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Crédito: Agencia Uno (Contexto)
La acción judicial, interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago, sostiene que lo señalado por algunos ediles, en orden a fiscalizar la clausura de estos recintos y la aplicación de eventuales multas, constituye un grave perjuicio para los dueños, en su mayoría pequeños comerciantes.
Una de las primeras polémicas que tuvo la cuarentena total que afecta a siete comunas de la Región Metropolitana fue el funcionamiento de las botillerías, las que no son consideradas «vitales» dentro de la situación país. Por eso, los alcaldes de las comunas llegaron a un acuerdo, prohibiendo su funcionamiento.
Pero los dueños de botillerías no se rindieron y presentaron un recurso de protección ante la amenaza que significa el anuncio de cierre de locales, como lo aseguró la Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile (AGBOTCH).
La acción judicial, interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago, sostiene que lo señalado por algunos ediles, en orden a fiscalizar la clausura de estos recintos y la aplicación de eventuales multas, constituye un grave perjuicio para los dueños, en su mayoría pequeños comerciantes.
“La botillería es parte del barrio, sus dueños son vecinos del barrio. Si la cierran no afectan a una persona, sino a una comunidad entera que encuentra en este negocio una fuente de abastecimiento para el diario vivir. Las botillerías también venden abarrotes y artículos de aseo, entre otros productos, además de bebestibles”, señala el presidente de la AGBOTCH, Marcial Pérez, quien enfatiza que hoy muchas de ellas están supliendo el papel de supermercados y minimarkets que resultaron destruidos durante la crisis social, por lo que son el lugar más cercano que tienen las personas para abastecerse.
En el caso particular de las comunas bajo cuarentena, el anuncio de los alcaldes afectaría a cerca de 1.500 botillerías y unas 10.000 personas “que no son cadenas de supermercados ni grandes negocios. Son una pyme más, que todos debemos defender, porque son vecinos como cualquiera de nosotros, que tienen necesidades y compromisos con sus proveedores”.
Pérez advierte que, de extenderse la cuarentena al resto del país, y de replicarse esta medida, implicaría un riesgo mucho mayor, ya que los negocios de barrio concentran el 40% del total de las ventas al por menor en Chile, con más de 125 mil locales que son el sustento económico y laboral de 420 mil personas.
A juicio de la entidad gremial, los municipios no cuentan con las atribuciones legales para decretar el cierre del comercio. Asimismo, señalan que se trataría de una acción arbitraria, por cuanto se permite el expendio en supermercados y negocios de delivery.
