reducidos equipos de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y la “menguada” cantidad de personal del Servicio Médico Legal.
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Su preocupación por el lento avance de la justicia en las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, expresó el jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, Rodrigo Bustos ante la comisión de Derechos Humanos del Senado.

Los datos lo confirman: “La verdad es que de las 1.095 querellas que el INDH ha presentado, solamente hay 16 causas con formalización, por lo tanto, la justicia está avanzando muy lentamente. La fiscalía nos informó, en reunión con el Fiscal Nacional, que de las 4.300 denuncias que han recibido por violencia institucional, solamente hay alrededor de 30 causas formalizadas”, sostuvo el abogado en un balance a 100 días de iniciada la crisis social.

Uno de los casos paradigmáticos de esta falta de avance judicial es el de Fabiola Campillay, la mujer que resultó el 26 de noviembre con pérdida total por el disparo de una bomba lacrimógena. En este caso, aún no hay formalizaciones, lo que refleja el lento avance de las investigaciones judiciales, destacan desde el INDH.

A la par, hay señales “preocupantes” que no contribuye a evitar que exista impunidad,  dice el organismo, como la resolución que sobreseyó a siete carabineros –de 12 funcionarios policiales involucrados-, imputados por la agresión a un vecino de Plaza Ñuñoa.

“Muy rápidamente, se sobreseyó a algunos carabineros que habrían tenido una figura omisiva, como si un carabinero pudiera mirar que se golpea a otra persona y no hacer nada y eso no es un delito”, se preguntó Rodrigo Bustos.

“Acá hemos dado números, pero estas víctimas son personas con nombre y apellidos, personas que han sido mutiladas en su vista como Fabiola Campillay, como Gustavo Gatica, que han recibido lesiones graves, como Geraldine y muchas otras víctimas de mutilaciones o de violencia sexual. Todas esas personas requieren verdad, requieren justicia, requieren reparación y se requieren medidas de no repetición”, exhortó el funcionario del INDH, ante los asistentes a la comisión de Derechos Humanos del Senado.

“Escenario no es auspicioso”

Rodrigo Bustos afirmó que “antes del 18 de octubre había dificultades por vulneraciones a los derechos humanos cometidas en democracia, con causas que no terminaron con sentencias condenatorias y muchas de ellas con salidas extrajudiciales y no se conocen medidas que estén reforzando el sistema judicial para que puedan enfrentar el desafío de una magnitud de violación a los derechos humanos mucho mayor de la que enfrentaban antes del 18 de octubre. Por lo tanto, el escenario no es auspicioso”.

Entre las falencias, el jefe jurídico del INDH señaló que “si uno mira la Fiscalía, faltan fiscales especializados en derechos humanos, o fiscalías preferentes en la investigación de este tipo de causas. La Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que investiga las violaciones a los derechos humanos tiene equipos reducidos y no en todas las regiones del país. El Servicio Médico Legal, que tiene que realizar el Protocolo de Estambul (examen clave para acreditar los hechos de tortura), tampoco tiene equipos en todas las regiones y que estén en condiciones de hacer dicho examen”.

Bustos señaló que en marzo el INDH insistirá en que se desarrollen todas las diligencias judiciales en las causas donde es querellante, e insistir en que no haya impunidad y que se haga justicia para lo cual la Fiscalía y el Poder Judicial tienen un rol clave.

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