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Crédito: Agencia UNO
Una semana después de su controvertida ausencia de la votación de la acusación constitucional contra el intendente Guevara, el senador Insulza emitió una extensa carta de 24 puntos en donde sale al paso de las críticas de la militancia socialista (“algunas de ellas muy agresivas”, sostiene). En el documento, no solo justifica su inasistencia a la sesión, sino también le resta valor al libelo contra el jefe del gobierno regional señalando que “todo abuso de las instituciones solo las desprestigia”. Dice que en estos cuatro meses de estallido social no se ha apartado de la línea del partido, pero cuestiona la posición de algunos dirigentes del PS tanto respecto al legado de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría como también frente a los hechos de vandalismo que se han registrado en el país, señalando que lamenta que “muchos de los nuestros celebren a los violentos o al menos son benévolos con ellos”.
Una extensa carta de 24 puntos el senador socialista José Miguel Insulza responde a la andanada de críticas que ha despertado en la militancia del PS su controvertida inasistencia en la votación de la acusación constitucional contra el intendente metropolitano Felipe Guevara.
Insulza, junto a otro senador socialista Rabindranath Quinteros, se ausentaron de la sesión, lo que ha provocado una serie de críticas internas -«algunas de ellas muy agresivas», así las cataloga- e incluso presentaciones ante el Tribunal Supremo de la colectividad por parte de militantes que piden las máximas sanciones contra ambos legisladores.
Sin ningún atisbo de autocrítica, en su carta emitida a una semana de la sesión, el ex secretario general de la OEA justificó su inasistencia y señala enfático en que “no estoy dispuesto a participar en querellas pequeñas ni a recibir malos tratos por redes sociales u otros medios. Respeto a mi partido y sus instituciones, y tengo derecho a recibir el mismo respeto”.
Respecto a su ausencia el día de la votación, sostiene que la acusación pudo haberse debatido en la sala del Senado el viernes 30 de enero, sin embargo la mesa de la Corporación optó por reprogramarla para el 3 y 4 de febrero debido a la ausencia de varios senadores ese día. “Cuando ello ocurrió yo tenía ya organizado un viaje fuera de Chile, suponiendo que el Senado estaría en receso, para esos mismos días”, relata.
“Para ello solicité un permiso constitucional, de uso común en el Congreso y que excluye para efectos de quorum al senador ausente, quien no se cuenta entonces entre los senadores en ejercicio”, añade.
En tal sentido, el exministro responde a sus críticos y recalca que “rechazo con fuerza que esta actividad previamente programada y avisada haya sido, como se ha dicho, una forma de “evadir responsabilidades”.
No obstante, más allá de la ausencia, Insulza deja en claro su visión crítica de la acusación contra el jefe del gobierno regional metropolitano, señalando que sus mismos colegas coincidían en que el libelo “no parecía reunir características para fundamentar el cargo de haber cometido una infracción seria de la Constitución (…) en todos los comentarios que escuché, sin excepción, hubo coincidencia en que esa “condena política” al Gobierno ya se había realizado y fundamentado bien en el juicio al En tal sentido, Insulza se desmarca del uso de las herramientas constitucionales, señalando que “todo abuso de las instituciones solo las desprestigia. Muchos de los nuestros vivieron las destituciones de ministros en los tiempos de la Unidad Popular. Las usaba el fascismo para amedrentar y polarizar. Pero esa es una práctica que favorece a la derecha, para la cual el desprecio de la política, la abstención creciente y la polarización son instrumentos convenientes”.
A su juicio, “con esta herramienta se intenta apelar a la emocionalidad y la emotividad, ante una evidente pérdida del norte político. Esta apelación a la emocionalidad genera una falsa dicotomía: si se aprueba se está por los DDHH, si se rechaza se está en contra de los DDHH. No es así: los DDHH se garantizan dictando leyes para el efecto, investigando las violaciones a los DDHH que se han producido, sancionándolas y reparando a las víctimas de estas. Con las acusaciones constitucionales, que apelan a la emotividad, se da una sensación ilusoria de protección a los DDHH. Si no se investigan más a fondo y se sancionan las violaciones a DDHH, no se cumple con ningún estándar de justicia”.
Insulza insiste en que no ha cometido indisciplina respecto a la línea política del PS, señalando que “no he tenido diferencias con mi partido ni mi bancada en relación con los temas principales de la movilización social que el país vive desde hace cuatro meses”, añade que ha “condenado de manera explícita las violaciones de derechos humanos, responsabilizando de manera directa al Gobierno de ellas” y recuerda que votó favorablemente la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick y participó en la gestación del Acuerdo Constitucional.
Sin embargo, admite que “tengo otras diferencias con algunos compañeros” primero en cuanto al “escaso valor” que se da a los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. “Apena ver que muchos que fueron ministros, personal de confianza, parlamentarios oficialistas y dirigentes partidarios, ahora relativizan o denigran el progreso de años. Los chilenos pueden tener mala memoria, pero ¿alguien cree que podemos hacerlos olvidar que estuvimos todo ese tiempo en el gobierno?”, dijo.
El otro tema de discrepancia es frente al tema de la violencia. “Tras cuatro meses de este conflicto, la violencia callejera tiende a hacerse epidémica y a autonomizarse del movimiento social. Los que la practican no son vanguardia de ningún movimiento revolucionario (…) Y sin embargo muchos de los nuestros aún celebran a los violentos o al menos son benévolos con ellos. Lo peor es que el objeto de sus abusos son gente común”, señala, añadiendo que la acción de estos grupos “aumenta el temor de la población y es instrumento propicio de la derecha en campaña en contra de la Nueva Constitución”.
“Un riesgo adicional de la actitud ambigua ante la violencia está en su uso con fines de intimidación política. Hay algunos que quieren imponer su punto de vista con la violencia verbal y la amenaza física; eso es lo contrario de la democracia. ¿De qué sirve exigir con violencia y amenazas que todos actúen acordes con nuestra propia voluntad? Si muchos actúan bajo amenaza de funas o injurias; si los hacemos bailar a la fuerza, aunque no quieran hacerlo; si se vuelven “traidores” y “vendidos” cada vez que no están de acuerdo; no hemos ganado nada para una democracia que no es compatible con el temor”, plantea.
Al terminar, enfatiza que “yo creo que esta crisis es una oportunidad para que las fuerzas progresistas trabajemos unidas, por un país más justo, democrático y pacífico (…) Pero para alcanzar ese gran Acuerdo Nacional debemos reconocer que la democracia es diversidad; la dictadura tiene una sola opinión, la democracia tiene muchas. Y por eso la unidad es tan difícil de construir; porque requiere tolerancia y respeto. Para ganar el plebiscito de abril, para tener una Constitución que sea de todas las chilenas y chilenos, debemos imponer la paz, el respeto y el diálogo cívico como la única práctica democrática”.
